El orden público y la libertad

El tema del orden público preocupa a muchos sectores de la sociedad. Otros lo utilizan como pretexto para una campaña de desestabilización a través de la desorientación y de la inseguridad que producen sus profecías y sus bulos catastrofistas. En todo caso, por lo que tiene el problema de real como por el valor político de la deshonesta y parcial utilización que sectores de la derecha hacen de él, es oportuna una reflexión desde la perspectiva del socialismo democrático.Con carácter, previo al análisis del problema debemos rechazar el planteamiento nostálgico, interesado y erróneo que consiste en afirmar que durante la dictadura había orden público. En los primeros años de la posguerra el -orden público no comprendía al «estraperlo», al mercado negro, ni evitó graves escándalos, como el del consorcio de la panadería. El orden público político se mantuvo a base de docenas de miles de encarcelamientos, fusilamientos y exilios. Si observamos los últimos años ya ni siquiera la tranquilidad en la calle era una realidad. Las memorias de la fiscalía del Supremo desde los años sesenta constatan esta afirmación. Por otra parte, los asesinatos, el terrorismo y el desorden estaban a la orden del día. Y lo que era aún más grave, la aparente paz se mantenía a base de la represión de la mitad de la población y del desconocimiento de libertades elementales y de la seguridad jurídica.

Las visitas nocturnas de la policía, los estados de excepción, la persecución del adversario político a través de los procedimientos y de los tribunales de excepción, como el de Orden Público, las multas gubernativas y el arresto sustitutorio, eran los instrumentos utilizados para defender el orden de la dictadura. Pero eso no era orden democrático, eso no era orden ni seguridad en beneficio de todos, sino que era la fuerza y la violencia al servicio del mantenimiento de la dictadura y de los intereses de una minoría. Era la paz del silencio y de la muerte. Con esos supuestos no se puede construir una sociedad de hombres libres, ni el orden público que necesitamos puede estar mirando hacia atrás con nostalgia de dictadura. Como dice Rousseau en el «Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres», «es la máxima fundamental de todo el derecho político que los pueblos se han dado jefes para que defiendan su libertad y no para que los esclavicen ».

Todos los que miran en este campo hacia atrás, hacia los últimos cuarenta años, son estatuas de sal que se engañan o nos quieren engañar. Se engañan los que con espíritu de sumisión, como esclavos felices, prefieren entregar su libertad y su seguridad a un jefe preclaro para que piense por ellos y les asegure una tranquilidad, por otra parte bastante discutible. Es un modelo preliberal, hobbesiano propio del Estado absoluto e imposible en el siglo XX. Nos quieren engañar los que pretenden colocar a la idea autoritaria del orden público como modelo para la España democrática. Sólo puede servir para proteger los intereses de unos pocos y su supremacía, mientras que la sumisión de la mayoría sería inexorable y conduciría a la servidumbre voluntaria. No se puede ocultar la gran responsabilidad que la mayoría tendría también si aceptase, por comodidad, esos planteamientos. Jaspers será muy duro es una obra de reflexión recién acabada la segundaguerra mundial «Die Schuldfrage», «La. atmósfera de sumisión engendra ya una culpabilidad colectiva.»

El miedo a la libertad no es fundamento de ninguna sociedad humana de nuestro tiempo.

Es evidente que las dificultades son importantes porque la falta de ruptura mantiene vivas a las fuerzas antidemocráticas que intentan desestabilizar la situación española, y que, como decíamos, en este campo del orden público colaboran a su deterioro y además intentan después explotar la situación en su beneficio. Sin embargo, sólo la profundización de la democracia y de las libertades puede ser el camino para la existencia de un auténtico orden público y de una real seguridad.

El orden público democrático descansa en la libertad y la utiliza, no la desconoce ni la disminuye, solamente la define y organiza su ejercicio. El orden público no es el cementerio de la libertad. Una medida en materia de orden público no debe tener en cuenta solamente los beneficios que produce para la seguridad sino también el daño que puede producir a la libertad. Por eso la realidad de las libertades es un componente esencial del orden. Las medidas de orden público, en ese sentido, deben respetar el contenido esencial de las libertades. Así, el orden se define por la libertad que garantiza a los ciudadanos y la libertad por la posibilidad de su ejercicio ordenado. No debe existir ninguna contradicción.

El orden público democrático tiene la misión principal de proteger la libertad.

Por eso debe huirse de esa concepción a la vez restrictiva y negativa del orden público que lo identifica con el orden en la calle y que pretende mantenerlo sólo a base de prohibiciones. Eso que han hecho todos los ministros de la Gobernación del franquismo no es orden público democrático.

El orden público es mucho más amplio que el orden en la calle. Es el orden en la sanidad, en el urbanismo, en los transportes, en el comercio interior, en las comunicaciones, y de ese orden se preocupaba muy poco el franquismo, que favoreció en esos campos el privilegio y la corrupción. Los nostálgicos se limitan a la policía en la calle cuando piensan en el orden público, y los únicos delitos que les preocupan son los que afectan a ese campo. Siempre olvidan las que derivan de esos otros.

La prohibición no es la forma más adecuada para el mantenimiento del orden público. La censura para la prensa, la prohibición de las manifestaciones, la ilegalidad de los partidos políticos son un camino para defender el «orden público» autoritario pero no sirven para el orden público democrático.

Libertad y orden público son inseparables. Desde la democracia se puede combatir racionalmente la violencia y el desorden. Una sociedad democrática no es una sociedad inerte, es, por el contrario, la única sociedad fuerte donde el poder político que fundamenta la validez de las normas se contruye por los mismos que luego tienen que obedecer esas normas. Los creadores del derecho y los destinatarios son los mismos, y el perfeccionamiento de la democracia lleva a que cada vez este proceso sea más puro y más real. Por eso hay que sostener que frente a delincuencia y frente a violencia, democracia, y que el orden público posible y racional es el que garantiza y organiza la libertad.