"La Constitución española es la que mejor defiende a los consumidores"

El abogado madrileño Antonio García Pablos ocupa en la actualidad la presidencia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asociación fundada por él en marzo de 1975, dos meses después de haber abandonado la presidencia del Consejo de Comercio Interior y de los Consumidores, cargo del que dimitió reprochando al Gobierno falta de información sobre las subidas de precios. Su opinión puede ser una muestra del criterio de los sectores más preocupados por la defensa de los consumidores.

Pregunta: ¿La Constitución ampara suficientemente los derechos de los consumidores?Respuesta. Esta es la Constitución que mejor defiende a los consumidores. Hasta ahora, únicamente el texto constitucional de Portugal hacía referencia a este movimiento social, pero sin duda, el proyecto de nuestro país supera, en este sentido, al de nuestros vecinos. En conjunto, es una Constitución enormemente progresiva; esperamos que los principios en los que se fundamenta no queden en declaraciones románticas.

P. El artículo 54 prevé la creación de la figura del Defensor del Pueblo para velar por los intereses de ciudadanos y consumidores. Sus atribuciones no han sido especificadas por estar prevista la promulgación de una ley orgánica con esta finalidad. ¿Cómo cree que debe ser el ombudsman español?

R. El Defensor del Pueblo es mucho más que el ombudsman de los países nórdicos. Estará encargado de proteger a los consumidores, pero, sobre todo, según el texto constitucional, tendrá como misión defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. El retrato-robot de este importante personaje es fácil de describir. Debe saber sintonizar con el pueblo, poseer una profunda preocupación social, una sólida formación jurídica y económica y una honradez a prueba de presiones por parte de los partidos políticos. Habrá de ser elegido con apoyo de la gran mayoría de miembros con que cuente el Parlamento, de lo contrario no podrá ser más que un mero supervisor de la política del Gobierno.

P. ¿Le ha sorprendido este interés de los constitucionalistas españoles por los problemas derivados del consumo?

R. Me ha sorprendido gratamente. Sin embargo, me ha dolido que no se nos reconozca él derecho a participar en la gestión de la producción. Se reserva esto para sindicatos y organizaciones empresariales. En la Constitución se pone de relieve que a España no ha llegado el cuarto poder social: los consumidores, según reconocen acuerdos de la Comunidad Económica Europea, que mencionan a Gobierno, trabajadores, empresarios y consumidores a la hora de hablar de fuerzas sociales.

La Constitución nos reconoce, pero como organizaciones de segunda o tercera categoría, y esto es decepcionante. Los constitucionalistas han quedado así a la derecha de Giscard y a la derecha de la izquierda francesa, patrones que UCD o y los representantes ole la izquierda parlamentaria han seguido de cerca. Espero que esto se corrija en el futuro con una ley de rango normal.

P. ¿Esta laguna que acaba de apuntar apaga los elogios que dedicaba anteriormente a la Constitución? ¿Qué votará el 6 de diciembre?

R. De ninguna manera. Como consumidor, votaré un sí entusiasta, porque sostengo que esta Constitución va a servir como punto de referencia para plantear reivindicaciones, a nivel mundial, en los problemas relacionados con el consumo.