La colonia extranjera arriesga la posibilidad de expulsiones masivas

Varias recomendaciones oficiosas de departamentos gubernamentales durante los últimos meses, unidas al decreto de regulación de los permisos de trabajo a extranjeros -publicado el 10 de agosto pasado- han llevado a una situación difícil a la numerosa colonia extranjera que reside en nuestro país, que arriesga la posibilidad de expulsiones masivas a partir de hoy al haber finalizado el plazo concedido para regularizar su situación.Ayer mismo varios letrados del Colegio de Abogados de Barcelona, junto con algunos parlamentarios, se entrevistaron con el ministro del Interior, señor Martín Villa, en un intento de impedir la expulsión de España de los exiliados suramericanos. Al parecer, el criterio del ministro es que no se puede prolongar el plazo para la normalización de la situación legal de los ciudadanos suramericanos. La colonia latinoamericana se estima en 100.000 personas, aunque no existen datos fiables.

Las citadas normas del pasado 10 de agosto disponían que los extranjeros que pretendan realizar en España actividades lucrativas deben solicitar simultáneamente ante el Gobierno Civil de la provincia correspondiente el permiso de trabajo y el permiso de residencia. En cuanto a los extranjeros que no pretendan desempeñar actividades lucrativas estarán sujetos a la posible comprobación por parte de los agentes de la autoridad de que poseen recursos económicos suficientes para su sostenimiento durante la estancia en España y para el retorno al país de procedencia.

Posteriormente se han cursado órdenes concretas a los gobernadores civiles de toda España en torno a la aplicación de dichas normas y, en general, a la regularización de la situación legal de los extranjeros en nuestro país. Esas órdenes tienden a lograr una aplicación restrictiva de las normas en vigor en las que se deba un plazo de sesenta días para que todo ciudadano extranjero procediera a regularizar su documentación.

Problemas derivados de la falta de un trabajo retribuido, donde pueda acreditarse la percepción de un sueldo mensual y aportaciones normales a la Seguridad Social, así como no demostrar la posesión de una determinada cantidad diaria para su sostenimiento pueden acarrear, en el primer caso, la expulsión de España por no concesión de los permisos de trabajo y residencia, y en el segundo, la imposibilidad de residir en nuestro país como turistas.

Por otra parte, las reiteradas peticiones de la colonia extranjera en España -en especial la latinoamericana- en pro de un estatuto del refugiado político no han sido atendidas hasta el momento.