La Diputación decide invertir 300 millones en una basílica subterránea en Javier

La aprobación, por parte de la Diputación Foral de Navarra, del proyecto y presupuesto para la construcción de una gran basílica subterránea en el término municipal de Javier ha suscitado una amplia polémica entre algunos sectores de la población, que consideran el tema como la última cacicada de una Diputación que deberá dimitir en el plazo de un mes y de la que ninguno de sus componentes -excepto Juan M. Arza, que lo hará encabezando la lista de UCD por la merindad de Estella- se presentará a las elecciones democráticas al Parlamento Foral de Navarra el próximo 3 de marzo. Por su parte, el mini-Ayuntamiento de Pamplona se ha erigido en el principal opositor al proyecto, presentando un recurso de reposición ante el Tribunal Administrativo de Navarra.

El pasado 14 de diciembre de 1978, la Corporación Foral aprobaba el proyecto y presupuesto de obras para la construcción de la basílica subterránea en el término municipal de Javier. Con un presupuesto de 224.430.545 pesetas, la Diputación propuso un concurso restringido para la adjudicación de las obras, convocando al efecto a Huarte y Compañía, Dragados y Construcciones, Agromán y Construcciones San Martín. La obra, que debería estar finalizada antes de la peregrinación a Javier de marzo de 1980, preveía la construcción de una gran basílica subterránea, de 5.000 metros cuadrados de planta con capacidad para más de 10.000 personas, enfrente del actual castillo y basílica de Javier, lugar de nacimiento de Francisco de Jaso y Azpilicueta, en el siglo XV, conocido después por San Francisco Javier.En opinión de los sectores que han mantenido opiniones críticas sobre el proyecto, la basílica sólo se utilizaría, y no a pleno rendimiento, dos veces anualmente, en las peregrinaciones, masculina y femenina, conocidas como javieradas, que cada año, por marzo, se realizan desde Pamplona, andando, hasta el castillo de Javier, distante unos 55 kilómetros. El resto del año, la basílica estaría prácticamente sin utilizar, dado que junto al actual castillo existe una iglesia con capacidad suficiente para unas 2.000 personas, atendida por los padres jesuitas.

Según el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Pamplona, el proyecto de la Diputación presenta varios defectos de forma, independientemente de la oportunidad para invertir 225 millones de pesetas en una obra religiosa cuando existen en la provincia otros problemas más acuciantes. En opinión del letrado del Ayuntamiento de Pamplona, en el municipio de Javier no existe documento alguno de planeamiento, ni siquiera a nivel de un proyecto de delimitación del suelo urbano.

En base a esta interpretación, el Ayuntamiento de Pamplona considera que en Javier no se puede calificar ninguna finca como «plan edificable», ya que no existe suelo urbano sino fincas que únicamente se pueden utilizar con fines agrícolas. Además el Ayuntamiento de Javier, no ha concedido la licencia de edificación oportuna, como obliga el texto refundido de la ley del Suelo y el reglamento de disciplina urbanística.

Pero, al margen de los presuntos defectos urbanísticos, para el Ayuntamiento de la capital navarra resulta cuando menos improcedente que la Diputación informara, el pasado 28 de diciembre de 1978, al Consejo Foral que había aprobado un presupuesto extraordinario, en el que se incluían la inversión de quince millones de pesetas con destino a la basílica de Javier, para aprobar, un mes después, un proyecto de obras que importaba una cantidad de 225 millones de pesetas. Por otra parte, para adjudicar las obras, la Diputación Foral de Navarra realizó un concurso restringido, invitando, únicamente a cuatro empresas constructoras que, para los letrados del Ayuntamiento de Pamplona, excluye totalmente la celebración de ningún concurso público, circunstancia que es causa de anulación del acto administrativo, ya que se trata, en definitiva, de realizar una adjudicación directa.

Al margen de las cuestiones jurídicas, la basílica proyectada, que tendría una capacidad para más de 10.000 personas, tendría un costo de realización desproporcionado con su utilización en la práctica, que no pasaría de dos o tres días al año.