El Gobierno intenta definir la política familiar

Casi nueve millones de familias fueron censadas en España el año 1970, de las que el 60 % tienen de dos a cinco miembros. Todas ellas se encuentran huérfanas de cualquier tipo de ayuda estatal. Hasta ahora, la política. familiar se ha limitado a conceder premios de natalidad a las parejas superprolíficas. De hecho, la ayuda familiar representa sólo un 1,7 % del salarlo mínimo interprofesional, cuando el mínimo fijado en un convenio de la OTI (Organización Internacional de Trabajadores) es de un 3%.Las jornadas que empiezan mañana podrían ser una buena ocasión para que el Gobierno defina las líneas maestras de una política familiar a medida de sus intereses y adaptada a sus criterios ideológicos. Pero, en principio, el objetivo que manifiestan perseguir sus organizadores es «determinar bases operativas para el desarrollo sistemático de los artículos constitucionales que hacen referencia a la familia, infancia y tercera edad». También se pretende «acercar la realidad de cada provincia y de cada problema a los distintos entes públicos y privados responsables de su correcta gestión».

Con esta finalidad se celebraron, a lo largo de la primavera y otoño pasados, una serie de jornadas de estudio a nivel provincial, Una síntesis de las conclusiones formuladas en dichas sesiones constituye el documento de trabajo base de las jornadas.

Un programa demasiado amplio

En los tres días que durarán las jornadas se tratará, en seis mesas distintas, cada uno de los grandes temas que integran el núcleo del ambicioso programa: vivienda y consumo; enseñanza y orientación familiar: fiscalidad, ayuda familiar: sanidad y seguridad social; cultura y ocio y, por último, trabajo.Junto a estos temas, ya de por sí excesivamente amplios, se estudiará, además, un grupo de propuestas adjuntas en torno a la política familiar del Gobierno con criterios de Estado, asociacionismo y protección integral a la infancia y a la tercera edad y reforma de la legislación en materia matrimonial.

En el informe sobre este último punto aparece un dato revelador del espíritu que anima las jornadas: de los 36 trabajos presentados, diecisiete rechazan taxativamente la posibilidad de divorcio y, aunque se reconoce el derecho de la pareja a decidir el número de hijos y a recibir gratuitamente anticonceptivos a través de la Seguridad Social, se señala que la propaganda de éstos debe ser controlada « cuando resulte adecuado y se deriven perjuicios para la salud».

En otros terrenos las propuestas tienen un carácter más progresivo. En materia fiscal, por ejemplo, se indica que los impuestos indirectos deberían tomarse en consideración a la hora de determinar la carga fiscal y que las leyes fiscales deben ser más justas para facilitar el acceso a la enseñanza y «nunca puedan originar un trato discriminatorio de las rentas familiares en relación con las individuales».

En cuanto al problema de la vivienda, se señala, entre otras cosas, la conveniencia de primar las construcciones especiales dedicadas a ancianos y minusválidos, de penalizar las viviendas vacías y de dar participación al ciudadano en la planificación urbanística.

En lo que se refiere a la enseñanza, se rechaza explícitamente cualquier medida que vulnere el derecho de las familias a una educación libre y gratuita para sus hijos menores, suponga un dirigismo estatal o contradiga los convenios internacionales al respecto. También se apunta la necesidad de intensificar las relaciones familia-centro educativo, y de que el niño disponga de tiempo libre para el juego. La educación especial del niño deficiente y la valoración del fracaso escolar también merecen una mención.

La familia, incuestionable

Las jornadas parten de un presupuesto inamovible: la validez de la familia como Institución y como hecho social, y la necesidad de su protección y promoción por parte del Estado, tal y como consta en la Constitución. No se admitirán deb at es que pongan en duda tal principio.Esta actitud representa cerrar los ojos ante un fenómeno tan evidente como la crisis de la familia tradicional y la aparición de nuevas fórmulas alternativas de convivencia. La única alusión a las situaciones familiares atípicas que aparece en el documento de trabajo de las jornadas se refiere a los matrimonios rotos, para los que se considera oportuna la protección legal «siempre que reunan requisitos de estabilidad».

Sobre el modelo hacia el cual evolucionará en el futuro la estructura familiar, sólo se apunta de forma vaga y etérea que la igualdad jurídica que debe regir un nuevo planteamiento jurídico de la familia no debe «impedir la apertura de nuevas formas sociológicas de vivir y realizar el proyecto matrimonial y familiar».

Aunque no es posible predecir el desarrollo de las jornadas -es de esperar que no se produzca el lamentable espectáculo que se ofreció en las dedicadas a la mujer-, se puede cuestionar ya su eficacia desde el momento que los propios organizadores no tratan de llegar a conclusión alguna, sino «a propuestas generales lo bastante amplias para dar cabida a posturas no necesariamente idénticas».

La sugerencia más concreta que acompana la celebración de las jornadas es también de carácter consultivo y formal: propugnar la coordinación, a nivel de Presidencia de Gobierno, de cualquier planteamiento de promoción familiar mediante la creación de una comisión delegada interministerial «con participación de la realidad familiar a través de sus cauces asociativos».