Política de empleo

DESDE MEDIADOS de 1974, comienzo de la grave depresión que todavía hoy padece la economía, a diciembre del pasado año, la población española potencialmente activa aumentó en 1.230.000 personas; al mismo tiempo disminuía la población activa y aumentaba en 523.000 el número de parados. Este incremento del paro, de magnitud nunca experimentada en nuestra reciente historia económica, se concentra fundamentalmente en cuatro regiones: Andalucía, Canarias, Extremadura y Castilla la Nueva. La construcción, seguida de la industria, es el sector más afectado por la falta de empleo. Su distribución por edades revela que al finalizar 1977 nada menos que el 58 % de los parados eran jóvenes de veinticinco años o menos.Vienen estas cifras a colación de la reciente proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en la que se pretende ampliar las prestaciones de paro a sectores de desempleados que hoy en día no las perciben. La proposición ha originado una viva polémica en lo referente a su financiación, aspecto en el cual el Gobierno y el PSOE difieren. Dicho tema es, en nuestra opinión, si bien importante, subsidiario de otro anterior y de más difícil solución: el problema del empleo.

Un análisis de la actual situación del empleo en España debe reconocer la realidad del paro como problema permanente que no va a desaparecer con la recuperación económica, cuando se produzca, si bien ésta lo amortigüe. En los actuales niveles, las empresas tienen un amplio margen de capacidad sin utilizar y, lógicamente, recurrirán a un aumento en las horas trabajadas antes de ampliar su plantilla. Las repercusiones de tal política serán graves, pues amenazan con ampliar los actuales desequilibrios regionales e incrementar el paro entre las categorías laborales marginales -jóvenes y mujeres-. Ahora bien, una política que se propusiese la tarea de eliminar el paro como prioritaria tropezaría pronto con esos dos obstáculos constituidos por la inflación y el déficit exterior.

Es indiscutible que tal situación es consecuencia de los errores del pasado. De unos planes de desarrollo mal concebidos y peor ejecutados; de la existencia de circuitos. privilegiados de financiación, suministradores de capital a costes artificialmente bajos, con su consiguiente repercusión sobre la asignación de recursos productivos; así como de¡ excesivo apoyo fiscal o determinadas modalidades de inversión en bienes de equipo. En épocas más recientes debe pasarse su tanto de culpa a una doble falacia de planteamiento cuyas consecuencias han agravado las secuelas de¡ paro: la confusión de quienes han creído que se podía controlar la inflación permitiendo un fuerte incremento del paro y la ceguera de quienes no se percataban que la inflación de costes constituye una barrera de primer orden a la disminución del desempleo.

A este panorama debe añadirse los frutos de una política industrial volcada hacia la gran empresa, especialmente la gran empresa exportadora. La conveniencia de alentar las exportaciones y reducir el déficit exterior ha conducido a incentivar unas industrias con fuerte intensidad de capital, cuyo sostenimiento implica aumentos constantes de productividad -con sustitución creciente de trabajo por capital-. Sin que ello sea caer en el «poujadismo», el olvido de la pequeña y mediana empresa, implícito en esa política, ha incidido negativamente sobre la tasa de paro.

Los sucesivos Gobiernos que han regido la política económica de este país han tomado el empleo como una variable de segunda fila. Semejante, concepción parece continuar vigente a pesar de los pactos de la Moncloa. En efecto, si se examina lo hecho desde octubre pasado para mitigar el paro, el resultado se revela pobre. La lista se reduce a unas medidas referentes al paro agrícola, algunos acuerdos del Consejo de Ministros sobre inversiones públicas y acción regional, acompañados de dos reales decretos, sobre empleo juvenil el uno y, el otro, sobre bonificación en las cuotas de la Seguridad Social a empresas que contraten temporalmente a obreros parados que venían cobrando percepciones de la Seguridad Social.

Por último, conviene advertir de los peligros de caer en la demagogia de intentar una política industrial en la que, so capa de defender el empleo, se sostengan artificialmente y en detrimento de la colectividad nacional -que en definitiva es quien pagaría esos planes de reestructuración-, sectores o industrias ineficaces.