El paro como problema microeconómico
Profesor de la Universidad Autónoma de BellaterraSegún la concepción dominante el paro es, fundamentalmente, un problema macroeconómico y, por tanto, un problema a resolver mediante políticas macroeconómicas. Sobre esto parece existir un amplio consenso en el que participan políticos de todas tendencias, economistas académicos y no académicos, así como organizaciones sindicales y patronales. De acuerdo con esta concepción las altísimas cotas que en 1978 está alcanzando la tasa de desempleo se relacionan con la fase cíclica fuertemente recesiva por la que atraviesa la economía española. En consecuencia, la lucha contra el paro requiere necesariamente una política de reactivación económica.
Frente a esto hay que señalar que según la teoría moderna de la política económica coyuntural el efecto de las políticas macroeconómicas sobre la actividad real y el empleo laboral es puramente transitorio. A corto plazo una política expansiva puede tener efectos sustanciales, y de ahí la universal propensión de todo Gobierno a la instrumentalización electoralista de la política económica (luchando preferentemente contra el paro en períodos preelectorales y contra la inflación en períodos postelectorales). Pero a largo plazo las susodichas políticas tienen efectos puramente nominales, esto es, efectos sobre la tasa de inflación. El episodio de 1973-1974, cuando se quiso neutralizar los efectos recesivos de la subida general del precio de las materias primas y los recursos energéticos con una política monetaria expansiva, es a este respecto muy significativa: la crisis fue pospuesta pero no resuelta. Y lo que sí se consiguió fue una inflación mucho más elevada.
De todas formas conviene seña lar que la teoría moderna de la política económica contiene una cierta ambigüedad porque no especifica nunca cuán largo es el largo plazo. Además, los niveles actualmente bajísimos de utilización de los recursos productivos dejan probablemente un amplio margen de maniobra para una política de estimulación de la demanda agregada. En este sentido convendría asignar un mayor protagonismo la política fiscal. Ahora bien, también convendría no alterar los actuales objetivos de la política monetaria: para reducir la inflación hemos ya pagado el coste de una fuerte recesión; no vayamos ahora a tirar por la borda la recompensa que hemos obtenido con tanto sacrificio.
La concepción macroeconómica del problema del paro se fundamenta en la idea de que la demanda del factor trabajo por parte de los empresarios es una demanda derivada de la demanda de bienes finales y, por tanto, depende del nivel de actividad. Pero el trabajo humano no es el único factor productivo. En consecuencia, la demanda de trabajo depende también de los precios relativos de los factores productivos. Un incremento de los costos laborales genera una tendencia a la utilización de estrategias de producción menos intensivas en trabajo humano y más intensivas en capital. Un incremento en los costes de capital genera una tendencia a utilizar más trabajo humano. En resumen, la demanda de trabajo y el nivel de ocupación dependen también del juego de los precios relativos.
En esta línea de argumentación pueden mencionarse, a modo de ejemplo, tres elementos que contribuyen a disminuir la demanda de trabajo: la inexistencia de despido libre, las cuotas no estatales de la Seguridad Social y los circuitos privilegiados de crédito.
Muchos procesos económicos tienen una dinámica interna compleja y un funcionamiento no siempre obvio. Eso hace que acciones políticas que parecen adecuadas para solucionar un problema puedan originar a veces resultados no previstos, contraintuitivos y contraproducentes. La ilegalidad del despido libre en el contexto de una economía de mercado es un ejemplo claro de cuanto acaba de decirse. Más concretamente: desde la perspectiva del largo plazo dicha ilegalidad contribuye a elevar la tasa de desempleo. La razón es que la prohibición del despido libre incrementa el coste real que, para el empresario supone la adquisición del factor trabajo, pues introduce un elemento de permanencia e irreversibilidad en las prestaciones monetarias (salarios) a que éste queda obligado por el contrato laboral, a la vez que dificulta cualquier cambio futuro en las técnicas de producción. En este sentido puede establecerse un claro paralelismo entre la contratación laboral vigente y la adquisición de activos líquidos. Además, todo esto disminuye el atractivo de las inversiones creadoras de nuevos puestos de trabajo, provocando la adopción de técnicas productivas intensivas en maquinaria y demás alternativas al esfuerzo humano. Debido a su impacto negativo sobre la creación de nuevos puestos de trabajo la prohibición del despido libre discrimina fuertemente en contra de las personas que buscan trabajo por primera vez. De ahí las altísimas tasas de desempleo juvenil.
Gran parte de las consideraciones anteriores tendrían una relevancia limitada en el contexto de un sistema económico en el que la inversión no respondiera a criterios de rentabilidad privada. Pero aquí y ahora las leyes que rigen el comportamiento de la tasa de ocupación son muy claras. Dicho esto hay que añadir que no sería acertado institucionalizar el despido libre durante 1978 ni, tal vez, durante 1979. Una tal acción provocaría de inmediato muchos despidos, pues las empresas, después de tantos años sin poderlo hacer y ante la posibilidad de que un futuro Gobierno volviera a prohibir el despido, aprovecharían la ocasión para reestructurar sus plantillas. Lo ideal sería una institucionalización muy gradual que, además, se llevara a cabo durante la fase de expansión del ciclo económico. Por razones éticas ello debería discurrir paralelamente a la generalización, y ampliación del seguro de desempleo. Finalmente, la capacidad discrecional del empresario para el despido libre debería venir mediatizada por los comités de empresa.
La existencia de cuotas de la Seguridad Social también disminuye la demanda de trabajo porque implica costes laborales más elevados.
La eliminación de dichas cuotas generaría pues un aumento en los niveles de ocupación. En referencia a este punto, el verdadero problema es el diseñar un sistema de financiación de la Seguridad Social, que no incremente el precio relativo del factor trabajo. Ello puede conseguirse mediante un sistema que sea independiente del número de trabajadores en plantilla; por ejemplo, mediante un Ministerio de Sanidad y Seguridad Social cuyas prestaciones vengan financiadas totalmente por los Presupuestos del Estado.
Finalmente, en referencia a los circuitos privilegiados de crédito, hay que señalar que durante los últimos años más del 40% del crédito del sistema bancario es un crédito protegido por normas administrativas. A resultas de esto muchas empresas pueden obtener créditos a tipos más bajos que los competitivos. Eso supone una disminución de los costes de financiación y, por tanto, una distorsión de los precios relativos, que favorece la adopción de técnicas productivas demasiado intensivas en capital. Los circuitos privilegiados de crédito también contribuyen pues a disminuir la demanda de trabajo humano y aumentar la tasa de desempleo.
