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Juan Palomeras culpa al Gobierno de la irregular marcha de MPI

«La decisión del Consejo de Ministros, por la que se canceló la inscripción del Banco de Navarra del Registro Bancario, fue adoptada sólo por ligera mayoría entre los miembros del Gobierno, en base a una deficiente información», aseguró ayer Juan Palomeras, presidente del MPI Inversiones, en la junta general de la sociedad. El señor Palomeras basó la irregular marcha de MPI -actualmente en trámite de suspensión de pagos- en no haber podido consumar la venta del Banco de Navarra a un grupo empresarial de Pamplona y señaló que todas las irregularidades imputadas a la gestión del banco habían sido «sugeridas» por los dirigentes del Banco de España.

La junta general de MPI Inversiones, principal sociedad del grupo promovido por Juan Palomeras, transcurrió en medio de una constante tensión y duras acusaciones a todo el consejo de la sociedad, especialmente a su presidente, quien en contra de su habitual conducta temperamental se mostró extremadamente humilde y conciliador. El señor Palomeras se comprometió, incluso, a reintegrar -en todo o en parte- los fondos aportados por los 88.000 partícipes de las inversiones del grupo. Para ello requirió la colaboración de los seis representantes de la estructura comercial de la empresa, incorporados ayer mismo al consejo de administración.Juan Palomeras basó toda su estrategia en el desarrollo de la junta, en el supuesto de que una consumación de la operación de compraventa del Navarra, al que llegó a calificar de principal activo de MPI, hubiera reportado importantes beneficios al grupo y facultado su definitiva consolidación. Ante las acusaciones de incompetencia y dudas frente a la honestidad de su gestión, el señor Palomeras remitió cualquier juicio al criterio de los nuevos consejeros, una vez hubieran tenido acceso a todas las cuentas del grupo. En el caso concreto del Banco de Navarra, aseguró que todas las irregularidades que ahora se imputan, o bien habían sido previamente sugeridas por las autoridades monetarias, o eran directa consecuencia de la incertidumbre ante el retraso de la operación de venta, que impidió alcanzar los objetivos previstos de productividad.

El presidente de MPI dedicó buena parte de su intervención a comentar la presunta operación de compraventa del Banco de Navarra, cuyo contrato fue leído por el secretario del consejo a todos los accionistas presentes -menos del centenar, representando al 40% del capital-. Según el documento leído ante la junta, el pasado año fue suscrita una operación de este tipo entre Juan Palomeras y José Martínez, al parecer este último en representación de la Agrupación Industrial de Navarra, y otros grupos regionales cuya identidad no llegó a ser definida. El contrato, obviamente incumplido hasta la fecha, preveía el abono de 4.000 millones de pesetas por el banco y la suscripción por parte del grupo comprador de 706.032 acciones nominales, de mil pesetas cada una, que suponen el 51% del Navarra y constituyen la proporción del capital controlado por MPI y Juan Palomeras conjuntamente. Según los términos del aludido documento, la operación debería haberse consumado antes del 15 de diciembre del pasado año, pero tras los requerimientos efectuados se ha comprobado la insolvencia del señor Martínez y su carencia de poderes reales para acometer operaciones de esta envergadura. En la operación estaba igualmente previsto un canje de acciones del Banco de Toledo -también del grupo MPI- y determinados traspasos de oficinas del Navarra a este último, cuyas características no fueron concretadas. Según el señor Palomeras, la operación fue ratificada por el señor Irazoqui, consejero foral y de la Caja de Ahorros de Navarra, en la sede del Banco de España, ante el subgobernador, señor Latorre, y el director general, señor Madroñero.

Respecto al futuro, el señor Palomeras anunció que requerirá judicialmente -en nombre propio y de MPI- a los actuales administradores del Banco de Navarra para que convoquen juntas generales, ordinaria y extraordinaria, antes de que cumplan los plazos legales marcados para la promoción de recursos contra todas las sanciones y actuaciones emprendidas respecto al banco hasta el momento. Estos plazos concluyen, al parecer, el próximo 15 de julio. En la junta extraordinaria, el señor Palomeras propone un orden del día en el que esencialmente se informe de todas las vicisitudes de la gestión del presente año y las decisiones administrativas adoptadas por el Consejo de Ministros y el Banco de España, básicamente.

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