Silencio de Antonio Rosón ante su "cese" como presidente gallego

Antonio Rosón guarda por ahora intencionado silencio después de su regreso de la reunión de su partido en Madrid, de la que salió políticamente defenestrado. Ayer se incorporó a su despacho de la Junta, en el que recibió, entre otras visitas, al embajador inglés, Anthony Acland.Algunos ayuntamientos regentados por alcaldes de UCD que le son fieles se han dirigido oficiosamente al señor Rosón para conocer sus próximas intenciones políticas y ofrecerle apoyo. No parece, sin embargo, inminente ninguna decisión definitiva por parte del grupo, ahora absolutamente minoritario, del primer presidente que tuvo la preautonomía gallega.

Paradójicamente, quien más y mejor está apoyando ahora el papel político de Antonio Rosón, aunque sólo sea de manera implícita, es el conjunto de la izquierda autonomista y, de forma más abierta que nadie, el Partido Comunista. Líderes de este grupo, del PSOE, del Partido Obreiro Galego, del Partido Socialista Galego y del Partido Galeguista, criticaron con preocupación el aparente giro a la derecha impuesto por UCD a la política gallega.

El caso es que la figura de Rosón se está viendo así reforzada como la del político de UCD que mejor conectó con las apetencias autonomistas de Galicia. El hombre que entró a la política democrática con el peor de los pies -recuérdese el pasado político franquista que le atribuyó el famoso reportaje de la revista Interviú hace más de un año- sale ahora del puesto que tenía contando con mejores amigos en toda la izquierda autonomista.

Algo puede pasar todavía antes de la elección del día 9. Unidade Galega, el Partido Comunista y el PSOE culminaron ayer las conversaciones, que duraron dos días, para establecer un plan conjunto de presión a favor de que no se detenga ni deteriore el proceso autonómico emprendido. Quieren, de una forma o de otra, intervenir para que la reunión de alcaldes que va a tener lugar en Santiago el día 9 se convierta en una demostración de fuerza proautonomista y no descartan la posibilidad de convocar manifestaciones populares de apoyo al Estatuto.