"Transportes debe integrarse en Obras Públicas a corto plazo"

Pregunta. La estructuración actual de su Ministerio obedece a una serie de exigencias políticas planteadas durante la reestructuración ministerial que culminó el 4 de julio. ¿Cómo se concibió la idea de aglutinar Obras Públicas y Urbanismo y cuáles son las posibilidades de nueva transformación en este Ministerio?Respuesta. Durante los pasos previos a la última reforma de la Administración del Estado se estudió y propuso por los expertos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dependiera directamente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a través de una Secretaría de Estado. Por razones políticas, en la formación del Gobierno de 5 de julio del pasado año, el presidente decidió posponer esa integración para más adelante. Desde mi punto de vista esta coordinación e interdependencia entre ambos ministerios debe producirse, sin embargo, a muy corto plazo, y en este sentido hay que decir que contamos con precedentes en otros países como Inglaterra y Francia. Y supongo que no tengo que aclarar que esa coordinación nada tiene que ver con mi posible permanencia al frente de ese superministerio.

La creación de un superministerio de esta naturaleza planteará sin duda problemas políticos, puesto que es previsible que se desencadene una batalla de competencias administrativas porque quien ordene el territorio condicionará otras muchas decisiones económicas.

Creo que esta visión unitaria es clave para abordar con una cierta eficacia y racionalidad los problemas dé infraestructura que se generan en un país moderno. Pero conviene hacer, sin embargo, referencia a otros dos aspectos que responden a otras tantas dificultades que surgirán a lo largo de este proceso de integración.

Por una parte, la organización del territorio con carácter unitario plantea el problema de la previsible reacción de las entidades autonómicas que tendrán a su vez la tentación legítima de ordenar su propio territorio sin interferencias de la Administración central. Hay que aceptar, pues, que vamos a convivir con una situación poco dogmática. Que no sería realista pretender ordenar el territorio sin un proceso previo de debate público y de entendimiento entre el Estado y los territorios autonómicos y que, en consecuencia, este proceso puede durar algunos años. En definitiva, el Estado debería tratar de coordinar las iniciativas que se planteen desde las regiones al mismo tiempo que un planeamiento global de la ordenación de todo el territorio del país.

Por otra parte, existe el condicionante de que dentro de la propia Administración del Estado no hay conciencia de la importancia de la ordenación del territorio. Es por ello por lo que la implantación de estas ideas llevará tiempo, porque existe una serie de compartimentos estancos en la Administración, que defiende sus propias competencias desde una concepciión del poder que responde a la etapa política anterior. Sin embargo, desde una política de partido veo perfecta mente factible llegar a esa visión realista de vasos comunicantes entre diferentes ministerios y organismos. Porque ahora el MOPU tiene competencias que interfieren con las de otros ministerios como el de Economía, Industria, Agricultura, Comercio y Turismo y Cultura.

Por ejemplo, en el tema de los servicios hidráulicos -de importancia vital para la ordenación del territorio- se producen y se pueden producir en el futuro, problemas de difícil solución, ya que hay zonas de competencia en las aguas -subterráneas entre este Ministerio y el de Industria, problemas que pueden agravarse en razón de las competencias entre cuerpos profesionales distintos. Del Ministerio de Agricultura depende el IRYDA, algunas de cuyas actividades y funciones se mueven en el ámbito del medio ambiente. Comercio y Turismo ejerce su actividad en la urbanización de zonas turísticas y en el ámbito de la construcción de puertos deportivos. La dirección del patrimonio histórico-artístico depende del Ministerio de Cultura, mientras que las direcciones generales de Arquitectura y de Urbanismo, que dependen del MOPU, tienen atribuidas competencias que pueden solaparse. Con el Ministerio de Economía existen zonas de posible conflictividad en materia de ordenación y acción territorial. Todas estas interferencias repercuten de hecho en la eficacia y operatividad de los organismos del Estado.

P. Esta teoría, que culminará con la creación del Ministerio de Ordenación del Territorio, supondría la inversión de una considerable cantidad de tiempo y contrasta bastante con la urgencia que genera esa sensación de provisionalidad que parece flotar en el ambiente del actual equipo ministerial.

R. Sí, ciertamente ese sería el tercer punto a tener en cuenta para el desarrollo de estas ideas. La provisionalidad de la vida política, como consecuencia de las tensiones del momento que vivimos, hacen que los equipos directivos de los ministerios se sientan acuciados por los problemas inmediatos y tengan, a veces, que resolverlos con precipitación y pierdan de vista una perspectiva más general. Todos tratamos de superar este clima y, desde la Subsecretaría de Ordenación del Territorio, se está haciendo un planteamiento general que quisiéramos ver terminado a finales de junio, para dejar sentadas las bases de una política de ordenación del territorio y desarrollo de la infraestructura a medio y largo plazo. Con la estructura actual de MOPU, sin embargo, es muyo difícil gobernar con el máximo de eficacia.

'A veces se utiliza el urbanismo como bandera política'

P. Hace meses que comenzaron las reuniones de técnicos del MOPU con representantes de partidos políticos y parlamentarios madrileños que, en parte, pueden suponer un conocimiento sobre la acept ación o rechazo que esta forma de plantear su política supone para los diferentes partidos. ¿Cuál es la colaboración que espera de los partidos sobre su política urbanística?

R. Todos los partidos políticos han adquirido conciencia de la gravedad de los problemas urbanísticos y algunos de ellos cuentan con hombres destacados, con profesionales expertos en la definición de esa política a medio y largo plazo. Pero sigue siendo verdad, sin embargo, que el urbanismo, a.nivel político, es de esos temas de los que todo el mundo puede hablar, que todo el mundo puede tocar superficialmente en una conversación y muy pocos saben realmente delo que están hablando. Muchas veces el urbanismo es simplemente una bandera política donde se mezcla la demagogia con la denuncia de situaciones históricas difícilmente reversibles. Y otras veces se plantea sobre la base de soluciones financieras imposibles por falta de realismo o desde esquemas teóricos de muy escasa viabilidad.

Yo diría que contamos en España con profesionales tan capaces como puede haberlos en el extranjero, pero carecemos todavía de medios presupuestarios para afrontar con realismo los problemas que resultan de tantos años sin urbanismo y que sólo en la medida en que los partidos políticos hagamos con realismo esta labor y en la medida también en que la opinión pública presione sobre la burocracia del Estado y de los municipios podríamos cambiar sustancialmente la tendencia de estos últimos años.

P. Esta posibilidad de hacer demagogia a la que alude, ¿no puede volverse contra un Ministerio que se llama de Urbanismo, por primera vez, y no de Vivienda?

R.En materia de urbanismo no hay que hacerse excesivas ilusiones a corto plazo, y comprendo que esta afirmación puede desatar muchas críticas, pero en política hay que ser realista. El urbanismo en nuestro país está muy condicionado por la historia pasada, y pensar que Madrid, Barcelona, Ciudad Real o Valladolid vayan a convertirse en ciudades más confortables en un tiempo breve es imposible, porque el deterioro que se ha producido es de tal naturaleza que modificar la tendencia que ha conducido a esta situación llevará años y costará muchísimo dinero. Realmente es difícil comprender, y mucho más difícil justificar, que ciudades como Albacete o Ciudad Real hayan crecido verticalmente en una inmensa llanura, en una planicie de tierra de muy bajo costo porque era relativamente poco rentable. Esta forma de actución es un disparate y sin una filosofía urbanística nueva es difícil que cambie el panorama.

P. ¿Cuál es esa tendencia nueva que usted quiere implantar?

R. En el urbanismo caben de hecho dos alternativas. De una parte, el urbanismo libre, que es tanto como decir la falta de urbanismo y cuyo ejemplo claro es el que se practica en Estados Unidos, donde existe poco planeamiento a nivel central y local y donde los problemas se resuelven con inversiones masivas pára facilitar los problemas de accesos y equipamiento que, previamente, ha causado un crecimiento libertarlo, no sujeto a módulos. Evidentemente, este urbanismo se lo pueden permitir naciones con amplias disponibilidades de suelo y economía suficiente.

De otra parte, existe el urbanismo controlado, que se practica en Europa occidental y cuyo modelo podría ser Gran Bretaña, en el que existe un planeamiento estricto. Creo que en nuestro país hay que ir a un modelo que cuente con la opinión pública y concretamente con los vecinos, que deben ser quienes elijan el entorno en que quieren vivir y su desarrollo futuro. El proceso de planificación exige tiempo y no basta con el trabajo de los equipos técnicos del Ministerio. Hay que dotar a los municipios de recursos técnicos y financieros porque el planeamiento hay que hacerlo in situ.

'Los ciudadanos reaccionan antes que los ayuntamientos'

P. ¿A qué se debe el que durante años los municipios hayan actuado sin planificac ión de ningún tipo?

R. Han Influido muchas circunstancias: por una parte, era más rápido y más fácil para ellos actuar de esta forma. Las ciudades tenían que crecer y había que construir más casas sin pensar en las consecuencias. Esta inhibición coincidía con la filosofía política del país en aquel tiempo, la filosofía del crecimiento a cualquier precio, porque no había tiempo para pararse a filosofar. En los ultimos años, ante los graves problemas consecuentes de esa filosofía, se ha empezado a pensar en la necesidad de ordenar el crecimiento y a ellos ha colaborado la exigencia de unos ciudadanos que piden un habitat más humano y más racional. Aquí hay que añadir que las circunstancias del cambio han favorecido sin duda, han hecho posible esta nueva actitud ciudadana, que anteriormente se enfrentaba con el muro de la Administración y de los intereses creados. Los ciudadanos han reaccionado siempre antes que las corporaciones locales, porque, evidentemente, también influyó en el crecimiento desordenado el cúmulo de intereses de muchos propietarios del suelo que, sin planeamiento, tenían mayores posibilidades de especulación. Ahora es precisamente cuando empieza a saberse el coste de esa política urbanística, mejor dicho, de esa falta de política.

Por otra parte, no se puede ocultar que los ayuntamientos de muchísimos pueblos y ciudades españolas estaban controlados, lo están todavía, por los propios propietarios del suelo y por los intereses económicos. Lo que no debe sorprender porque la simbiosis entre la política y las finanzas en nuestro país han sido una de las características de la etapa política anterior.

P. Madrid acaba de estrenar alcalde de UCD. ¿Qué piensa hacer UCD con Madrid ahora que dispone de un hombre del partido en la alcaldía y en teoría no debe haber enfrentamientos entre éste y el Ministerio?

R. Coplaco es un organismo de planificación superior que impulsa y controla el planeamiento a nivel provincial, sin intereses particulares en ningún municipio del área de su influencia.

El Ayuntamiento de Madrid, debido a su importancia, ejerce una influencia muy grande en otros municipios y es lógico que existan algunas discrepancias entre un organismo cuya óptica es más local y la de Coplaco, que es global y de equilibrio entre todos los municipios.

Quizá ha habido falta de coordinación en el pasado, problema que estoy seguro será corregido en un futuro inmediato. De todas formas, siempre existirán puntos de vista diferentes por el protagonismo del Ayuntamiento de Madrid dentro del Area Metropolitana y la visión global y de síntesis que necesariamente debe ser el objetivo de un organismo como Coplaco.

La colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y Urba nismo y el Ayuntamiento consistirá, en principio, en tratar de definir qué debe ser Madrid entro del esquema de la región centro.

En el terreno económico nuestra colaboración puede ser escasa, al margen de continuar la ya iniciada con el anterior alcalde de Madrid en temas como el plan de sanea miento integral. En esta misma línea esperamos concertar con el Ayuntamiento inmediatamente un plan de la red arterial de Madrid, así como un plan de viviendas conjuntas que sirva para paliar en parte este problema. Yo me permitiría decirle desde aquí al alcalde que no espere dinero del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, porque yo muchas veces estoy tentado de pedírselo a él.

'Hay qué delimitar las competencias administrativas'

P. ¿Qué criterios se seguirían para delimitar el área regional de influencia urbanística?

R. Yo establecería aquí dos series de problemas. De una parte, los que se derivan de una estructura administrativa aún por definirse en el sentido de que no existe la coordinación a que antes he hecho referencia entre los ministerios, y, por otra, los que pueden producirse entre este Ministerio, los gobiernos civiles y los ayuntamientos. Esta falta de coordinación será más grave y compleja cuando se produzcan situaciones en donde, por ejemplo, el Ministerio esté dirigido por un político centrista y algunos ayuntamientos por políticos de otras tendencias ideológicas, o viceversa. Aunque sólo fuera por la posibilidad de que se produzcan estas ocasiones en el futuro inmediato es urgente establecer una delimitación inequívoca de las competencias entre todos esos órganos de la Administración del Estado. De hecho en el pasado inmediato se han producido roces entre el Ayuntamiento de Madrid y Coplaco porque de alguna forma saltaban a la superficie dos. concepciones ideológicas en el entendimiento de los problemas urbanísticos, pero no es menos verdad que esas diferencias hubieran sido superables si los límites de las competencias administrativas hubieran estado mejor definidas.

P. Usted ha asumido en Madrid actividades que tradicionalmente han correspondido a los delegados provinciales del Ministerio o a directores generales, en casos especiales. ¿A qué obedece es la actitud?

R. Tanto Rosón como Arespacochaga me dijeron en diferentes ocasiones que mi aproximación tan directa a los vecinos, consecuencia de la política de puerta abierta que se sigue desde este Ministerio, era una política que me desgastaría mucho y no ofrecería resultados tangibles. Pero tanto Rosón como Arespacochaga no me predicaban con el ejemplo, porque ellos mismos han tenido que enfrentarse con esa política de diálogo directo. Pero es que, además, en puestos como el de ministro, gobernador civil o alcalde no queda otro remedio en esta etapa que, quemarse, desgastarse bajando al ruedo, porque la política de verdad consiste precisamente en eso, aunque se tenga la tentación de practicar una más conservadora que era posible en el régimen anterior, porque los cargos públicos no dependían de los electores. En segundo lugar, creo que con esta forma de actuación se descargan muchas de las tensiones que existen entre los administrados y la Administración si se abren las compuertas del diálogo, ya que muchos de los problemas que se plantean vienen determinados por esa falta de comunicación. En mi experiencia personal he notado que casi siempre los vecinos, hasta los más radicalizados por situaciones que son realmente injustas, ante una mesa de negociación están más interesados en establecer puntos de solución que de roces o conflictos. Puedo decir que, en general, las demandas de los vecinos son razonables, aunque es cierto que están hartos de promesas reiteradamenie incumplidas, que les desespera la falta de coordinación de La Administración. Porque, como he dicho antes, es muy frecuente que en el propio Ministerio se tomen decisiones por un departamento que luego incumplen otros; cuando no es el Gobierno Civil o el Ayuntamiento quienes no secundan la labor del Ministerio, o viceversa.

'Es una provocación que haya viviendas vacías'.

P. La ocupación de viviendas es probablemente uno de los problemas socio-políticos más serios con los que ahora mismo se enfrenta su Ministerio. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y qué soluciones se van a arbitrar ante los movimientos de ocupantes?

R. El movimiento de ocupaciones de viviendas ha sido tema preferente de discusión en algunos Consejos de Ministros. Hace dos consejos, creo recordar, se decidió la expropiación por el procedimiento de urgencia de sesenta viviendas de construcción directa por organismos estatales, mal adjudicadas, en Madrid. Este tipo de actuaciones se seguirá en toda España durante los próximos meses.

Puestos a analizar las causas de esta situación, hay que tener en cuenta que el MOPU carece de un cuerpo de inspectores suficiente para hacer un inventario. La solución de este aspecto sería reforzar convenientemente ese cuerpo de inspectores y, de otra parte, seguir en la línea de colaboración con las asociaciones de vecinos, que conocen bastante bien los problemas de cada barrio en esta materia. Lo evidente es que resulta una auténtica provocación el que existan viviendas vacías o mal adjudicadas con el nivel altísimo de demanda que se presenta cada día. Con esta colaboración pienso que conseguiremos, poco a poco, subsanar, de una parte, la hipersensibilidad de los vecinos ante el probledad, y de otra, descargar de dramatismo la herencia dificilísima que hemos recibido.

P. El segundo capítulo importante de esa herencia difícil pudiera ser el plan de viviendas sociales, interpretada por algunos sectores como un desastre de organización, inaccesible a algunos estratos de la sociedad, precisamente a aquellos para los que fue concebido. ¿Qué ha fallado en ese plan, presentado en principio como una auténtica solución? ,

R. No quisiera criticar ese plan, concretamente, porque una de las tentaciones que se producen siempre en la vida política es criticar al antecesor. Y esta es una cadena sin fin. Pero sí, debo decir que, en mi opinión, lo que le ocurría a ese plan de viviendas sociales, ambicioso y con un objetivo encomiable, es que no era un plan realista o al menos ha resultado no serlo en la práctica, porque no ha funcionado y de hecho ha afectado a la construcción de viviendas, no sólo en el sector público sino también en el sector privado. Hablo de falta de realismo porque nada más llegar a este Ministerio tuve una primera sesión de trabajo con los promotores de viviendas, con las Cajas de Ahorro y los banqueros que teóricamente iban a construir y financiar esas viviendas, y comprobé, en primer lugar, que tenían muy poca información sobre el programa en su conjunto, que no aceptaban, por considerarlas poco realistas, las especificaciones técnicas de algunos modelos de vivienda y que quienes debían financiarlas estaban muy fríos con respecto a las posibilidades de ese plan. En esas circunstancias, y habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se inició el estudio de ese plan de viviendas sociales y de la falta de colaboración activa de quienes debían ser principales protagonistas (promotores y financiadores), parece más lógico reconsiderar el plan y tratar de agilizar todo el procedimiento administrativo.

En esa labor estamos, con la dificultad adicional de la crisis por la que atraviesa el país y la dificultad financiera que resulta de las disposiciones adoptadas en los últimos meses.

La verdad es que el plan había aportado unas expectativas inalcanzables y ahora estamos trabajando más sobre la base de destinar la mayor cantidad de fondos presupuestarios posibles a la solución de los problemas de chabolismo e infravivienda y al mismo tiempo crear un mercado hipotecario que resuelva el problema de las clases medias.