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Entrevista:José Ramón Lasúen, a EL PAIS

"El Gobierno está Impulsando un relanzamiento ficticio de la economía"

Pregunta. ¿Cómo definiría su posición en el espectro político de Unión de Centro Democrático (UCD)? Respuesta. Soy diputado de la Federación Socialdemócrata (FSD), partido integrado en la coalición inicial UCD, que no quiso luego integrarse en el partido unitario por creer que no correspondía a su electorado. Estoy, por tanto, en préstamo en UCD hasta que se apruebe la Constitución, porque la FSD entendió que ello constituye una tarea prioritaria.

P. Pero su posición cara al exterior parece ser la del eterno inconformista. Algo así como el enfant terrible del partido...

R. No soy, ni me gusta ser enfant terrible. Cumplo a rajatabla con todo lo que es necesario para el fin único por el que estoy en UCD, que es la aprobación de la Constitución. En el resto de cuestiones actúo de acuerdo con el programa de la FSD, que es más progresista en derechos humanos y más realista en lo económico que el de UCD.

P, Si la frontera de su actual vinculación al partido en el Poder es la aprobación de la Constitución, qué espacio político considera podrá ocupar posteriormente?

R. Después de la Constitución, la FSD deberá decidir cuál es su rumbo definitivo. Si se integra en UCD, en el PSOE o sigue su camino independiente, y yo tendré que decidir en función de ello.

P. Otro de los aspectos escasamente clarificados es su papel como asesor del presidente Suárez, su posterior cese en tales funciones y qué está haciendo en estos momentos, en lo político.

R. Fui asesor presidencial a petición de Suárez y le asesoré como creía que era oportuno en temas políticos y económicos, internos y externos. Es conocida mi disparidad respecto a algunas de las prácticas seguidas por UCD; discrepancias que previamente expuse en el seno del Consejo Político. Específicamente, sobre la organización del partido que, por la heterogeneidad de sus votantes yo entiendo debería ser del signo electoral norteamericano o de la mayoría francesa. También discrepe sobre política exterior —especialmente africana y europea—, política económica —de rentas y fiscal, que creo debería ser de corte socialdemócrata europeo— y de derechos humanos. La verdad es que, por lo general, me hacen muy poco caso.

P. ¿Fueron estas discrepancias motivo del cese?

R. Dejé de ser asesor por mutuo acuerdo con el presidente. Estuve dispuesto a ayudarle como embajador extraordinario y. actualmente, aparte de trabajar para conseguir la aprobación de la Constitución, estoy dispuesto —por razones objetivas— a ayudarle como líder de la mayoría futura necesaria, pero sin ostentar ningún cargo.

P. ¿Es usted la única voz crítica y discrepante de UCD? R. No creo que tenga el monopolio de la crítica. Hay muchas personas que discrepan como yo. Mi expresión es más radical porque, como consecuencia de mi experiencia internacional, en países de fuerte tradición democrática, entiendo que la democracia no es consenso sino el disenso.

P. Algunos interpretan como decisiva su intervención en la crisis del pasado mes de febrero. Concretamente, se citan dos artículos publicado en un colega vespertino como detonantes de aquélla. ¿Cuál es su visión de ello? R. Todo lo que publiqué lo había señalado anteriormente —por escrito— al presidente Suárez y expuesto oralmente al consejo político y grupo parlamentario. Ignoro si tuve incidencia o no en el desenlace. Quiero, sin embargo, precisar que la crisis tuvo una gestación larga y compleja. Yo estuve de acuerdo con lo esencial del primer plan Fuentes Quintana y así lo defendí. Estuve en contra del pacto de la Moncloa, que es cuando debió dimitir Fuentes, porque aquello constituyó la inversión real de su política. Después fui crítico de Fuentes porque, tras haber firmado el pacto, quiso implantarlo contra su letra y en el espíritu de su primer plan, lo que todavía resultaba más contraproducente que la aplicación misma del pacto de la Moncloa.

P. En los dos artículos aludidos, usted formulaba negros vaticinios para el futuro de la economía española. ¿Qué se ha cumplido y qué no de aquello? ¿Fueron atendidas sus recomendaciones?

R. Mis vaticinios sobre deflación, colapso de beneficios, inversión y paro se estaban ya cumpliendo, como luego ha reconocido la OCDE. Los que he formulado posteriormente también se están cumpliendo. Para evitar esos cuatro efectos del pacto de la Moncloa que auguré, se está aplicando la solución que igualmente avancé como más probable: aumento de precios agrícolas y tarifas, déficit del sector público y relanzamiento de la oferta monetaria para que la inflación, que podría haber sido del 12-14 %, alcance el 20 % y, de esta forma, no colapsen las empresas públicas, no se destruyan más aún los beneficios y no se hunda todavía más la inversión. Esta solución es menos perversa, pero sigue siendo mala. Es un relanzamiento ficticio, similar a los que se han hecho en los últimos años cada vez que las medidas de solución planteadas —todas incompletas y demagógicas-han empezado a hacer algún efecto. La solución efectiva es la que he recomendado para después de la Constitución, a realizar por un Gobierno de confianza, y que consistiría en reducir el salario real y el consumo e incrementar el ahorro y la inversión en proyectos intensivos de mano de obra y de exportación neta. Este planteamiento es obvio a nivel de familia y también del Estado. En una crisis tan grave como la actual hay que trabajar más, ahorrar más e invertir más. P. Personalmente, se siente más satisfecho con la actual gestión económica de Abril que con la de su predecesor, Fuentes Quintana?

R. La actual es menos mala que la anterior, genera menos paro y menos quiebras a costa de más inflación, pero, como he dicho, no soluciona los problemas básicos; solamente los pospone. Para corregir los hace falta cancelar los pactos de la Moncloa y redactar una nueva política del sentido de la que vengo recomendando, como de nuevo reconoce la OCDE.

P. Tocamos fondo, relanzamiento, estancamiento, apretarse el cinturón... son juicios, pronósticos y propósitos habituales en boca de quienes vaticinan el inmediato futuro o el presente de la economía española. Entre tanto juicio dispar y contradictorio, ¿qué nos espera realmente a los españoles?

R. En el segundo semestre de 1978 habrá una euforia momentánea, porque se está relanzando la demanda mediante un incremento de las disponibilidades líquidas (del 16 al 19 %) del gasto público (30 al 38 %) y los precios agrícolas y tarifas, a costa de que la inflación alcance el 20 % y se reduzca el incremento previsto de las exportaciones (del 13 al 8 ó 9 %). Será, sin embargo, una mejoría ficticia. Después habrá que volver a una política mucho más dura que la actual. Es de esperar que sea dura pero eficaz, al revés de la anterior —dura pero ineficaz— y basada en un cuadro macroeconómico realista.

P. En esa línea, ¿cuál sería su criterio de actuación prioritario?

R. Las prioridades deben ser: 1) reducir el déficit externo, reestructurando el uso de los recursos (es decir, reduciendo demanda interna, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones de bienes y servicios). 2) Reestructurar la demanda interna, reduciendo el consumo y aumentando la inversión. 3) Para ello hay que redistribuir la renta, aumentando los beneficios y reduciendo los salarios (solución socialdemócrata clásica) o, alternativamente, aumentar el ahorro de los trabajadores. 4) Reestructurar la inversión hacia los sectores y actividades que creen más empleo, usen menos capital y energía y generen más exportaciones. Para cumplir todo este cuadro de prioridades hay que actuar en: a) mantener una política monetaria restrictiva y constante, sin los altibajos de la actual, mediante procedimientos de control más elementales pero más efectivos que los practicados, que no consiguen controlar los factores autónomos (sector público, saldo exterior y conducta de los dividendos). b) mantener un control presupuestario efectivo de contención de la demanda real, sin utilizar los créditos y recursos extraordinarios como consecuencia de las crisis sectoriales o de empresas y entes públicos. c) mantener la competitividad externa global mediante una política de cambios real y reestructurar el arancel para facilitar la exportación y fomentar la sustitución de importaciones en los sectores que interesan. d) anular el pacto de la Moncloa, reduciendo el salario real y aumentando el beneficio real, como recomienda la OCDE (o alternativamente incrementando el ahorro de los salarios). e) cambiar el enfoque de la reforma fiscal, que grava el ahorro, especialmente el del pequeño empresario, que es el único que puede resolver el paro, que exige la creación de cien factorías Ford o la dotación de un nuevo puesto de trabajo en cada una de las PME. También habría que desgravar totalmente el ahorro, convirtiendo, por tanto, la imposición progresiva sobre la renta (gasto y ahorro) en progresiva sobre el gasto. f) finalmente, hacer una política industrial del tipo de la recomendada por el Ministerio de Industria y Energía y un plan energético correctamente diseñado y basado en unos precios como los europeos, que se diferencien regionalmente en función de los costes reales. g) por último, también es indispensable la reestructuración básica de la economía española. Estamos especializados en exportaciones intensivas de capital y energía (cemento, siderurgia, petroquímica) o mano de obra (astilleros, textil, calzado...), que son fundamentalmente obsolescentes. Precisamos reestructurar la economía española hacia sectores de tecnología más avanzada, que nos permitan ganar mercados y sin embargo sean intensivos de trabajo (electrónica, instrumento de control y medida, bienes de equipo e ingenierías).

P. El aspecto más dramático de la crisis es el paro. Su nivel es previsible que aumente, pero no se lleva a cabo ni una política de empleo, ni una dotación de subsidio eficaz. ¿Qué tasa de desocupados considera límite en la actual situación española? R. El paro es, efectivamente, con mucho, el problema más grave del país, tanto política como económicamente. Yo creo que con millón y medio de parados (de ellos, un millón con menos de veinticinco años) el país va a la revolución o la contrarrevolución. He advertido desde hace cuatro años lo que iba a suceder y, desgraciadamente, ha sucedido, y ahora tengo que decir que, si no se actúa en serio después de la Constitución, será inevitable que al final de 1979 estemos rozando esa cifra.

P. ¿Qué política de empleo diseñaría?

R. Lo primero es evitar las consecuencias negativas del paro. Es decir, hay que promulgar una ley del Paro que garantice las necesidades mínimas de supervivencia civilizada del parado. Después hay que hacer una política de empleo. No una ley de Empleo, por que no se pueden crear puestos de trabajo por ley. La política de empleo seria, de hecho, consecuencia y parte de la política general que he diseñado anteriormente. A este respecto, las alternativas clásicas, reducidas a lo esencial, son.: ahorro público, inversión pública y empresa pública, que defienden algunos sectores del PSOE y la UCD, o ahorro, inversión y empresa privados, lo que está implícito en el marco de actuación señalado anteriormente

P. No cabe duda que en el diseño de toda alternativa política hay que calibrar el marco de aplicación. ¿Como contempla y valora la Administración española, el empresariado, la clase trabajadora y sus comportamientos? R. Se dice que el empresario español es malo y que la Administración también lo es. Yo creo que lo malo es la clase política, la burocracia estatal que ahoga el funcionariado y para sobrevivir como árbitro enfrenta al obrero y al empresario innecesariamente. Sin el empresario, el funcionario y el obrero no se hubiera producido en España el milagro de los 60

P. No me diga que considera válido aquel modelo de desarrollo...

R. Ha sido la burocracia estatal la que, para salvarse en la transición, ha devorado lo antes construido con muchas dificultades (puestas a su vez por la propia burocracia) por empresarios, funcionarios y trabajadores. Es necesaria una mayor profesionalización del funcionario, una mayor libertad para el empresario y una discusión libre entre los obreros y una clase política que esté más dispuesta a servir que a arbitrar o mandar.

P. Una última cuestión que quisiera plantearle se refiere al modelo al que debemos aspirar. ¿Tiene sentido instalar uno que, como el occidental, está en crisis? Y, en caso afirmativo ¿en qué condiciones debe hacerse?

R. En España hay que implantar el modelo económico y político occidental. Pero lo que se está haciendo, tomar partes de él, es contra producente y puede impedir su aplicación real futura. Sinceramente, no creo tengamos otra alternativa. Lo que pretendo recomendar es que se adopte lo más posible en la forma revisada de aquellos países que ya están superando la crisis (República Federal de Alemania, Estados Unidos. Japón e Inglaterra). Estoy criticando a quienes de forma consciente o inconsciente quieren que adoptemos una forma del modelo occidental fracasado y superado (sobre todo, Italia y Portugal). Creo que podemos evitar el caos italiano y desde luego no podemos Pegar al portugués. Nuestra referencia realista debe ser Italia como mínimo y Francia como máximo. En economía, debemos igualar la eficacia italiana. En política, hay que evitar su modelo, que es a lo que de momento estamos abocados. No creo que podamos adoptar el modelo alemán, pero todavía podemos, en lo político, aproximarnos a francés. Lo que no quiero en absoluto, y es el peligro que veo, es que lleguemos a la economía portuguesa y la política italiana.

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