Plan informático: la política industrial ¿en segundo plano?

Tras muchos años de lucha al fin se oficializa el compromiso para la elaboración de un Plan Informático Nacional (PIN). La elección de España para la celebración de la conferencia a nivel de ministros de un organismo internacional (IBI), elección presumiblemente no exenta de factores políticos de la burocracia internacional, ha dado pie a la adopción, en Torremolinos, de un compromiso por el que, en menos de un año, España deberá disponer de un Plan Informático.En el BOE del 7 de octubre aparece la disposición para la creación de una comisión interministerial, a nivel de directores generales, que en un máximo de diez meses deberá ofrecer al país el PIN.

Parece oportuno preocuparse por las orientaciones, las decisiones políticas que deben ser necesariamente desarrolladas por el proyectado plan para que éste llegue a ser algo útil a la nación.

En la conferencia mencionada -SPIN/78, Conferencia Intergubernamental sobre Estrategia y Política en materia Informática, celebrada en Torremolinos, del 28 de agosto al 6 de septiembre- se apuntó uno de los riesgos que puede crear la burocracia de la informática en España. La delegación española, al parecer, no incluía una representación suficiente, con voto y/o voz, de técnicos que pudieran abordar las estrategias y problemas del desarrollo de la industria informática. Sin embargo, la delegación contaba, en lugar destacado, al parecer, con una persona perteneciente en aquellas fechas a una multinacional norteamericana del sector.

Curiosamente, la tensión que hubo en la conferencia fue a raíz de los debates sobre políticas de protección a las industrias de informática para los países menos desarrollados, tema que los representantes de EEUU procuraron obviar o desviar. La materialización de tal riesgo podría suponer una penalización de la dimensión industrial en el PIN.

Ya, recientemente, se ha visto pospuesta, por enésima vez, la aprobación de un arancel del 15% como protección a los productos informáticos fabricados por Secoinsa, la empresa nacional del sector.

También es cierto que el arancel tiene menos efectos positivos de lo que algunos creen. No creemos que un arancel del 15% -máximo aplicado internacionalm ente en el sector- tenga más valor que el simbólico, pero corre el riesgo de convertirse, indirectamente, en un marchamo de calidad para los productos importados. Después de todo, la repercusión en el precio final del producto no sería superior del cinco al 7%. Sólo con eso no iban a cambiar los hábitos de compra ni el poder de las multinacionales. También el arancel posee una alta carga demagógica y es la más criticable y frágil de las medidas proteccionistas. Lo lamentable es que hayan sido otras consideraciones las que hayan dificultado su aprobación.

Lo que realmente puede consolidar una industria nacional en las tremendas condiciones de dependencia (no sólo técnica, sino lógica, metodológica, de costumbres, de modas, de poder e influencia, de macropresiones y minilealtades) es la existencia de un mercado cautivo. Y el relativo éxito o fracaso de políticas industriales en informática en diversos países ha estado en función muy directa de la realidad o «nominalidad» de tal mercado.

El primer objetivo del PIN debe ser la reducción progresiva de la dependencia-exterior a todos los niveles, y el control progresivo del modo de utilización de los recursos informáticos, de su eficacia y eficiencia.

La reducción de la dependencia exterior respecto a cualquier suministro básico -y la informática lo es como el petróleo- pasa por la aplicación simultánea de dos principios, en intensidades y ritmos que, políticamente, deben variar en función de las circunstancias y posibilidades:

1. Consumir mejor el producto evitando el despilfarro y reciclando «los residuos» (material hecho caduco por puras razones comerciales).

Esto, a su vez, implica:

- Mejoras de la técnica de uso. La técnica debe orientarse sobre principios diferentes a los defendidos por las multinacionales (aceleración del consumo) e implica la creación de una alternativa práctica de la enseñanza y el desarrollo de métodos enfocados a mejorar la eficiencia.

- Economías de escala y copartición de recursos que permitan generalizar, preferentemente en la Administración, estructuras de menor coste por unidad de servicio. Desarrollo del mercado de servicios con el fomento adecuado.

- Extender un control progresivo sobre los ordenadores de segunda mano, y sobre los períodos en que los modelos «viejos» deben ser mantenidos por los suministradores. Creación de un mercado de segunda mano con condiciones de financiación atractivas («reciclaje de residuos»).

2. Incorporar una cuota creciente de productos nacionales, total o parcialmente, en el consumo anual de tales recursos. Entre las vías posibles pueden destacarse:

- Consolidación de una industria nacional que gane su viabilidad técnica y financiera con un mercado cautivo: la propia administración al 80%, con objetivo mínimo. Ello implica que la Administración tenga un plan y sustituya los «debates para la compra neutral» por la beligerancia directa en comprometer sus compras con productos nacionales, o extranjeros en determinadas condiciones, en horizontes largos (lo que, después de todo, realizan algunos departamentos de la Administración EEUU). El mercado «cautivo» debiera extenderse a todas aquellas empresas que se beneficien de un modo u otro de la Administración.

- Financiar, fomentar y dirigir la investigación fundamental, en electrónica básica y componentes, así como la adquisición de la tecnología exterior precisa.

- Ampliación de las posibilidades de la industria nacional gestionando la participación financiera y técnica de países de condiciones y con voluntades semejantes (otros países mediterráneos, Portugal, países latinoamericanos, etcétera).

- Investigación aplicada en el terreno de los usos y sistemas que puedan ser abordados con la «alternativa nacional».

- Marco financiero adecuado para la financiación de las ventas en el sector privado.

- Potenciar las exportaciones de tecnología mediante la fórmula de comercio de Estado de «buena voluntad».

Con esto tan sólo puede aspirarse a disminuir progresivamente, año a año, el nivel de crecimiento de la dependencia exteribr. Y, no nos engañemos, todos los esfuerzos serán un fracaso, un derroche de recursos, un respaldo, a la larga, para las multinacionales, si no se toma la decisión clave: intervenir el mercado de la forma más práctica, eficaz y menos polémica. Potenciando al máximo la utilización y posibilidades de la industria nacional que debe abrirse y consolidarse sobre un mercado cautivo, pero que debe ser exigida y retada a abrirse un lento y seguro camino propio en mercado abierto. Compitiendo.

Si, simultáneamente, no ataca ese frente «libre» puede fracasar con una clientela amordazada. Pero la «libertad» debe ser apoyada, contrarrestando la presión intelectual y conceptual del oligopolio, con el esfuerzo del Estado por abrir el camino a la objetividad. El Estado, la sociedad española, debe controlar, y no nominalmente, la formación. Parece que hoy, sin embargo, el intervencionismo no goza de buen cartel. Pero en este campo el intervencionismo inteligente es inexcusable. Sin embargo, puede desviarse hacia lo accesorio, hacia lo demagógico. Algo así ocurrió en Francia con el fracaso del Plan Calcul.