La construcción de centrales nucleares, uno de los aspectos más conflictivos del PEN

EL PAÍS.Otro de los objetivos de esta mesa redonda era abordar los aspectos conflictivos que se plantean en tomo al tema institucional tal y como son abordados en el PEN redactado por el Gobierno. En este sentido sería conveniente conocer los juicios que merece a los asistentes el tratamiento que se le ha dado.Centeno. Mi postura ante este tema ya quedó expuesta en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo. Considero que una medida conveniente sería la de que el Estado se hiciera cargo de la construcción de las centrales nucleares, y la creación de una única sociedad de sistemas agrupando todas las iniciativas privadas y públicas hoy dispersas.

Las razones que respaldan esta conveniencia son de orden financiero, tecnológico y de defensa nacional. Desde el punto de vista financiero, las construcciones nucleares pueden conducir al sector eléctrico a una situación muy difícil. El que sociedades, muchas de ellas pequeñas, inmovilicen para una central cifras del orden de los 80.000 millones de pesetas a los cuales van a tardar diez o más años en comenzar a obtener rendimiento, no me parece que sea la mejor, fórmula de utilizar el capital de los inversores privados. De hecho, la situación financiera del sector está empeorando progresivamente desde que comenzaron las grandes construcciones nucleares hoy en curso, y que desbordan las posibilidades reales de nuestras empresas.

Desde el punto de vista tecnológico, es evidente la conveniencia de que el país obtenga lo más rápidamente posible una tecnología propia. En mi opinión, únicamente la concentración de esfuerzos agrupando las compras en una sola mano y Id fusión de nuestras ingenierías en una gran sociedad de sistemas (que no tendría que ser mayoritariamente pública, pero sí única) darían la infraestructura necesaria para que el país pueda desarrollar todo el enorme potencial tecnológico que posee en este campo y que la dispersión de esfuerzos y la falta de una política coherente han inutilizado hasta ahora.

Finalmente, estimo que las empresas privadas serían más eficaces que la iniciativa pública en el sistema de distribución y en el manejo de los medios de producción clásica, por lo que no habría la necesidad alguna de nacionalizarlos.

Caretti. No puedo estar de acuerdo con una parte de lo que ha dicho Centeno, aunque sí lo estoy con la política que propugna de desarrollo en España de tecnología de base.

Cuando se argumenta en favor de la nacionalización de la construcción de centrales nucleares y se hace en términos de eficacia, es de señalar que el Estado interviene actualmente a diversos niveles en la construcción de alguna de ellas y no se puede decir que los resultados sean mi mucho menos más brillantes que los conseguidos por la iniciativa privada. En términos de independencia tecnológica, ésta no está supeditada en absoluto al hecho de que sea el Estado el sector privado el que construya las centrales, de lo cual hay diversas y ejemplares experiencias en varios países. Algunos argumentan en favor de la nacionalización que nos ocupa en consideración a la necesidad de promoción y explotación de una tecnología en base, que por cierto es un problema critico no contemplado en el PEN.

En cuanto a las vías para la adquisición de la tecnología de base y para la definición del marco institucional en el cual habrá de desarrollarse, existen ejemplos en el exterior, casos de Framatome en Francia y KWU en Alemania, por ejemplo, de los cuales extraer valiosas experiencias de diverso signo. La adquisición y desarrollo de la citada tecnología deberá basarse en la capacidad técnica y la infraestructura industrial ya suficientemente desarrolladas en el país y es un tema de política industrial lo bastante complejo como para pedir que se huya de excesivas simplificaciones. Por otra parte, quiero indicar que al hablar de este tema frecuentemente se olvida o se ignora un aspecto, esencial cual es la superestructura constituida por la normativa, regulaciones, criterios de seguridad, etcétera, muy relacionada con la tecnología de base y cuya definición y control es la primera y esencial función que ha de cumplir la Administración como paso inexcusable y previo a cualquier otro planteamiento. Por cierto que uno de los límites de la independencia tecnológica está en esa superestructura, la cual sería poco realista, además de práctica, y técnicamente casi imposible crear totalmente en España, por lo que en este aspecto seríamos tributarios del país de origen de la tecnología de base, lo es un factor esencial.

Solana. Inicialmente no iba a entrar en el tema nuclear, ya que lo consideraremos más adelante. Sin embargo, aunque sea sólo somera mente, diré que el problema habría que abordarlo de una forma más global y que yo resumiría en cómo el Estado podría corregir su comportamiento pasado y trazar unas líneas maestras en política nuclear que le permitieran ir por delante de los intereses privados, eliminando de esta forma incertidumbres empresariales y señalando los objetivos y las pautas más convenientes.

Sin embargo, y pasando a otro tema de carácter institucional, considero como uno de los grandes tema el del petróleo y el del ente petrolífero. ¿Qué pasa sobre ese proyecto del Plan Oliart y que el actual PEN no lo contempla claramente?

El PEN del grupo de trabajo, el Plan Fuentes, como queramos llamarlo, trataba de centralizar las participaciones estatales en, el sector petrolífero, aunque no lo sítuaba en ningún lugar concreto dentro de la Administración y si acaso lo dejaba en manos de Economía, ya que la posibilidad de situarlo en el INI habla sido ampliamente contestada. En el tercer PEN, es decir en el de Sahagún, este tema tampoco queda claro, si bien se señala allo sobre la necesidad de coordinar las participaciones sin llegar a entrar en el fondo de los problemas. Pérez Pita. Estoy prácticamente de acuerdo con Roberto Centeno. Sin embargo, me gustaría hacer dos puntualizaciones: en primer lugar, insistir sobre las ventajas que la unificación de tecnología en las centrales nucleares puede tener. España está en posición de crear una tecnología propia al igual que lo han hecho ya otros países que en la actualidad han conseguido una cierta independencia tecnológica en el sector. Con el actual sistema de construcción de centrales nucleares por las empresas privadas, cada una de éstas compra un sistema diferente y así nos encontramos con que una central cuenta con tecnología norteamericana, otra francesa y otra, alemana.

En segundo lugar, no estoy de acuerdo con la total estatalización de ENUSA si no se estatalizan las centrales nucleares. ENUSA tiene, su razón de ser al existir las centrales nucleares. Por otra parte, las inversiones con las que se enfrenta ENUSA en la actualidad son cuantiosas. Mi opinión sobre este asunto es que si el Estado controla ya ENUSA, al poseer, el 60% de ésta, ¿por qué se necesita el 100%?

Triana. Volviendo al aspecto estrictamente institucional, a mi me gustaría comenzar señalando que el PCE defiende el control público de la red de alta y del RECA por lo que respecta a la distribución de electricidad. En el aspecto de explotación energética en general, pensamos que en un plazo medio de cuatro o cinco años se puede ir hacia un sistema mixto de propiedad en que el sector público controle mayoritariamente la producción de la energía de base, ya sea nuclear o de carbón.

En cualquier caso, el problema se centra en localizar las decisiones. Es decir, que el sector público no sólo se encargue de todas las operaciones gravosas, sino que actúe también en la construcción y explotación de las centrales nucleares, ya que los antecedentes existentes hasta ahora nos demuestran que como el sector público se ha manifestado incapaz ante una serie de cuestiones, ha sido el sector privado el que ha mantenido su primacía a nivel decisorio. Y aquí es donde hay que aprender de la experiencia y ésta nos dice que no hay coordinación posible en todo el tema nuclear si las decisiones funda mentales continúan en las empresas privadas.

El PCE considera que creando esa empresa pública en el subsector nuclear a través de las participaciones que el INI tiene en el sector eléctrico es posible llegar a medio plazo, un control mayoritario de la energía nuclear.

Además de esto existen las razones financieras que ha apuntado Centeno, ya que el inmovilizado que es preciso tener para producir un kilowatio es mucho mayor y eso grava extraordinariamente la estructura financiera de la empresa privada. En concreto, tengo ante mí el discurso de Duran Farrell a sus accionistas de Hidroeléctrica de Cataluña -empresa que tiene intereses en el subsector nuclear- en el que dice que la energía nuclear, por su compleja estructura y su tremenda escala de contenidos, desborda ampliamente al sector privado, para expresar, posteriormente su deseo y esperanza que el sector eléctrico privado sepa encontrar con urgencia una actitud imaginativa, inteligente, dinámica y flexible que nos lleve al pacto con esa realidad. En este sentido nosotros condicionamos el aceptar el programa nuclear a un control mayoritario por parte del sector público.

Costa. En primer lugar, me gustaría señalar que la nacionalización del sector eléctrico hay que plantearla de forma clara y rotunda y hay que comenzar una estrategía para llevarla a cabo de forma gradual.

Por lo que respecta al tema petrolero, el nuevo PEN es un modelo de falta de claridad, ya que habla de un sistema de coordinación efectiva dentro de las empresas públicamente compartidas. Es decir, nada.

El asunto de ENUSA en el PEN me parece absolutamente escandaloso, ya que el sector privado se va a beneficiar de los logros que pueda conseguir una empresa nacional, y así ENUSA correrá con unos costes que no repercutirán en las empresas privadas que manejarán la energía nuclear.

Rodríguez de Pablo. En general, creo que el Plan Energético aborda más asuntos de los que normal mente se pueden tratar en un único documento. Pretender que un PEN de doscientas interminables páginas pretenda dar una solución a temas tan dispares como la previsión de demanda para un decenio, al plan de abastecimiento, a la política de precios y conservación, a la investigación de recursos, a la orientación y defensa del consumidor y, cómo no, a la contaminación y ecología, además de al estudio de los subsectores eléctricos y de hidrocarburos, todo esto, insisto, en un solo documento y para aprobar de un golpe, me parece excesivo.

De aquí, que piense que entre los numerosos temas que deberían haber recibido un tratamiento individualizado en una política energética rigurosa se encuentra el tema institucional.

En el tema nuclear creo que habría que distinguir los muy distintos aspectos que en esta actividad concurren y que abarcan desde la elección del emplazamiento, hasta el destino del material irradiado, pasando por los aspectos de tecnología, aprovisionamiento, investigación, etcétera. Creo que el grado de institucionalización debería ser distinto para cada uno de estos aspectos parciales y, en principio, veo coherente en términos económicos que la explotación de unas y otras centrales se puede hacer por empresas privadas o públicas. Creo que el tema desborda el PEN y que éste debería contar previamente con una ley como la que existe en otros países sobre materia nuclear.

El tema de la reorganización institucional del sector petróleo, a mi entender, se ha tratado también sin dilucidar previamente si la forma de mercado de monopolio va a continuar en el futuro. Si vamos a continuar con el Estado comprando crudos que entrega a las refinerías privadas, obligando a estas a transportar en los buques nacionales, asignando las producciones de cada refinería, fijando precios de adquisición de productos y precios de venta únicos, sin que las refinerías tengan acceso al mercado interior, con puestos fijos de venta bajo concesión, si todo va a seguir así, en realidad, la reforma institucional sobra. Pero si se considera que con la crisis de la energía ha cambiado algo en la economía petrolera mundial y que es preciso ir dejando que los precios se formen solos en la adquisición, primero, en el consumo interior, después (aparte de la fiscalidad que se decida), si se decide así, entonces estoy seguro que la institucionalización vendrá por sí misma y las resistencias a esa institucionalización se van a desmoronar en buena parte.

En fin, pienso que el tema institucional en el sector energético debe pasar previamente por una liberalización al menos parcial de precios y mercados, y, en segundo lugar, por una potenciación de los servicios administrativos que van a ser cada vez más, necesarios en el futuro si el Estado no quiere perder la iniciativa en este campo. Pretender, en la situación actual de precios y mercados de la energía, la sustitución dela intervención estatal por una extensión del campo de las empresas nacionales creo que puede resultarnos muy costoso.

En este sentido, me gustaría hacer un par de anotaciones a algo que se ha dicho aquí con anterioridad. Creo que la nacionalización de una buena parte del sector eléctrico representa una asignación de recursos excesivamente grande al sector público cuyo control es escaso y se correría el peligro de que no se valorase el coste de ese capital. El segundo punto es si se remumera al capital invertido en el sector eléctrico o en cualquier otro. Lo considero absolutamente necesario, y la única posibilidad de racionalizar la utilización de los recursos en sectores que, como el eléctrico, son tan intensivos en capital, es asignando un coste al capital, y esto tendrá que reflejarse necesariartiente en la política de precios.