Batalla jurídica por acotar el espacio

La distancia que los ocho países reclaman como perteneciente a su territorio nacional, no fue escogida al azar, aunque a simple vista la propuesta unilateral, crear fronteras extraterrestres, suena a pretenciosa. Sin embargo, los 36.000 kilómetros en línea vertical sobre la Tierra es la altura exacta que los científicos calculan como el radio mínimo que un satélite tiene que dibujar en su órbita terrestre para no tropezarse con accidentes como los del Cosmos 954 soviético. Es decir, será la distancia a que una nueva generación de satélites gigantes circulará en una órbita fija con relación a un punto determinado de la Tierra.Desde ese punto imaginario de nuestro cosmos más cercano, los científicos han fijado la llamada «frontera extraespacial» y cualquier espacio o punto que supere esa línea imaginaria sería propiedad de todos. Si se aplicara la terminología marítima, dice el proyecto de estos ocho países, los 36.000 kilómetros primeros serían como el «espacio territorial» de cada país -exactamente, las 200 millas marítimas- mientras que el territorio superior sería el «espacio internacional».

Vistas así las cosas, el proyecto de estos ocho países, que de hecho ya lo han ratificado e impuesto unilateralmente desde hace dos años, puede dar lugar dentro de las Naciones Unidas a una nueva Conferencia del Espacio, muy similar a la que ahora se desarrolla sobre el mar. Pero, según opinan expertos jurídicos internacionales, lo más probable que este nuevo cónclave de discusiones, de llevarse a cabo (aparte de las negociaciones ya iniciadas dentro del marco de la ONU sobre el espacio extraterrestre), acabe como el rosario de la aurora. Discusiones y más discusiones, con cada país actuando a su antojo.

La razón es muy sencilla. La Unión Soviética y Estados Unidos son los dos únicos países, prácticamente, que poseen un nivel de tecnología capaz de instalar, a dicha altura, satélites que dispongan de elementos y artefactos últiles de obtener información valiosa y rentable económica y científicamente. Hasta que la competencia se extienda a otras naciones, su actitud ante estas ideas es de esperar que sea la de retrasar cualquier imposición internacional de normas jurídicas que les restrinjan el enorme campo del espacio.

Pero el temor o la prevención de estos ocho países va por otros lares. Para ellos, evidentemente, existe el problema de la propiedad del espacio, pero lo que también debe evitarse es que nuestro espacio más cercano, comprendido en esta primera distancia de los 36.000 kilómetros, se convierta en una autopista sin reglas ni normas de la circulación de ningún tipo. En fin, alegan, se trata de inventarse un código de la circulación espacial, con señales propias, límites de velocidades y jolgorios de este tipo, que permita circular a satélites de cualquier origen.

Algo de esto, en realidad, ya se temía la NASA norteamericana (agencia USA del espacio) que en el mismo mes, diciembre de 1976, que los ocho países decidieron extender unilateralmente sus «espacios extraterrestres», publicó un estudio sobre las «Necesidades de apoyo orbital y sistemas avanzados del espacio» (años 1980-2000), que consideraba por encima este problema y proponía respuestas a los primeros problemas surgidos en el tráfico espacial.

Uso de satélites

Por de pronto, la NASA parte que el espacio es de todos y alega que existen por lo menos cuatro tratados internacionales que inhiben a un país concreto de adueñarse de cualquier «cuerpo» o espacio que circule por nuestro cosmos. El llamado Tratado de Ley Espacial, de 1967, impediría, pues, que una nación se extendiera de esta forma por el espacio y que, incluso, pudiera adueñarse por su cuenta y riesgo de algunas riquezas descubiertas en otros planetas o en satélites naturales como la Luna.Claro que, desde que Norteamérica ha sido el primer país que ha colocado (en 1969, con el Apolo II) a un vecino terrestre en nuestro único satélite, ciertos abogados espaciales norteamericanos argumentan todo lo contrario, y mantienen que, en casos de este tipo, una nación puede adueñarse momentáneamente de riquezas extraterrestres no reclamadas por nadie de una manera efectiva. Para resolver el entuerto, quizá, las Naciones Unidas han emprendido recientemente discusiones sobre un quinto tratado internacional que reglamente el desarrollo -incluido el urbano- de la Luna.

El punto más controvertido de este nuevo Tratado, parece situarse, en estos momentos, en los usos sobre la Tierra del Espacio. Basta mirar, en esta línea, lo que pasó con el Cosmos 854 soviético. Este satélite realizaba funciones de espionaje marítimo desde el espacio, y el hecho de que se accidentó, al descender inexplicablemente su órbita, permitió conocer que funcionaba con energía nuclear, con riesgos incalculables, y que vigilaba a todo viviente terrestre.