Necesarias reformas administrativas en ayudas y monopolios del Estado y problemas políticos en circulación de trabajadores

Las ayudas directas e indirectas del Estado a los distintos sectores de la política económica y social españolas será uno de los capítulos más complejos de las negociaciones de adhesión de España a la CEE, según se desprende del informe reservado del Gobierno sobre dicha adhesión. En este documento se señala el desorden existente en el sistema español de ayudas y la necesidad de una revisión profunda del mismo, que afectará también a los monopolios y al INI. Por otra parte, el informe resalta los problemas de adaptación que presenta la futura libre circulación de trabajadores hispanos en la CEE y la necesidad de estudiar, desde una óptica política, el posible desplazamiento hacia España de trabajadores de Portugal y el Magreb y la necesidad de buscar una solución al cierre de la frontera gibraltareña. Escribe Pablo Sebastián.

«El sistema español de ayudas constituye un conjunto desordenado y sin unidad aparente.» Así comienzan las consideraciones previas del informe gubernamental sobre las negociaciones de adhesión a la CEE. En la introducción se añade que «es fundamental evitar que este programa se complique aún más y se inicien acciones nuevas y erráticas y que debe estudiarse la situación desde una perspectiva dinámica». Seguidamente se hacen una serie de «consideraciones especiales» por sectores en las que se dice:1. Crédito oficial. La existencia de este crédito no presenta problemas de adaptación, excepción hecha en lo que se refiere a las concesiones de tipos inferiores a los del mercado.

2. Subvenciones estatales. Se recomienda su reconversión presupuestaria y se señala que no incluyen problemas mayores de adaptaciones.

3. Fiscalidad. Habrá que revisar en este capítulo numerosas cuestiones. Entre ellas los textos sobre incentivos fiscales ante la CEE, adaptación de esta reforma durante los períodos transitorios y calificación e identificación del instrumento de la renta de petróleos como método de ayuda a varios sectores.

4. Aduanas e ICGI. Se hará imposible el mantenimiento del impuesto compensado de gravámenes industriales (ICGI), siempre y cuando se utilice en algunos programas como instrumento incentivador.

5. Medidas administrativas. Este sector no incluye problemas de adaptaciones, sobre todo si se acepta el programa que las incluya.

6. Agricultura. Gran parte de las ayudas agrícolas nacionales deberán desaparecer como consecuencia de la adopción de la política agrícola comunitaria (PAC). Se podrán mantener algunos incentivos indirectos. Se hace necesaria la pronta elaboración de un inventario sobre ayudas al sector y en especial en lo que se refiere a la pesca.

7. Industria. Se deben adoptar aquí los criterios de la CEE, excepción hecha de los sectores en crisis o de incidencia especial. Se piensa que en los programas generales no serán aceptables por la CEE las ayudas a las industrias de interés nacional y de programas de interés preferente, aunque sí las llamadas acciones concertadas. En los programas sectoriales se impone una armonización en la construcción naval y la sustitución del sistema de ayudas actuales a siderurgia y carbón por el régimen CECA de intervenciones. En el sistema de fabricaciones mixtas deberán buscarse adaptaciones a la introducción de la tarifa exterior comunitaria (TEC). Un informe completo deberá dedicarse al sector transportes, por la especial incidencia de la ayuda estatal a este apartado.

8. Comercio exterior. El crédito oficial sólo tendrá problemas en cuanto sea discriminatorio o interfiera el comercio intracomunitario. Por ello se debe reorientar sus programas, diferenciando a los países comunitarios de los países terceros. Deberá desaparecer el sistema actual de Carta del Exportador.

9. Política regional. También deberá reorganizarse este sector, en el que tendrá especial incidencia la estructuración nueva del Estado en materia regional. La política hispana de ayudas deberá orientarse en este caso hacia un predominio de la acción territorial.

10. Política de empleo. No aparecen graves dificultades en este apartado en cuanto a su adaptación a la CEE.

El informe enumera toda una serie de acciones urgentes a desarrollar por la Administración hispana, entre las que destacan: la necesidad de actuar con cautela en cuanto a los nuevos programas de ayudas e incentivos y la conveniencia de «constituir algún órgano interministerial que, dentro de la política económica que se juzgue oportuna, revise los programas instrumentales, sectoriales y territoriales de acuerdo con las normas comunitarias». El informe señala a continuación una serie de acciones inmediatas, entre las que destaca la necesidad de ir adaptando el sistema español a la TEC, reformando el ICGI y teniendo en cuenta la futura inserción en España de la TVA (tasa del valor añadido).

En el capítulo dedicado a los monopolios el informe señala la necesidad de terminar, a largo plazo, con las restricciones comerciales que incluyen (discriminación de productos, de aprovisionamiento y de libre circulación). Asimismo, señala que esta reestructuración deberá ser gradual y que será respetada su función fiscal. «La adaptación de los monopolios fiscales parece inevitable, según se desprende de las diversas reuniones mantenidas con la Comisión Europea», dice el informe, que señala que España intentará rechazar el criterio de adaptación incluido en los tratados de adhesión de 1973 (de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca) por «falta de equivalencia, aunque se espera «una posición inflexible de la CEE». Se apunta que los plazos de adaptación españoles deberán ser muy prolongados y se señalan los siguientes problemas concretos: mantenimiento del nivel de recaudación de impuestos, fijación de precios y su previsible liberalización, adaptación de la fiscalidad comunitaria sobre el tabaco, problemas patrimoniales, problemas jurídicos, arancelarios y comerciales.

En relación con Tabacalera se señalan los siguientes problemas específicos: incidencia sobre política agrícola-tabaquera, situación especial de la industria canaria, distribución de efectos timbrados y régimen de publicidad.

En cuanto a CAMPSA se señalan los siguientes problemas: situación peculiar de la política energética de la CEE, señalándose aquí un importante margen de maniobra de los negociadores españoles en base a intereses de abastecimiento y de comercio exterior, incidencia especial sobre Canarias, incidencia en los planes energéticos españoles y en sus instituciones, problemas de precios en ayudas a agricultura o industria.

Para todos estos problemas se hará necesario un plazo de adaptación prolongado, especialmente en petróleos. El informe señala al final que el Ministerio de Hacienda deberá estudiar la estrategia negociadora y posibles soluciones a los problemas planteados, con la colaboración de los departamentos de Industria y Agricultura.

Circulación de trabajadores

En el informe se dedica un capítulo al tema de la libre circulación de la mano de obra, punto este que se declara irrenunciable por parte española, aunque se admite la idea de un período transitorio prolongado. Señala el informe que la adhesión deberá permitir a los trabajadores españoles la concesión de tarjeta de residencia renovable cada cinco años y reconocerles el derecho de reagrupación familiar y el de permanencia en el país que residen. Asimismo, deberán tener prioridad de empleo frente a trabajadores de países terceros y disfrutar de normas de seguridad social. Estas ventajas deberán ser otorgadas por España a los trabajadores comunitarios que quieran instalarse en la Península.

Los efectos que puede causar en España la aplicación de las normas comunitarias pueden ser varios: la necesidad de solucionar el tema del cierre de la frontera de Gibraltar para permitir la libre circulación de trabajadores. Libre acceso que puede permitir una cierta invasión del sector laboral hispano por trabajadores portugueses, como mano de obra no cualificada, y de especialistas de la CEE. Asimismo, se destacan como problemas las concesiones que la CEE tiene aplicadas en este sector a otros países terceros, como los del Magreb, y que deberán ser admitidas por España.

Señala el documento la necesidad de readaptar la legislación socio-laboral española a la comunitaria y, de manera especial, en lo que se refiere a la Seguridad Social y a los permisos de residencia en España. Se piensa que los períodos transitorios estarán supeditados a las perspectivas de empleo hispano-comunitarias, y se cree que con un nivel similar al actual no habría grandes migraciones en uno y otro sentido. A la espera del final del período transitorio, los emigrantes españoles en la CEE deberán disfrutar, inmediatamente después de la adhesión, de numerosas ventajas que eliminarán parte de su situación discriminada. Se señala también en el documento que España se beneficiará de las ayudas del Fondo Social Europeo (se calcula que en 1978 España habría recibido de este Fondo comunitario unos 10.000 millones de pesetas). Por último, se dice que el período transitorio del sector deberá ser similar a los demás.