El plan especial, un "plan" para el pueblo y sin el pueblo
«¿Por qué no ha podido el pueblo conocer y discutir nuestro proyecto?» Con este llano y lastimero interrogante ponía fin Juan López Jaén, arquitecto jefe de la Zona Histórica de nuestro municipio, a un reciente y lúcido comentario (EL PAIS, 8 de noviembre de 1978) en torno a la invalidación oficial del Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid, que él y su equipo llevaran a cabo a lo largo de unos cuantos meses de intenso trabajo propio y sistemática incomprensión ajena. La pregunta sigue, hoy por hoy, sin respuesta, por más que la conciencia ciudadana empiece ya a exigirla de forma responsable y como presupuesto mínimo de una información y un debate en el que entran en juego los intereses más nobles de su más legítimo destinatario: el pueblo de Madrid.Casco histórico, centro histórico, conjunto histórico... Tales y otras análogas advocaciones suelen, de labios de la autoridad edilicia, venir al caso (al triste caso de nuestra ciudad) con diversa matización y olvido premeditado de su verdadero contenido, que no lo constituyen, por meritoria que fuere su traza, los edificios, sino, y ante todo, los habitantes. Permítaseme una vez más traer a cuento las conclusiones del Coloquio de Quito, el documento más actualizado en la materia, que, si en otros apartados admite discusión, no ofrece la menor duda a la hora de dejar bien acuñada la definición de centros históricos, a tenor de estos términos literales: «Aquellos asentamientos humanos, vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo.»
No, no se trata de un dato ocasional, colegido a favor de la corriente. Todo el documento insiste hasta la saciedad en subrayar y distinguir el carácter prioritario de los habitantes sobre el habitáculo, englobando, además, en la noción de pasado tanto lo remoto como lo próximo (el ayer mismo) y extendiendo el concepto de lo histórico a toda-la ciudad en cuanto que consolidada, fuere centro o extrarradio. En la definición de centros históricos se comprenden, textualmente, tanto los asentamientos que se mantienen íntegros como aquellos que a causa de su crecimiento constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor. Y para deshacer conjeturas en lo tocante a primacías o prelaciones, letra y espíritu de dichas conclusiones vienen a reincidir sin eufemismos: «Los centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural, sino también económico y social. No son sólo patrimonio cultural de la Humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan.»
Ha habido hasta ahora, a juicio de los coloquiantes de Quito, una conciencia universal de que los llamados centros históricos debían preservarse por su valor cultural y turístico, y a tal efecto se han hecho esfuerzos considerables en materia de restauración y conservación (con énfasis, tantas veces, en lo político-turístico-conmemorativo), aplicando criterios de índole variopinta, que van desde la reconstrucción de monumentos aislados hasta, auténticos maquillajes escenográficos. En muchos casos esta orientación ha sido el resultado de una actitud de élite, plasmada en medidas y acciones aisladas que no resolvieron en definitiva el problema por no haberse orientado a procurar el bienestar de la comunidad que los habita.
Siete son, a la luz de alguno de los motivos expuestos, las medidas recogidas en las conclusiones del Coloquio de Quito (clausurado hace poco más de un año), cuyo preámbulo y colofón convienen en sentar criterio firme, intransigente, en orden a prioridades. En la primera de ellas nos es dado leer: « La tarea de rescate del patrimonio artístico, cultural y social ( ... ) tendrá como protagonistas prioritarios a los habitantes (...), siendo necesaria la organización comunitaria de los habitantes de dichos centros históricos para alcanzar los principios de acción señalados.» La séptima y última, por su parte, corrobora: «Se advierte la necesidad de una amplia campaña de, concienciación acerca no sólo del valor cultural, sino del carácter social y viviente de los centros históricos, a través de los medios masivos de comunicación y los. sistemas educacionales en todos sus niveles.»
¿Por qué no ha podido el pueblo de Madrid conocer y discutir nuestro proyecto? ¿Presiones especulativas? ¿Podremos discutirlo algún día? Las tres preguntas con que López Jaén cerraba el comentario antes aludido, aparte de comportar de algún modo la respuesta, terminaban por abrir una expectativa inmediata, que nosotros, y otros muchos, interpretamos corno inexcusable exigencia. Si nuestros avispados munícipes han contravenido particularmente, y punto por punto, lo inquirido y divulgado universalmente por los expertos, sin otorgar a los genuinos protagonistas del caso ni el papel siquiera de comparsas, sean éstos (ustedes y nosotros) los que reclamen la in formación que de justicia les cumple y participen en el debate que el caso requiere. En su derecho de información y participación asiste le al ciudadano su condición de protagonista natural. Como tal, y contales prerrogativas, le confirma la opinión de los mejores investigadores del ramo, y le ampara, por si fuera poco, el recto cumplimiento del artículo 4 de la vigente ley del Suelo. No son pocas las cosas que aquí y ahora están en juego, entre ellas el feliz desenlace (allá se verá) de las próximas elecciones municipales.
