Juicio a dos "grapos" acusados de la muerte de dos policías

Acusados de la muerte de los policías Fernando Sánchez Hernández y José María Martín Morales, mientras prestaban servicio en la sucursal de la Caja de Ahorros de la calle del Padre Piquer, en el barrio madrileño de Campamento, hecho ocurrido el 28 de enero de 1977, durante la que pasaría a denominarse como la semana del complot, comparecieron ayer ajuicio ante la Audiencia Nacional los miembros de los GRAPO Enrique Cerdán Calixto y Olegario Sánchez Corrales. Los procesados negaron haber sido los autores de la muerte de los citados policías, pero reconocieron haber participado, Cerdán Calixto como responsable de la operación, en los secuestros de los señores Oriol y Villaescusa, hechos ocurridos a mediados de diciembre de 1976 y en enero de 1977, respectivamente.El juicio se desarrolló en medio de extraordinarias medidas de seguridad, a cargo de numerosos números de policía antidisturbios, tanto en el interior como en el exterior del Palacio de Justicia. A mitad del juicio, el público asistente fue desalojado de la sala de audiencia, tras haber aplaudido a los procesados cuando éstos finalizaron su interrogatorio con un iViva el GRAPO! Durante el interrogatorio, ambos procesados atribuyeron a coacción sus declaraciones ante la policía y ante el juzgado, en el sentido de haber tomado parte en el asesinato de los policías. Los procesados justificaron, no obstante, el atentado como réplica a las anteriores muertes violentas ocurridas por aquellas fechas en Madrid, concretamente las de los estudiantes Arturo Ruiz y María Luz Nájera, así como las de los abogados laboralistas del despacho de la calle de Atocha.

El ministerio fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, solicitando penas de treinta años para cada uno de los detenidos. Añadió que, como es habitual, los acusados han negado las declaraciones efectuadas ante la comisaría. «Prueba de ello -dijo- es que a Olegario Sánchez se le ocupó la pistola de uno de los policías asesinados.» Los abogados defensores, por su parte, pidieron la libre absolución, tras manifestar: «Todos conocemos cómo se hacen las declaraciones policiales en este país.»