Mineros y rehenes abandonaron su encierro en el pozo "Julia", de Antracitas de Fabero

A las cinco de la madrugada de ayer finalizó el encierro de los mineros del pozo Julia, que mantenían como rehenes a cuatro técnicos de Antracitas de Fabero y de la Jefatura Provincial de Minas. Los trabajadores han aceptado la promesa de la Administración de hacer efectivos a partir de mañana los salarios de abril y mayo con cargo al Fondo de Garantía Salarial, saldando así la totalidad de las deudas de la empresa para con los trabajadores (la mensualidad de marzo comenzó a pagarse hace dos días). Han finalizado también los encierros de solidaridad que se mantenían desde el comienzo de la semana en varias explotaciones de la zona pertenecientes a Antracitas de Gaiztarro y a la Minero Siderúrgica de Ponferrada.

Los mineros abandonaron el pozo Julia sin que se produjera ningún tipo de incidentes, dejando en libertad a los cuatro detenidos y facultativos de minas y dirigiéndose inmediatamente después a sus casas. El estado de salud de unos y otros es bueno, según una fuente de CCOO, que añadió que no se esperaba ningún tipo de acciones judiciales contra los trabajadores por parte de la empresa y del Gobierno Civil. El trato recibido por los rehenes ha sido igualmente bueno, según las mismas fuentes.Se espera que a partir de hoy vuelva la normalidad a la totalidad de las minas del Bierzo, tras el pago de los salarios correspondientes al pasado mes de mayo, que se harán efectivos con los ochocientos millones de pesetas recientemente transferidos por Endesa a las empresas mineras. Tanto la patronal como las centrales sindicales consideran que la solución dada al conflicto no es sino un «parche» provisional que sólo contribuye a retrasar el problema hasta que dentro de un mes tengan que pagarse los salarios de junio. La Administración, por su parte, ha prometido que en este período de tiempo ofrecerá una solución definitiva a los impagos de Endesa, propietaria de la central térmica de Compostilla, que todavía adeuda a las minas otros 2.000 millones de pesetas.

Empresarios y trabajadores han acusado al Gobierno de no haber valorado suficientemente el problema, empujando a los mineros hacia posturas radicales y desoyendo las protestas de unos y otros. Todas las partes coinciden en valorar negativamente el hecho de que la Administración haya tenido que actuar apresuradamente ante el secuestro de los técnicos antes citados, cuando las mismas soluciones podrían haberse adoptado hace ya varias semanas.

Por su parte, las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, parecen haber recuperado el control de la situación tras acusar en los primeros momentos a «grupos minoritarios» no identificados de intentar radicalizar el conflicto. Hay que recordar al respecto que durante una rueda de prensa celebrada a raíz de un enfrentamiento entre los mineros y la Guardia Civil en el término municipal de Vega de Espinareda, localidad próxima a Fabero, tanto CCOO como UGT dijeron no apoyar el secuestro de los cuatro ingenieros y facultativos de minas, aunque tampoco lo condenaron explícitamente para evitar la ruptura con los trabajadores.