Los chabolistas piden que se amplíe a 35 años el plan de amortización de las viviendas sociales

La coordinadora de chabolistas de Madrid ha elaborado, en su cuarta asamblea celebrada el sábado, un programa mínimo de diez puntos, que a su juicio debe incluir la ley de Vivienda que el Gobierno proyecta presentar ante el Congreso en fecha próxima. Entre las reivindicaciones presentadas figuran la ampliación a 35 años de los plazos de amortización de las viviendas y posibilidad de que los afectados controlen las adjudicaciones.Este programa mínimo se entiende como una propuesta abierta que se someterá a la discusión de todos los movimientos constituidos en España para buscar. soluciones a la demanda de viviendas sociales. La coordinadora madrileña propone que el próximo mes de septiembre se celebre una asamblea general en la que se dé forma definitiva a las aspiraciones de todos los grupos afectados. Los diez puntos aprobados son, en resumen, los siguientes:

1. Actualización de las listas de adjudicatarios de pisos con participación de ayuntamientos y afectados, que tendrán derecho a revisar las ayudas para la compra.

2. Elaboración de planes concertados entre ayuntamientos y Gobierno para cubrir el déficit actual de viviendas, de forma que se dé prioridad a este problema en las inversiones de la Administración.

3. Plazo mínimo de 35 años para amortizar las viviendas y revisión del módulo actual de construcción. Atención preferente a la demanda de familias insolventes.

4. Revisión de presupuestos de las grandes obras públicas y reorientación de las inversiones estatales hacia el sector de la vivienda, con un apoyo específico a las pequeñas empresas y cooperativas.

5. Adopción de medidas para obligar a bancos y cajas de ahorro a que financien la construcción de viviendas en condiciones más favorables.

6. Aceptación del derecho de los ciudadanos a permanecer en la misma zona en la que han estado viviendo.

7. Realización de un inventario de suelo público y viviendas de protección oficial que estén disponibles. Esta relación debería ser realizada por los ayuntamientos.

8. Creación de organismos públicos para promoción de viviendas sociales, con participación mayoritaria de ayuntamientos y Gobierno, para gestionar planes, supervisar y financiar las obras.

9. Reconocimiento del derecho de los afectados a decidirse por una vivienda en régimen de propiedad o de alquiler, garantizando en este último caso la permanencia.

10. Creación de oficinas municipales para vigilar el mantenimiento de urbanizaciones y la transmisión de viviendas.