El Estado interviene, temporalmente, la Compañía Metropolitano

El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó el proyecto presentado por el Ministerio de Transportes por el que, por decreto-ley, se interviene temporalmente la Compañía Metropolitano y se envía a las Cortes un proyecto de ley para la definitiva municipalización del servicio. Temporalmente se crea un Consejo de Intervención, que dispondrá de 3.400 millones de pesetas para hacer frente a las obligaciones económicas de la compañía y garantizará el mantenimiento y la seguridad del servicio.

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Transportes y presentado al Consejo de Ministros, consiste en la intervención temporal del Metro madrileño mediante un decreto-ley y el envío a las Cortes de un proyecto de ley, que se tramitaría por procedimiento de urgencia, para la definitiva municipalización de la compañía.El Consejo de Intervención, que se crea como consecuencia del decreto-ley, y que asumirá plenamente las tareas de gestión de la compañía desde la publicación del decreto en el BOE, estará compuesto por seis personas: un representante del Ministerio de Hacienda, otro del Ministerio de Transportes, otro de la Compañía Metropolitano, otro de los trabajadores de la compañía y, finalmente, una persona a plena dedicación que coordinará las tareas del Consejo. Para la gestión de este ente provisional se solicitará un préstamo de 3.000 millones de pesetas del Banco de España, cantidad a la que se suman cuatrocientos millones más que aporta el Ministerio de Transportes, con el objeto de garantizar la liquidez de la compañía temporalmente y el mantenimiento y la seguridad en el transporte.

La filosofía política que ha aplicado el Ministerio de Transportes al decidir que sea el Parlamento quien dé una solución definitiva al problema del Metro, está animada por la previsible oposición del Ayuntamiento madrileño a aceptar la imposición de un decreto-ley de municipalización. Dada la situación financiera del Ayuntamiento es previsible que esta oposición fuera muy fuerte y se achacara al Gobierno la aplicación de una política de hechos consumados. Si el Parlamento decide la municipalización del servicio, como recomienda el Ministerio de Transportes, la oposición se haría no al Gobierno, sino a los representantes elegidos democráticamente por el pueblo español.

El Metro lo pagarán los madrileños

Dentro del proyecto-ley que se envía para su estudio a las Cortes figura la recomendación de que sea el Ayuntamiento quien se haga cargo de los costos que acarrearía la desprivatización del Metro, la creación de un ente municipal del transporte, que se encargaría de la gestión de la Empresa Municipal de Transportes, del Metro y de las líneas concesionarias del Ayuntamiento, así como de la supervisión de las concesionarias del Ministerio de Obras Públicas, de la red ferroviaria de Renfe en las cercanías de Madrid.

Las cargas económicas de la Compañía Metropolitano, con sus deudas y sus inversiones necesarias, suponen la inversión de, aproximadamente, 18.000 millones de pesetas. Estas cargas se repartirían, al 50 %, entre el Estado y el Ayuntamiento de Madrid. Con esta cantidad, en opinión de os técnicos del Ministerio de Transportes, se devolvería el importe de las deudas contraídas o por contraer, se pagaría el Justiprecio a los 24.000 accionistas e inversionistas y se acometerían las inversiones en material para poner en funcionamiento las nuevas líneas.

La política del Ministerio de Transportes respecto a quién debe pagar el Metro es, en función del proyecto presentado al Consejo de Ministros, muy nítida. Los madrileños, mediante un progresivo aumento de tarifas y cargas fiscales serán los encargados de pagar el Metro de Madrid, ya que, según fuentes consultadas por EL PAIS, se piensa que «la política de congelación de tarifas seguida desde hace años ha beneficiado al madrileño y debe ser él quien pague ahora aquel error». Los aumentos de tarifas se harían en la siguiente forma. Diez pesetas el billete normal en julio de este año, aumento a doce pesetas a principios de 1979, aumento a catorce pesetas seis meses después, y aumento a dieciocho pesetas en el año 1980.

La decisión adoptada por el Consejo de Ministros, tras varios meses en los que el tema del Metro era soslayado sistemáticamente de entre las cuestiones a tratar, se ha visto precipitada por los dos últimos accidentes ocurridos en las estaciones de Avenida de América y Sol, en los que más de doscientas personas resultaron heridas. Fuentes del Ministerio informaron a EL PAIS que, no obstante, antes de que se produjera el primero de estos accidentes estaba realizado el estudio que ayer se presentó al Consejo.