Gobierno laborista y los sindicatos británicos negocian un cambio de política salarial

El propio primer ministro, James Callaghan, está presionando directamente a los líderes sindicales británicos para tratar de impedir que la agitación laboral vaya a más. Todos los indicios apuntan a que el Gobierno busca urgentemente una fórmula de convivencia con los sindicatos que evite un «invierno caliente» y sus desastrosas consecuencias electorales para el Partido Laborista.El señor Callaghan ha conversado telefónicamente con el secretario general de las TUC, Len Murray. El líder de los transportistas, Moss Evans, se ha entrevistado con el premier en el «número 10» de Downig Street. El jefe del Gobierno está utilizando todo su peso para conseguir que no sea declarada oficial la huelga de camioneros, que está estrangulando el abastecimiento industrial y poniendo en peligro temporal centenares de miles de puestos de trabajo. James Callaghan debe de haber recordado a los jefes sindicales los proyectos que para ellos tiene el Partido Conservador y que este es un año de elecciones generales.

Fracasada la imposición a ultranza a los trabajadores de una rígida política salarial, los centros económicos del Gabinete laborista intentan renovar de alguna forma el fallecido «pacto social». La piedra de toque de este cambio en la actitud del Gobierno -el ministro de Hacienda, Denis Healey, declaró a finales de 1978 que no habría más diálogo con los sindicatos, después de que éstos rechazaran un compromiso sobre el 5 %- va a ser la inminente negociación con un millón y medio de trabajadores de los servicios públicos.

El señor Healey permanece aferrado a una subida máxima del 5 % para quienes dependen de la Administración pública, un tope que no ha podido mantener en el sector privado. Un ala del Gabinete más liberal y realista está convencida, sin embargo, de que se debe ir hacia la equiparación con los empleados privados, un porcentaje mínimo del 10 %, para evitar males mayores. Los representantes de este millón y medio de trabajadores, cuya actividad es de las que más directamente repercuten en la vida cotidiana, ya han anunciado que se disponen al asalto frontal de los topes gubernamentales.