Las cajas de seguridad, medio para burlar el levantamiento, del secreto bancario

De la actual avalancha de atracos, que algunos quieren confundir con la democracia y otros lo relacionan con el paro y subempleo heredado de la mala gestión económica de bastantes años atrás, hay, sin embargo, quienes salen beneficiados: son los fabricantes de cajas fuertes y sistemas de seguridad, que desde el mes de octubre hasta hoy han visto incrementadas sus ventas de manera espectacular. Ninguno de los empresarios de este sector consultados por EL PAÍS han facilitado cifras concretas sobre el número de ingresos, pero todos han coincidido en que «se están agotando las existencias».Los motivos de esta situación habría que buscarlos en dos hechos: el mencionado incremento de atracos a entidades bancarias y cajas de ahorro (durante 1977 se perpetraron 170 atracos -83 más que el año anterior-, de ellos, 64 corresponden a bancos y 106 a cajas de ahorro y cajas rurales), con un botín recaudado de 180,4 millones de pesetas, y fundamentalmente, el levantamiento del secreto bancario, que entró en vigor el pasado 15 de noviembre.

Por esta causa, las sucursales bancarias ya no disponen de más cajas fuertes en régimen de alquiler para particulares. Están todas cubiertas, ya que este tipo de cuentas están exentas de la orden del Ministerio de Hacienda referente a la obligación de los bancos de dara conocer el nombre y número de carnet de identidad de las personas que guardan su dinero en la caja común de la entidad. Hasta el extremo de que las sucursales de reciente inauguración están pidiendo a sus clientes el doble del precio normal de alquiler, debido a la fuerte demanda. Algunos cálculos sobre las cajas bancarias de alquiler arrojan un aumento reciente de 120.000 millones de pesetas, cantidad a la que el fisco nunca podrá tener acceso. En los últimos meses, se han alquilado alrededor de 40,000 cajas fuertes, con una capacidad (las más reducidas) de tres millones de pesetas en billetes cada una.

Transformar él dinero en oro

Otro sector que indirectamente también se beneficia de la situación, robos aparte, son los joyeros, que han multiplicado notablemente sus ventas. Los españoles que no se resignan a pagar sus impuestos están transformando su dinero en oro y piedras preciosas, propiedades sobre las que tampoco tienen obligación de declarar. Entre la adquisición de cajas fuertes por particulares y bancos en régimen de alquiler, compra de joyas y discretos envíos a Suiza por parte de los más poderosos, la tan necesaria reforma fiscal va a ver mermados considerable mente los efectos que espera recabar para sanear la economía del país.

De todas maneras, no puede decirse que se vaya hacia una descapitalización bancaria importante, a pesar de que en este país todavía hay quien se ufana ante sus amigos de tener la «habilidad» de burlar la ley. Los bancos y cajas de ahorros, contaban, en los últimos días, con un depósito de siete billones y medio de pesetas. Pero hasta el ministro de Economía, Enrique Fuentes, reprobó en el Pleno del Congreso del pasado 27 de enero, la actitud de quienes estaban adquiriendo a toda prisa unas conocidas arcas de fabricación nacional. Calificó esta actitud de «aberración económica» y Ramón Tamames, diputado comunista, añadió, a EL PAÍS que el comportamiento de estas personas, «muchas de ellas pertenecientes a la derecha civilizada», como reveló el director de una importante empresa de cajas fuertes, es egoísta e insolidario, postura típica de quienes desean seguir manteniendo sus privilegios económicos contribuyendo lo menos posible en la supresión de la profunda crisis económica que atraviesa la nación.

Necesidad de no evadir impuestos

La derecha nacional ha sido, como es lógico, quien con más reticencias se ha opuesto para la aprobación del levantamiento del secreto bancario y la consiguiente obligación de comunicar a Hacienda la identidad de los cuentacorrentistas, tesis defendidas con más interés por socialistas y comunistas.

Sin embargo, se ha logrado un consenso general entre todos los partidos parlamentarios sobre la necesidad del levantamiento del secreto bancario para que la reforma fiscal alcance la efectividad pretendida.

Pero esta efectividad depende, sobre todo, de la creación de una conciencia nacional tendente a pagar fielmente sus impuestos, caso que puede, resultar difícil en un país donde quien declaraba ante Hacienda con toda honradez era considerado por amigos y vecinos como «un bicho raro». Pero también es cierto que cada vez está perdiendo más prestigio el dicho popular de hecha la ley, hecha la trampa, porque los ciudadanos de la nueva etapa democrática van tomando poco a poco conciencia de que las leyes ya no las hacen «los de siempre para favorecer a los de siempre». Se trata de entender, como bien dijo un diputado socialista ante el Congreso, que «si el contribuyente no paga sus impuestos, no habrá democracia ». Y sin duda, los menos interesados en que se consolide la democracia en España son, precisamente, los de siempre.