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Editorial:

Después de Giscard

ESPAÑA Y Francia deben confirmar, en el plano de las realidades, el nacimiento de una nueva etapa en las relaciones de ambos países. La visita oficial del presidente de la República Francesa, Valery Giscard d'Estaing, tenia este objetivo prioritario y, visto su franco desarrollo y primeros resultados, pueden darse porjustas las palabras del propio Giscard d'Estaing que afirman la instauración de un clima de confianza entre los dirigentes de uno yotro Estado y el comienzo de una nueva era en las relaciones de los dos pueblos.El presidente de Francia no ahorró adjetivos con los que apuntaló su deseo explícito de remozar y situar en la franqueza mutua los contactos transpirenaicos. Reiteradas declaraciones de admiración al proceso democrático español y claras palabras, en su nombre y en el de su Gobierno -oposición aparte- favorables al ingreso de España en las Comunidades Europeas son afirmaciones importantes y nada desdeñables en el plano de la intencionalidad política. Ambas se proyectan, respectivamente, sobre dos iniciativas concretas destinadas a despejar el camino de las nuevas relaciones: el deseo de establecer un sistema de consultas regulares entre dirigentes de ambos países y el proyecto de realizar un inventario de los problemas hispano-franceses que se presentan ante la candidatura de España al ingreso en la CEE.

La primera iniciativa, el sistema de consultas regulares, sin ser España hoy aspirante al eje intra comunitario Bonn-París ni tener una historia bélica como la franco-germana ni, por consecuencia, un tratado de paz, debería incluir un calendario institucionalizado similar al que Francia y la República Federal de Alemania tienen establecido. El propio presidente declaró en Madrid que no se opondría a tal iniciativa, que bien podría estar en la agenda de las conversaciones que el presidente Adolfo Suárez mantendrá en París antes de final de año.

También el proyecto de establecer un inventario de los problemas hispano- franceses que se presentan con motivo de la ampliación de las Comunidades constituye una iniciativa de -interés, aunque, sin duda, mayor para Francia donde el debate' político interno sobre la candidatura española alcanza cotas espectaculares y obliga a la Administración gala a toda clase de precisiones y matices. El inventario (paralelo al que la Comisión Europea establece de cara al dictamen sobre el ingreso de España que debe sancionar el Consejo de Ministros de los nueve) servirá para clarificar las posiciones de uno y otro país y evitar suspicacias y desconfianzas.

Será útil, sobre todo, si se hace de inmediato. El peor enemigo del proceso de integración de España en la CEE es el tiempo, y muchas son las artes de conseguir y justificar retrasos provocados.

La cuestión de las Comunidades Europeas está en el mismo corazón de las relaciones hispano-francesas. Es la piedra angular que ha de sostener el nuevo edificio proyectado estos días en Madrid, y buena prueba de ello lo da el hecho de que la mayoría de las cuestiones bilaterales pasan por el arco de Bruselas. Arco incómodo y útil para los países comunitarios a la hora de definir sus relaciones con los llamados países terceros. Ejemplo oportuno lo ofrecen las relaciones comerciales: España pide a Francia cooperación en materia de pesca y que no imponga su salvaguardia agrícola, textil, siderúrgica etcétera, que obligatoriamente se inscriben en las facultades del Tratado de Roma; Francia se escuda en Bruselas y quiere, sin embargo, que España conceda ventajas industriales bilaterales y que apoye su desarrollo tecnológico y sus compras primeras (aeronáuticas o energéticas, por ejemplo) en París.

El fondo del problema está en cómo y cuándo entrará España en las Comunidades. Y mucho nos tememos que las buenas palabras del presidente Giscard d'Estaing no sean suficientes a la vista de dos importantes nubarrones que se extienden sobre el cielo de la progresión política europea: la reforma de la política agrícola común (PAC) y el proyectado reajuste institucional. Francia es nación promotora de ambos proyectos y el país de más peso de cara al futuro de los mismos. Por ello la inquietud permanece y el presidente Giscard d'Estaing no hizo sino confirmarla en su conferencia de prensa al señalar que estas reformas son tarea propia de los nueve, sin dar el «sí» a la eventualidad de que España pueda incorporarse pronto a la CEE y participar en estos dos proyectos.

También cabe recordar el tema de la cooperación política de los países de la CEE, que funciona de manera paralela al Consejo de Ministros comunitario y tiene corno objetivo la concertación exterior de los nueve Estados. España pidió su ingreso en dicho Consejo de Cooperación -en el que ingresó Gran Bretaña siendo nación candidata- y Francia dijo que ello contaba con el apoyo total de París. ¿Para cuándo?

Por lo demás, Francia ha confirmado su actitud de país comprometido política, social y económicamente con el Tercer Mundo y España reafirmó su actitud de neutralismo activo frente a los países en vías de desarrollo de todo el mundo en busca de la cooperación y el equilibrio. Los últimos discursos del Rey en Pekín y en Madrid profundizan en esta idea, que da peculiaridad a la acción exterior del Estado español. Esta actitud diferencial, que será difícil de conjugar con todo acercamiento a la Alianza Atlántica -bien a su organismo político o a su dispositivo militar integrado-, también ha servido para confirmar la clarificación y la confianza entre París y Madrid, sobre todo frente a la situación conflictiva del continente africano, y en especial, de cara a su zona Norte, desmintiendo el posible, o más bien deseado por algunos, eje París-Madrid-Rabat. Francia no puede pensar en España corno en un país satélite-aliado del área europea y mediterránea.

Por último, merece la pena señalar la ambigüedad y la frialdad con que el presidente Giscard se refirió a la cuestión del terrorismo ETA y sus bases logísticas en el sur de Francía. No es sólo la cuestión del status de refugiado político, lo que está enjuego. Sólo una mucho más efectiva cooperación policial por parte de la gendarmería podría ayudar a erradicar el bandolerismo político de¡ País Vasco español. Ojalá que la visita de la más alta magistratura francesa haya servido para obtener en este terreno algo más que palabras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de julio de 1978