Londres y Dublín, cada vez más distantes

El foso entre Gran Bretaña e Irlanda, a propósito del Ulster, se agranda peligrosamente, tras el rechazo airado por el Gobierno de Dublín de nuevas alegaciones británicas sobre el papel que la frontera entre las dos Irlandas juega en las actividades del IRA. Las acusaciones del Gobierno de Londres coinciden con renovadas presiones en el Parlamento, para que se reintroduzcan draconianas medidas de seguridad en el Ulster y con las primeras dos muertes de católicos en lo que va de año a manos de paramilitares protestantes.

Por su parte, el primer ministro de Irlanda ha vuelto a insistir, en una entrevista televisada, en que no habrá paz en el Ulster hasta que Gran Bretaña se retire del territorio. Lynch, que condenó explícitamente las actividades de los «provisionales» católicos, dijo, sin embargo, que su Gobierno y el IRA persiguen el mismo objetivo, aunque por caminos diferentes. Dublín ha calificado de políticamente irresponsables las recientes declaraciones del ministro británico para Irlanda del Norte, Roy Mason, quien dijo en el Parlamento que el IRA hallaba «refugio y descanso» en la República de Irlanda y que la policía del Eire no colaboraba lo suficiente con la del Ulster, como está acordado, en la detección del tráfico de armas con destino a los activistas católicos. Ayer se publicaron las primeras fotografías de militares del IRA entrenándose con la potente ametralladora norteamericana M-60.

Intervención ministerial

El ministro de Asuntos Exteriores de Dublín ha terciado en esta guerra diplomática, afirmando que las invectivas británicas, basadas en presuntos datos del espionaje militar, favorecerán una contraofensiva de terror en Irlanda del Norte a cargo de paramilitares protestantes. Ya se han producido dos muertes de católicos a manos de lealistas, que elevan a diecinueve el número de asesinatos, en menos de dos meses y medio, y devuelven al Ulster al estado de guerra civil larvada característico de los últimos años.El Gobierno laborista se ve, a su vez, presionado en el Parlamento británico para que reintroduzca medidas drásticas de seguridad en el territorio. Especialmente algunos sectores militares y policiales buscarían el retorno del internamiento o la detención, sin proceso previo, de los «sospechosos de actividades terroristas», medida a la que el Gabinete se ha resistido hasta ahora, pero que ya no puede descartarse. El Gobierno entiende que ello destruiría sin remedio las bases sobre las que se asienta la actual política de seguridad en el Ulster, y cuyos resultados a lo largo de 1977 son considerados satisfactorios oficialmente.