Ultimado el dictamen comunitario sobre la candidatura de España a la CEE

Los servicios de la Comisión Europea encargados de preparar el dictamen para el ingreso de España, concluyeron su trabajo definitivo durante el último fin de semana. El documento, de veintiséis páginas, más anexos económicos expuestos en otras doscientas, presenta las directrices que la Comisión propondrá al Consejo de Ministros de la CEE, del que espera mandato 1 el 18 y 19 de diciembre, para iniciar las negociaciones directas con la Administración española; probablemente hacia mediados de febrero. Como fechas previsibles de negociación y firma de los tratados (CEE, CECA y Euratom) se vislumbran unos dos años (1979-1980), más otro de ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los nueve de la CEE y España, para, finalmente, aplicar los tratados de ingreso de España al Mercado Común a partir del 1 de enero de 1982. Toda una serie de mecanismos transitorios, en unos plazos de cinco a diez años, destinados a reducir el impacto entre la economía española y la comunitaria, regirán, después de la fecha del ingreso oficial, hasta llegar a la completa integración.Por el momento, el documento oficial pasa a estudio de la Comisión Europea. Será el vicepresidente de la misma y responsable de la ampliación el italiano Lorenzo Natali, quien presentará a sus colegas del colegio comunitario el dictamen.

El documento comunitario, a su nivel actual pendiente de aprobación, primero de la Comisión y después del Consejo de Ministros, consta de tres grandes capítulos, precedidos de una introducción general de carácter político en la que los comunitarios se felicitan de la evolución democrática de la sociedad española, destacan la importancia del acta de candidatura a las Comunidades Europeas y piden al Consejo de Ministros «una opinión positiva que permita el rápido inicio de las negociaciones».

Criterios objetivos

La «filosofía» global del presente proyecto de dictamen es, al parecer, considerada como una visión «objetiva» para abordar el problema general de la adhesión de España a la CEE. Problema que no es simplemente de desarme y homologación tarifaría entre España y la CEE, sino más bien de adaptación de las dos economías, con acciones específicas -a iniciar incluso antes de la adhesión- que faciliten la reestructuración de aquellos sectores críticos (textil, siderurgia, naval, calzado) o de los que pueden sufrir más por el proceso de entrada al Mercado Común (casi toda la pequeña y mediana empresa española).

La primera parte del dictamen es un análisis general de la economía española cara a la adhesión. La segunda parte aborda, sector por sector, los capítulos particulares a homologar (agricultura, industria, finanzas, regional, social, etcétera) y traza las líneas directrices que deberán ser completadas posteriormente, durante la negociación, con mandatos más específicos sobre períodos transitorios.

En el capítulo institucional, el informe comunitario repite las orientaciones expresadas en el «fresco» de la Comisión (documento de análisis global del impacto de entrada de Grecia, España y Portugal) presentado al Consejo de Ministros de la CEE el 20 de abril de 1978: período «interino» entre la firma del tratado de adhesión y su entrada en vigor, con participación progresiva en los trabajos de «cooperación política», adaptaciones aritméticas para la incorporación de España en las instituciones (comisión, consejo, parlamento, tribunal de justicia, comité económico y social). En tal aspecto, institucional, la iniciativa del presidente francés, Valery Giscard d'Estaing, de crear un «comité de notables», no debería representar, en ningún caso, un retraso en el proceso de ampliación de la CEE, según medios comunitarios que, decididamente, parecen dispuestos a un empuje político para un pase de la actual Comunidad de los nueve, a la Comunidad de los doce, tras los posibles ingresos de Grecia (en enero de 1981) y de España y Portugal (en enero de 1982).

De respetarse el calendario actual de los comunitarios para la aprobación del mandato se dará satisfacción, en particular, a los responsables políticos de UCD, señores Oreja y Calvo Sotelo, directamente interesados por conseguir un dictamen rápido a esgrimir a corto plazo -¿electoraI?-, como un evidente éxito político de la buena marcha de las relaciones España/CEE. Otros medios, comunitarios, consideran que habría sido más positivo para los intereses comunes de España y de la CEE elaborar un dictamen más profundo que avanzar soluciones específicas de readaptación económica mutua cuyo trabajo queda hoy para el proceso directo de negociación que se avecina con bastantes escollos.