La responsabilidad de la policía

LA OLEADA de atentados terroristas, que ha desbordado últimamente los límites del País Vasco para extender su campo de operaciones a otros escenarios de la Península, sigue eligiendo de manera preferente como víctimas a servidores del orden público. Su objetivo resulta transparente: exasperar a los cuarteles y guarniciones, minar la moral de las fuerzas de seguridad y propiciar esas incitaciones al golpismo que la prensa amarilla de la ultraderecha se dedica provocadoramente a lanzar en una estrategia de agitación desestabilizadora y simple pornografía política.La nota dominante de esta ofensiva criminal es la completa separación entre esos profesionales del asesinato y el medio social sobre el que operan. Sólo en el País Vasco, y en grado cada vez más reducido, cabría localizar segmentos de población donde las heridas todavía no cicatrizadas de la represión pueden llegar a identificarse con esos actos criminales. Pero la inmensa mayoría de la sociedad española, incluida la vasca, ha expresado suficientes veces y con la necesaria energía su rechazo ante esa barbarie que pretende disfrazarse con máscaras políticas. Esta es la diferencia básica entre los regímenes democráticos, que descansan en las libertades y los derechos cívicos y reciben su legitimación del sufragio universal, y los sistemas dictatoriales. En la España democrática, los terronstas, y haciendo salvedades de la peculiar situación del País Vasco, lejos de moverse como el pez en el agua, actúan, por así decirlo, en seco, cortados de esos movimientos de simpatía e identificación sociales que surgen cuando el terrorismo se halla situado también en el poder. Esta es la razón por la que resulta imposible considerar esos abominables atentados como actos políticos; y también el motivo para que resulte difícil admitir que unas operaciones realizadas de forma tan fría y tan desprovistas de respaldo social no sean ejecutadas por profesionales del crimen y movidas por fuerzas internas o externas cuya naturaleza es tan oscura como sospechosa.

Aquí es donde parece necesario referirse a la preocupante incapacidad de nuestros servicios policiales de información para prevenir esos delitos, perseguir y capturar a los culpables, y determinar los verdaderos perfiles de esa monstruosa y criminal conspiración contra la vida de los servidores de las fuerzas de orden público y de los mandos militares y contra las instituciones democráticas. Durante el régimen anterior, grupos de funcionarios del Cuerpo General de Policía fueron especializados en la represión de la oposición democrática; la eficacia de su actuación quedó demostrada y no fue la inoperancia de la Brigada Político-Social la que hizo posible la desaparición de las instituciones de la dictadura; por el contrario, las transformaciones sociales, económicas e ideológicas que. hacían irreversible el tránsito de España hacia la democracia pudieron ser contrarrestadas con éxito durante el último período del régimen por la política represiva. Buena parte de esos mismos funcionarios -de los que constituye un símbolo el señor Conesa- continúan al frente de las tareas de investigación político-policíacas, aunque muchas de sus antiguas víctimas sean ahora diputados. Es, muy difícil no preguntarse: ¿por qué no resultan ahora tan capaces como antaño?

El nuevo marco democrático ha restringido de manera impresionante los comportamienlos delictivos de naturaleza política, ha privado de soporte social y popular a quienes infringen la legalidad con pretendidos motivos políticos, ha relegado a la esfera de la criminalidad marginal a los enemigos de los poderes públicos. El Parlamento. pese a los malos recuerdos que para la oposición democrática evoca cualquier tipo de legislación antiterrorista (utilizada en el pasado para perseguir comportamientos no violentos), aprobó el pasado mes de julio una disposición que refuerza considerablemente las competeftcias de la policía. Los partidos políticos condenan, una y otra vez, con energía y sin la menor reticencia, los atentados perpetrados contra las fuerzas del orden, creando así el clima necesario para que la policía reciba los apoyos sociales necesarios. Los medios de comunicación, sean estatales, de grupos políticos o simplemente profesionales, se han unido, igualmente, a la campaña en contra de la violencia terrorista. Los medios técnicos de que dispone el Cuerpo General de Policía son -creemos- abundantes y modernos. La relación porcentual entre policías (al margen las fuerzas de orden público) y el censo de la población española figura entre las más altas de Europa.

Así, pues, las medidas excepcionales aprobadas por el Parlamento, el respaldo de las fuerzas políticas, el apoyo prestado por los medios de comunicación, la dotación técnica y los efectivos humanos puestos a su disposición privan de excusa a los responsables de la investigación antiterrorista. Ya es un tópico, pero también una necesidad, hablar, a este respecto, del «superagente» Conesa mantenido contra viento y marea en su puesto dejefe de la Brigada Antiterrorista por el Gobierno. La apuesta realizada por el ministro del Interior en favor de este antiguo especialista en la represión antidemocrática ha sido criticada hasta ahora desde enfoques ideológicos, cuando no éticos. Ya va siendo hora de que a los argumentos anteriores se unan los de la simple eficacia, que brilla por su ausencia.

Quede claro, no obstante, que no se trata de convertir al señor Conesa en el chivo expiatorio del fracaso de los servicios de seguridad para detener la ofensiva terrorista y descubrir sus centros directivos, sus fuentes de financiacion y sus apoyos nacionales o. internacionales. Simplemente, es el símbolo de un determinado tipo de funcionario policial mal acomodado a la nueva situación.

Las declaraciones de la Agrupación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía en el sentido de que «están dolorosamente hartos» de la situación las compartimos todos los españoles de bien. Añadimos una: los ciudadanos estamos dolorosamente hartos de ver que funcionarios que pertenecen a la plantilla del Estado y ven asesinar impunemente a los suyos no son capaces de descubrir a los asesinos y mantienen un clima de inseguridad en la calle. Sabemos que, por desgracia, el terrorismo es díficil de combatir y casi imposible de erradicar en las sociedades modernas. Pero también la policía tiene, sin duda, una responsabilidad en todo esto.