Enseñanzas especiales y formación profesional, objetivos prioritarios de Educación

El ministro de Educación, José Manuel Otero, repitió ayer, ante la Comisión de Educación del Congreso, la exposición que ya hace un mes hiciera a los medios de comunicación social sobre las líneas generales de actuación de su departamento. El ministro mantiene la necesidad de una atención fundamental a la educación preescolar (sin llegar a declarar su obligatoriedad), así como a la educación especial y a la formación profesional.

El señor Otero Novas volvió, pues, a referirse a la intención de hacer de la educación un instrumento de progresista igualación social, a través de la puesta en práctica de una «política compensatoria».Esta política va a estar centrada, en primer lugar, en una atención preferente a la educación, preescolar, para lo que se pretende que la tasa de escolarización de los cuatro y cinco anos, que en este momento está en un 66,7%, se eleve al 80% en 1980, y pueda llegar al 100% en 1984.

En relación con este tema aclararía más tarde, ante una pregunta de miembros del Grupo parlamentario Socialista, que el aplazamiento hasta 1984 de la escolarización total de los niños de cuatro y cinco años no suponía el olvido de que la discriminación social comienza precisamente en este nivel, sino una constatación más de las dificultades presupuestarias que obligaban a su departamento a planificar con el máximo realismo.

Se refirió, en segundo término, a la necesidad de transformar la actual pirámide educativa, evidentemente distorsionada si se observa que el número de alumnos universtarios es considerablemente mayor que el de los que estudian formación profesional. El ministerio piensa que puede contribuir a esa transformación el proyecto de ley de enseñanzas medias y profesionales, que no sólo va a reestructurar el BUP y potenciar la formación profesional, sino que también creará un tronco común entre los primeros cursos de BUP y los de formación profesional.

Otro de los objetivos señalados por el ministro se refiere a la educación especial, por lo que entra en los planes de su departamento la creación de unos 180.000 nuevos puestos sobre los 90.000 existentes. Aseguró que 20.000 de estos nuevos puestos estarán en funcionamiento dentro de este mismo año.

En relación con la financiación de la enseñanza obligatoria, y dado que según anunció el ministro, se van a introducir algunas modificaciones en los términos de las próximas convocatorias de subvenciones, pero que, hasta que no se apruebe el proyecto de ley de Financiación, se mantendrá en esencia la actual normativa, el Grupo parlamentario Comunista preguntó si se iba a seguir haciendo caso omiso de dicha normativa en lo que concierne a las comisiones de control de las subvenciones.

Ante el cúmulo de preguntas presentadas por los diversos grupos parlamentarios y la imposbilidad de atender a todas, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el diputado de UCD José Luis Alvarez, propuso continuar la sesión el próximo miércoles.

Los miembros de la comisión aceptaron esta solución, pero en nombre del Grupo parlamentario Socialista, el señor Gómez Llorente pidió, que dada la urgencia de una de las preguntas que su grupo había presentado, el ministro tratase de dar respuesta antes de levantar la sesión.

Se refirió el señor Gómez Llorente a los traslados forzosos de los maestros que son alcaldes o concejales, y a la necesidad de que su caso fuese considerado de manera especial. El señor Otero dijo que se trataba de un problema difícil, que no admitía la solución de las excedencias especiales que se habían previsto para los casos de diputados y senadores, pero que prometía tratar de solucionar estos casos a través de una vía excepcional, como destinatarios en comisión de servicios en el municipio en el que ejercen los interesados ambas funciones. Añadió que esta solución sería aplicada con equidad entre los concejales de cualquier grupo político, pero que no podía garantizar la solución definitiva y total al problema, que era prácticamente imposible de resolver por la vía de una ley. Insinuó que hasta podía darse el caso de que muchos funcionarios pensasen que la ostentación de un cargo representativo municipal podría ser una vía bastante cómoda y eficaz para evitar el traslado forzoso.