El protagonismo socialista sigue creando problemas en la Junta de Andalucía

El nombramiento de los representantes de la Junta de Andalucía en la comisión mixta de estudio sobre el paro, acordada recientemente por el presidente Fernández Viagas y el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril, volvió a poner de manifiesto las tensiones internas que sufre desde su origen el proceso preautonómico de la región andaluza, tensiones que tomaron la forma, una vez más, de un enfrentamiento entre los dos grupos mayoritarios.La discusión, que dura casi cinco horas, surgió a partir de una propuesta inicial del presidente, en la cuál no figuraba ningún nombre vinculado a UCD ni al PCE. Ambos partidos y el independiente López Martos estimaban que la comisión debía reflejar más fielmente la propia composición de la Junta, a lo que el PSOE replicaba que el presidente, según el acuerdo con Abril Martorell, hubiera podido designarla a dedo, sin contar con los consejeros.

Otro aspecto, no menos importante, del debate estaba centrado en el carácter que habría de tener la comisión. Para los representantes del PSOE, el grupo de trabajo precisaba, dada su finalidad, un contenido eminentemente técnico y estar compuesto por expertos en diversas materias. Por su parte, UCD y PCE estimaban que se valoraría mucho más su función y su importancia si se le daba un carácter político y sus miembros eran elegidos de entre los propios consejeros.

La cuestión quedó finalmente zanjada mediante una solución de compromiso, consistente en conservar el carácter técnico de la comisión que los socialistas propugnaban, pero aumentando a seis el -número de sus miembros (inicialmente se acordó con Abril Martorell que fueran cinco por cada parte): tres del PSOE, o propuestos por este partido, dos de UCD y uno del PCE. El moderador de la comisión será el consejero de Trabajo, Carlos Navarrete (PSOE).

En otro orden de cosas, el Consejo acordó solicitar del Gobierno la urgente modificación del decreto de protocolo, en virtud del cual los presidentes de los órganos preautonómicos, a excepción de Tarradellas, deberán situarse detrás del gobernador civil de cada provincia en los actos públicos y oficiales.