Posible creación de un Instituto de Asistencia al Trabajador en la Administración

Existe el proyecto de crear, por parte del Gobierno, un Instituto de Asistencia al Trabajador, en el que quedarían integrados la mayor parte de los abogados asesores de la antigua Organización Sindical y posterior AISS, según han revelado miembros del cuerpo de letrados sindicales de Barcelona. Según las mismas fuentes, el proyecto se acometería poco después de las elecciones sindicales y al mismo se vincularía buena parte del patrimonio sindical, que quedaría adscrito en su totalidad al Estado.Otro de los argumentos que, a juicio de los letrados barceloneses, sería utilizado por el Gobierno sería el bajo índice de afiliación existente en España y la existencia de centros similares en otros paises europeos.

Ante esta posibilidad, los letrados informantes estiman que tal instrumento podría ser utilizado como medio de frenar a las centrales sindicales, especialmente a las mayoritarias, centralizando estatalmente una serie de servicios sindicales. El nuevo organismo no tendría exclusivamente funciones de asesoría laboral, sino que le serían encomendados asuntos de arbitraje en temas menores, descongestionando las Magistraturas de Trabajo y cooperando con la labor de las Delegaciones de Trabajo.

El principal problema que los letrados de Barcelona ven en tomo a la creación del nuevo organismo es su credibilidad, para lo que estiman necesario sean llamadas a participar en sus órganos gestores las centrales sindicales, junto a la Administración, de modo que no pudiera ser utilizado como instrumento en beneficio propio por el partido en el poder. Las centrales no se han mostrado con criterios unánimes al respecto. Así, mientras CCOO estima que el instituto podría ser válido si quedara garantizada su neutralidad e independencia, los representantes de UGT consultados entienden que su creación sería en cualquier caso inconveniente, ya que supondría una competencia a la oferta de servicios por las centrales, principal elemento de captación.

El problema de fondo que subyace en la idea parece ser el difícil encaje que presentan los letrados sindicales, que al pasar al Estado ven limitadas sus funciones, reservadas al Cuerpo de Abogados del Estado en la Administración.