Los partidos de la derecha desean controlar el futuro de las Cámaras

Las elecciones para cubrir los puestos directivos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación se han convertido -en cierto modo por mandato de las circunstancias- en auténticos test políticos para los partidos situados a la derecha del actual espectro. Casi todas las fuerzas con implantación empresarial han procurado copar el mayor número posible de lugares en los consejos ejecutivos, sobre todo a partir de la postura absolutamente reacia de la CEOE a aceptar vinculaciones partidistas.

No exentos de curiosas sorpresas, los resultados registrados hasta ahora en las votaciones han evidenciado un interés de los partidos por controlar estos organismos, que, aunque definidos como entes consultivos, han constituido importantes grupos de presión en recientes épocas. Sin embargo, ninguna de las candidaturas optantes a la elección ha dejado traslucir esta clara presencia partidista en los comicios. El lema central de las campañas desarrolladas ha sido, con escasas excepciones, la alternativa continuidad o renovación de la línea seguida por cada una de las instituciones. Tradicionalmente, las Cámaras han estado regidas con arreglo a criterios estrictamente generacionales, produciéndose los sucesivos relevos a partir de circunstancias biológicas.Las dos grandes formaciones derechistas de ámbito estatal -UCD y Alianza Popular- han concurrido a las votaciones junto a los otros dos partidos derechistas de obediencia autonomista presentes en el Parlamento: PNV, en Euskadi, y Convergencia Democrática, en Cataluña. Junto a estos, grupos políticos, las agrupaciones o federaciones empresariales vinculadas o no a la gran patronal CEOE han patrocinado igualmente candidaturas en los comicios celebrados.

Los resultados de las votaciones ya celebradas han dado inmediato pie a extraer consecuencias valorativas de lo que puede acontecer en las próximas elecciones generales y municipales de marzo y abril, respectivamente. El carácter indirecto de los mecanismos reglamentarios de elección es motivo de serias dudas a la hora de pretender que los resultados de los comicios puedan ser auténticamente representativos del reparto político del espectro empresarial de cada zona. El sistema de compromisarios puede ser ciertamente objeto de importantes críticas en un sentido democrático, y en algunas demarcaciones concretas ha sido motivo esencial de desinterés ante las elecciones. Desinterés que, por otra parte, se basa igualmente en la falta de definición de expectativas futuras que gravita sobre las Cámaras. Ello ha motivado que en muchos casos ni siquiera se haya planteado alternativa a la simple continuidad de sus dirigentes o resultara extremadamente fácil alcanzar un pacto de compromiso que eliminara el contencioso electoral.

Concedidas como alternativa consultiva y dialogante de la Administración en los últimos años del descrédito y posterior derrumbamiento de las estructuras verticalistas, las Cámaras se enfrentan hoy con la incógnita de qué papel pueda corresponderles en el nuevo ordenamiento democrático, con una patronal fuerte de ámbito estatal y unas asociaciones empresariales de zona. Su vinculación al Ministerio de Comercio y Turismo les confiere un cierto carácter oficialista que es motivo de recelo para buena parte del empresariado.

Los partidos políticos de la derecha, sin embargo, se han lanzado a la carrera de optar por los puestos directivos de las principales Cámaras españolas y es previsible hagan lo propio cuando se imponga renovar los cargos del consejo superior, ente aglutinador de las 85 Cámaras existentes en el país, al que muchos achacan un excesivo carácter centralista, a partir de su ubicación en Madrid.

Las principales Cámaras del país han celebrado ya sus elecciones, y los resultados obtenidos son difíciles de interpretar en sentido global. Una de las de mayor prestigio y raigambre, la de Bilbao, abrió el turno entre las grandes, logrando el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hacerse con la absoluta mayoría de los sesenta compromisarios y colocando posteriormente a toda la candidatura avalada en el comité ejecutivo, a pesar de los esfuerzos de sectores empresariales más españolistas por descargar de peneuvismo la institución.

En Barcelona, por el contrario, el candidato de UCD, José M. Figueras -inmobiliario y vinculado al sector liberal del partido- se imponía al candidato pujolista, José Riba Ortínez, presidente de la Feria de Muestras y empresario del sector textil, uno de los más tradicionales de la Cámara catalana. La avanzada edad de Riba Ortínez y el hecho de que hubiera, desempeñado durante los últimos doce años la vicepresidencia de la entidad con el metalúrgico Ribera Rovira, se estima fueron factores decisivos para el triunfo de Figueras, quien desarrolló una campaña mucho más activa y compareció avalado por su estrecha amistad con Tarradellas. Todos estos factores desmontaron la estrategia de Convergencia Democrática, unidos a un cierto pacto entre el vencedor y elementos conservadores del empresariado, como el grupo Porcioles, que logró colocar un vicepresidente. El caso de Barcelona es especialmente digno de atención por cuanto la Cámara se dibuja como posible alternativa al Fomento del Trabajo -la histórica patronal catalana-, actualmente hibernado por la discutida gestión de Alfredo Molinas, Madrid, por su parte, eligió el pasado viernes, con un cierto grado de desinterés y abstención, al hasta ahora presidente accidental, Adrián Piera, para los próximos cuatro años. En las provincias castellanas, la continuidad y el conservadurismo han sido los factores dominantes. Y en las que todavía restan, el pronóstico es más bien similar a los resultados ya obtenidos.

En definitiva, las Cámaras se constituyen, en la mayoría de los casos, como potenciales instrumentos de la maquinaria política para la inminente y sucesivas convocatorias electorales, en paralelismo con las Cámaras Agrarias, sobre las que gravita igualmente la atención y el interés de las fuerzas políticas en presencia. Parece difícil que esto cambie en tanto persista la indefinición de sus respectivas funciones, especialmente propiciada desde la propia Administración.