El veto al estatuto de los trabajadores del PCE es anticonstitucional

El Partido Comunista de España (PCE) considera que el veto del Gobierno al debate de su proposición de ley para el Estatuto de los Trabajadores, comunicado verbalmente por el presidente del Congreso en la última reunión de la Junta de Portavoces, es inconstitucional y antirreglamentario.

En una rueda de prensa celebrada a primera hora de la tarde de ayer, el diputado comunista Jordi Solé Tura expresó su preocupación ante una decisión gubernamental que supone yugular la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios. «Si esta decisión sigue adelante», añadió, «se sentará un gravísimo precedente ».Según el señor Solé Tura, su grupo presentó la proposición de ley para el Estatuto de los Trabajadores hace ya más de un mes y ya ha transcurrido el plazo para las posibles alegaciones del Gobierno sobre el mismo. «El presidente del Congreso me cogió completamente de sorpresa cuando dijo, casi de pasada, que el Gobierno se oponía totalmente a que se discutiera, incluso, la toma en consideración de la proposición de ley, por estimar que suponía un incremento de los créditos.»

Jordi Solé Tura señaló que el artículo de la Constitución al que dice acogerse el Gobierno, el 134, que autoriza el Ejecutivo a vetar la discusión de una proposición de ley o enmienda que suponga aumento de los créditos, era aplicable en exclusiva a los presupuestos del Estado. Recordó, por otra parte, que los Presupuestos Generales para 1979 no han sido aprobados todavía.

«Si admitimos este razonamiento del Gobierno», prosiguió, «las proposiciones de ley quedarán heridas de muerte y, consecuentemente, morirá también la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios que reconoce la Constitución. »

El señor Solé Tura resaltó que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se había adherido a la propuesta del PCE. «Ante nuestra reacción», afirmó, «el presidente del Congreso propuso dejar el tema sobre la mesa durante una semana, a la espera de informes técnicos. Digan lo que digan esos informes, queremos que la opinión pública tome conciencia inmediatamente de la gravedad de la decisión del Gobierno».

Marcelino Camacho, dirigente de CCOO y diputado del PCE, que acompañaba al señor Solé Tura, dijo que, a nivel del movimiento obrero, se constataba que la democracia avanza en lo político, aunque sea con dificultades, pero que en lo social y económico se queda a la puerta de las fábricas y del campo. «No soy apolítico y apartidista», añadió, «pero parece como si el Gobierno considerara que los partidos políticos son necesarios para la democracia, pero no los sindicatos. No voy a decir cuál será la reacción de CCOO ante este posible veto gubernamental, pero recuerdo que la Constitución reconoce los derechos de reunión, asociación y manifestación».