Características y causas de la inflacion

«El primer signo externo de un país mal gobernado es la inflación. El segundo es la guerra. Ambos producen el mismo efecto: la ruina permanente del país que los padece.» Estas palabras lapidarias de Ernest Hemingway han cumplido medio siglo. El tiempo suficiente para registrar la presencia continuada de la inflación y manifestar la huella profunda dejada por graves conflictos bélicos.El permanente mal contemporáneo de la inflación, sin embargo, no se ha padecido siempre con la misma extensión ni con idéntica intensidad, ni puede atribuirse permanentemente a las mismas causas; los economistas suelen decir, con verdad, que todas las inflaciones son hermanas -en cuanto tienen un parecido aire familiar en sus efectos-, pero jamás dos inflaciones han sido gemelas; hasta tal punto hay diferencias importantes en su amplitud, en su origen, en sus características, en sus consecuencias.

La inflación se presenta hoy como un mal universal de una intensidad sin precedentes, concretada en tasas de crecimiento de precios de dos dígitos. Signo externo escandaloso de un mundo mal gobernado. Se presenta, además -y esta es quizá su principal característica-, con las compañías indeseables del paro y el estancamiento. La inflación que hoy padecemos no es una inflación sola, es una inflación con estancamiento. Stagflation es el conocido nombre de esta nueva enfermedad, que asocia males en otro tiempo contrapuestos: mientras los precios y los salarios crecen cada día, los trabajadores no encuentran empleo y las empresas son incapaces de hallar clientes para colocar sus productos. Inflación y paro no son fenómenos alternativos, sino cumulativos: las mayores tasas de inflación elevan y no reducen permanentemente el paro.

La gravedad de la inflación actual sólo se corresponde con las dificultades existentes para remediarla. Una política antiinflacionista debe superar hoy obstáculos de todo orden: es necesario y no sencillo conocer el mal que trata de remediarse (las características con las que se presenta la inflación y las causas que la producen), es preciso laborioso articular una política económica adecuada (que utilice las medidas necesarias y las más eficaces), es indispensable -y muy pocas veces posible- conseguir el apoyo social y político) que pide todo programa que trate de reducir la inflación. Esas dificultades técnicas y políticas que envuelven a la lucha contra el mal de la inflación explican su dominio de las sociedades actuales y la huida de los políticos ante sus responsabilidades en este campo. Oponerse a la inflación equivale a arriesgarse a fracasar ante lo inevitable y a enajenarse la popularidad en los constantes conflictos que acompañan a todo intento de conseguir precios más estables. Justamente por ello, la lucha contra la inflación constituye el campo crítico en el que apreciar la calidad de la política económica. La adecuada administración de un Gobierno. El «dime cómo va tu inflación y te diré cómo va tu economía» es la primera prueba que debe realizarse a todo gobernante. Porque hoy -más que nunca quizá- es cierto el juicio de Hemingway: el primer signo externo de un país mal gobernado es la inflación.

Tengo que darles una mala noticia...

La inflación ha sido la noticia de la semana. Una mala noticia comunicada al país por el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos: «El mes de mayo, con un aumento del índice de precios al consumo del 1,2%, ha sido el primer mes en el último año y medio en que la tasa de crecimiento de los precios no se reduce. Esta es una mala noticia en opinión del Gobierno y en mi opinión personal.»

El índice general de precios interrumpe, en efecto, en mayo de 1979, la desescalada que se inició en octubre de 1977, tras los acuerdos de la Moncloa. Una desescalada que ha llevado el índice de precios al consumo desde un crecimiento anual del 27,9% al 15,7%. Descenso espectacular y costoso y tras el cual está el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y el esfuerzo de empresas y trabajadores. Ese activo de la sociedad española es el que ha sufrido el deterioro de dos décimas en el mes de mayo -al pasar el índice general del 15,5% a que marchaba en abril, al 15.7% que marca mayo-, décimas que interrumnen una tendencia ganada día a día, en el inmediato pasado, con perseverante voluntad.

Una mala noticia de décimas no parece que deba causar sustos a nadie. Algo más tiene que ocurrir para que esa noticia adquiera el relieve que parece habérsele concedido.

Dos son las razones que otorgan una resonancia singular a esas dos décimas de más con las que mayo nos presenta el índice anual de crecimiento de los precios de consumo. Una razón subjetiva, en primer término, asociada a la posible crisis de uno de los medios más eficaces de la política de saneamiento definida en 1977. Una razón objetiva, en segundo lugar, que apunta hacia la historia de la propia inflación española que amenaza de nuevo, desde sus viejas características, con recobrar en el futuro el ímpetu que la caracterizó en el pasado, borrando lo conseguido con tanto esfuerzo desde los acuerdos de la Moncloa hasta hoy.

Aspiraciones crecientes y expectativas alcistas

Romper un proceso inflacionista como el español que se medía por los dos dígitos antes de la llegada de la crisis energética, supone entablar una lucha psicológica que obligue a cambiar convicciones profundamente arraigadas entre los ciudadanos. Si alguna idea anclada existe en las sociedades actuales con vigencia general -por encima de cualquier ideología- es el deseo de quienes las formamos por conseguir, gracias a unos ingresos mayores, niveles crecientes de vida y de consumo. El deseo de consumir con ventaja sobre el ejercicio anterior figura como una de las ambiciones irrenunciables del hombre contemporáneo. Esa ambición no se ha quedado en el terreno de los deseos. Se ha hecho y se hace efectiva por cada grupo social a través de procedimientos diferentes por los que procura garantizarse esa mejoría real en el nivel de vIda. Como la población ha decidido ser indulgente para consumir, tiene que ser exigente para ganar y está dispuesta para asegurar esa ganancia a llevar las cosas hasta situaciones conflictivas límites con las que conseguir su propósito, aplicando cada grupo social toda su capacidad de agresión contra la paz civil para preservar sus índices programados de consumo.

Esa convicción justifica, en una sociedad con una tasa elevada de inflación, su crecimiento autosostenido. La fuerza que perpetúa y amplía este proceso son las expectativas sobre el crecimiento de los precios en base a las cuales se formulan las exigencias de mayores rentas y retribuciones. La fortaleza de las expectativas sobre el crecimiento de los precios constituye el acicate psicológico sobre el que se apoya la aceleración del proceso inflacionista. Cuando en octubre de 1977 se definió la política de saneamiento económico eran muy pocos los que creían que no estuviésemos condenados a padecer, como un mal incurable, el crecimiento indefinido de las expectativas alcistas. Creencia que dificultaba extraordinariamente la aceptación de una tasa-objetivo hacia la que dirigir la marcha de los precios. Esa tasa-objetivo debía romper con la inercia de la inflación acumulada y comprometer los esfuerzos de todos los grupos sociales para alcanzarla. La fijación de esa tasa-objetivo para la inflación de 1978 y el compromiso de los distintos esfuerzos sociales para lograrla se consiguió, en 1977, incorporando la cláusula de salvaguardia de la revisión de salarios en el mes de julio, si el crecimiento de los precios superaba el 11,5%. Quienes intervinieron en aquella negociación conocen bien el escepticismo que en muchos participantes reinaba sobre la posibilidad de cumplir este compromiso y el valor económico y político que para alentar la lucha contra la inflación adquiría el conseguirlo. Sólo un éxito claro en la desescalada del índice de precios de consumo permitiría doblegar las expectativas aleistas y devolver la confianza a la sociedad de que la inflación podía dominarse. El que los objetivos de precios se alcanzasen en junio, primero, y en diciembre de 1978, después, explican el cambio espectacular y favorable de las expectativas alcistas que registraban las encuestas a empresarios y consumidores en octubre-diciembre de 1978.

La tendencia de los precios en mayo de 1979 -y muy especialmente la inflación acumuladaanuncia que la repetición de la cláusula de salvaguardia para este año -fijada en el 6,5%- no se va a cumplir, y que los salarios habrán de revisarse con toda probabilidad a partir de julio. Se ha afirmado que sobrepasar unas décimas el crecimiento señalado para los precios carece de importancia. Y así sería si ese compromiso no tuviera -como tiene- la importancia psicológica y política de asegurar el éxito de la política anti inflacionista y alentar su necesaria continuidad. La probable revisión salarial ha roto con el propósito básico de este compromiso político y producirá -debería decirse mejor: ha producido ya- un rebrote de las expectativas aleistas. La noticia de las décimas de mayo (en cuanto envuelve una revisión casi segura del criterio salarial de referencia) es literalmente, y por este efecto psicológico-político, una mala noticia.

Características de la inflación española

Lo es también en cuanto ese cambio de tendencia nos recuerda las poderosas características que definen nuestra inflación y que a me nazan con volver con algo más que las décimas de mayo en los meses que vienen.

Cuatro características concurren en la inflación española, de las que deriva su fuerza y su gravedad:

• Su magnitud: una inflación de dos dígitos, que si para el índice general se sitúa en el 15,7% en mayo, alcanza para los componentes no alimenticios el 17,9% y el 18,5%, cuando se excluye el sumando anómalo de la vivienda.

• Su carácter irreductible en el grupo de precios que se forman con mayor libertad en el mercado: vestido y caIzado, vivienda (excluidos los alquileres), menaje y servicios del hogar se encuentran prácticamente estancados en altos niveles desde finales de 1978 (20,3% de tasa de crecimiento anual en diciembre, 20,2%, tasa de crecimiento anual en mayo de 1979).

• Su duración: la inflación española no se ha creado en dos días, es un producto madurado en muchos años. Cuando esto ocurre, la sociedad propende a adquirir una inercia inflacionista que prepondera a largo plazo y que debe combatirse con perseverancia merced a amargas y duraderas políticas de demanda (con medidas moneta-

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rias y fiscales), costosas y diariamente contestadas.

• La gravitación inflacionista que ejerce la estructura productiva. Cuando se analiza el comportamiento diferencial de los precios por sectores (véase gráfico 1) se comprueba que la intensidad del proceso inflacionista ha venido de los servicios, sector con peso creciente en nuestra economía (un 50% del PNB se origina en el mismo), seguido de los productos industriales; tan sólo los productos alimenticios y la vivienda -sectores de menor eco productivo- registran desviaciones negativas. La propia estructura productiva, con la importancia creciente de los servicios y la industria, determina a largo plazo un deslizamiento de la economía española hacia la inflación.

Esas características acentúan la dificultad de vencer la inflación a corto plazo. La inflación constituye un problema muy serio, y su solución reclama un horizonte muy superior al esfuerzo de un año y al exclusivo convencimiento y compromiso del Gobierno. La política antiinflacionista debe basarse en una estrategia que actúe sobre las causas que producen el crecimiento de los precios, sostenida con perseverancia por el convencimiento de la sociedad.

La actual inflación española: causas

Es un hecho indiscutible que la crisis económica que padecemos se ha manifestado en una nueva inflación cuyas causas explicativas difieren de las inflaciones del basado.

Por su magnitud, por su persistencia, por su difusión mundial, por su compañía (paro y desequilibrio exterior), la inflación actual es un fenómeno nuevo y distinto. Un fenómeno que no puede atribuirse a una sola causa, sino a múltiples asociadas a las características que determinan el funcionamiento del sistema de economía mixta de los países occidentales. Cinco son las causas que deben retenerse como fundamentales:

• Los cambios en los precios relativos de materias primas y productos estratégicos. La variación del precio de cualquier bien no se registra hoy como una variación aislada: trasciende y amplifica su influencia sobre el nivel general dé precios. Samuelson ha afirmado que una ley sobre cualquier otra domina el comportamiento de los precios: «La inflación microeconómica de determinados bienes -sea alimentación, productos energéticos o en cualquier otro sector de la economía- se niega a continuar siendo microeconómica.» Las presiones alcistas de precios en un sector determinado tienden a perturbar la estructura de precios relativos y a aumentar el nivel general de precios. La escasez relativa de un bien o un producto eleva así el índice de inflación. La resonancia inflacionista de toda alza de precios está hoy garantizada. El sistema económico es sensible a la inflación: los estímulos inflacionistas que recibe los acentúa y extiende, no los amortigua y limita.

Esta característica de la inflación contemporánea no es inevitable, Puede tratarse por la política económica. Es cierto que existen alzas de precios que, por alterar precios relativos fundamentales, como el de la energía, deben reconocerse por los países en función de la escasez de sus recursos, aceptando las elevaciones impuestas por el mercado internacional cuando se correspondan con la limitación de los recursos nacionales. Estas elevaciones de los precios de los productos estratégicos no deben minorarse por medidas artificiales, pero tampoco deben exagerarse en ningún caso. Practicar, por ejemplo, una política compensatoria con los precios de los productos energéticos constituye un error tan grave como implantar un terrorismo energético no justificado por el mercado que trate de encubrir con medidas espectaculares, debilidades o ausencias de la política económica en otros campos -como en los del gasto público, la imposición, o la financiación de la economía-, en los que la política económica debe estar presente y no huir ante sus responsabilidades y deberes.

Sin embargo, no todas las elevaciones de precios de productos concretos poseen el valor imperativo para aceptarse como inflación. Cuando así ocurra, resulta claro que la apreciación del tipo de cambio, las modificaciones arancelarias a la baja, la supresión de intervencionismos, trabas y rigideces existentes en los mercados constituyen medios utilizables que la política económica debe emplear para reducir la amplificación de las alzas de precios singulares. Es importante acentuar el interés de lograr que esa amortiguación de los efectos inflacionistas se consiga instaurando y no negando la competencia del mercado, flexibilizando y no incorporando elementos de rigidez que, como las subvenciones, las exenciones impositivas u otros privilegios económicos, hipotecan el funcionamiento eficiente del sistema económico en el futuro.

• Intimamente asociada a la elevación de los precios de las materias primas y de los productos estratégicos, que alteran las relaciones reales de intercambio en cuantía desconocida en el pasado. está la reacción defensiva interna que esas variaciones de precios relativos producen en los distintos grupos de una sociedad. La petición de rentas mayores o la exigencia de precios más elevados para defender los niveles de vida alcanzados por cada sector de la población constituyen, sin duda, comportamientos generalizados en todos los países. Comportamientos que no hacen sino atizar el fuego de la inflación que empobrecerá más aún a los países perjudicados por la evolución relativa de los precios. En el proceso de fijación de precios, de salarios y de otras rentas encuentran aliento o impulso gran parte de los procesos inflacionistas de nuestro tiempo. Es evidente que hoy en los distintos países los precios se orientan en relación a los costes de producción, aumentando en algún margen su cuantía. Y lo es también que los salarios se orientan hacia la equidad, cuya prueba básica es que éstos se eleven en función del coste de vida histórico y de las percepciones de otros trabajadores que se encuentran en situaciones similares. Esa estrategia define una inercia en los aumentos salariales, creando un modelo en el que los salarios siguen a la inflación y a otros salarios dominantes de la economía. De esta característica deriva la rigidez de los salarios reales en todos los países y la enorme resistencia a aceptar tasas menores de aumento en los salarios nominales como si de la simple exigencia de mayores salarios nominales dependiera la participación real de los trabajadores en la producción. Esta defensa a ultranza del crecimiento de los salarios nominales adquiere caracteres dramáticos en los países latinos, en los que las posiciones progresistas y sindicales tienden a identificarse con la defensa de crecimientos lineales -los más elevados que puedan concebirse- del salarlo nominal, defensa que se completa con la oposición a toda medida que discipline el crecimiento del crédito y la financiación inflacionista de la economía. En esa postura ese seudorradicalismo latino coincide con las ideas siempre propugnadas por el reaccionarismo empresarial más ineficiente, constituyendo de esta forma una fuerza difícil de vencer por la voluntad del Gobierno. La rigidez de las rentas salariales que se sigue de la profesión de estas actitudes hace que el mercado de trabajo no tenga influencia -o la tenga muy escasa- sobre el nivel de salarios, lo que a su vez explica, de una parte, que los aumentos del gasto nacional no se traduzcan en crecimientos reales de la producción, sino que se agoten en crecimientos de rentas y costes que impulsan al alza de los precios, y, por otro lado, que las disminuciones del gasto nacional no, reduzcan rentas y costes, y por este camino los precios, sino que se acusen en caídas mayores de la producción y en cifras crecientes de paro. Esta característica de la inflación actual ha elevado enormemente el coste social de la política de demanda y ha limitado muy considerablemente su eficacia. Que esta es una característica con clara vigencia en la inflación española lo demuestra el hecho de que mientras antes de la crisis económica -concretamente en el período 1964-1973- un aumento de cien unidades en el gasto nacional se traducía en un aumento de la producción en 47,38 pesetas y un aumento de 52,62 pesetas en los precios, tras la crisis económica -en el período 1974-1978- un aumento de cien unidades en el gasto nacional ha producido un elevación de 82,39 unidades en los precios y solamente 7,61 pesetas de ese gasto se han traducido en aumentos de la producción. En sentido inverso, la desaceleración de la demanda tras las medidas de saneamiento parece haber probado claramente el registro de sus consecuencias en las cifras de paro y no en la mayor flexibilidad de las rentas.

Alterar esta característica de la inflación contemporánea debe constituir la principal de las preocupaciones de la política económica porque es, sin duda, la que se enfrenta con más dificultades sociales y políticas. La experiencia señala en este punto, como ha afirmado recientemente la OCDE, la conveniencia de que la política económica incorpore como rasgo permanente de su futura configuración criterios para la fijación permanente de las rentas que tienda a evitar su rigidez actual. Lograr la aceptación política de esta innovación necesaria no parece tarea fácil y ello explica la permanencia de la inflación.

• La inflación de rentas salariales no es el único aumento que se registra en los costes de trabajo. En todos los países los costes de trabajo no salariales (costes de la Seguridad Social) se han convertido en una partida decisiva de la cuenta de costes totales. De esta forma, las tendencias de los salarios sólo recogen parcial y limitadamente las tendencias de la inflación. En muchos países la presupuestación de los costes de la Seguridad Social ha constituido un objetivo prioritario de la política antiinflacionista, con el fin de evitar el alza de los costes y favorecer el empleo de la mano de obra. No es seguro que este remedio no incorpore también una peligrosa enfermedad: la de favorecer las peticiones de mayores gastos de seguridad social por parte de empresarios y trabajadores, cuando estos recaen sobre espaldas ajenas. Quizá el único remedio duradero y eficiente de este problema sea asumir la impopular e ingrata tarea de limar y reducir los enormes costes de la Seguridad Social.

• Una fuente fundamental del proceso inflacionista contemporáneo la constituye la crisis del Estado fiscal. Todos los ciudadanos exigimos gastos públicos mayores, pero contestamos al impuesto que debe financiarlos. Esa contestación general de los impuestos admite diversas alternativas: la evasión, el fraude o simplemente la traslación sobre los costes y los precios de los mayores impuestos que la financiación del gasto público reclama. No es extraño que el Estado renuncie en muchas ocasiones a la percepción de impuestos mayores por la negativa o la impopularidad que se sigue de su exigencia y en este caso el mayor déficit público se convierte asimismo en una fuente de inflación. Un Estado que descansa en bases impositivas tan endebles como contestadas es un Estado que manifiesta la crisis fiscal hace muchos años anticipada por Schumpeter. La inflación de nuestro tiempo es, en gran medida, una consecuencia de esa crisis del Estado fiscal contemporáneo.

• La propia fuerza de la inflación -su ímpetu- y las expectativas alcistas que arraigan en esa fuerza y continuidad de la inflación constituye otra causa -para muchas opiniones la principal causa- de la inflación actual. Al tratamiento de esta causa debe dirigirse un núcleo importante de las acciones estratégicas antiinflacionistas. La quiebra de las expectativas alcistas, la supresión de los elementos de rigidez del sistema económico que acentúan la velocidad de la inflación, la ruptura del proceso circular que relaciona precios con salarios y salarios entre sí deben formar parte -y parte fundamental- de una política de estabilidad de precios dirigida a combatir la actual inflación.

Todas las causas anteriores -en las que encuentran respuesta la mayor parte de los crecimientos de precios registrados en las distintas economías- deben inspirar la estrategia de una política antiinflacionista fundamentada y eficiente. Una política que considere como sus virtudes principales el gradualismo, la persistencia, y la integración de las diversas medidas, pues de esas virtudes -al mismo tiempo que de la consideración de las cinco causas expuestas- dependerán sus resultados.