El alcalde sólo concederá entrevistas en casos excepcionales

La alcaldía de San Sebastián de los Reyes restringirá notablemente en lo sucesivo las entrevistas personales con la asociación de vecinos de esta localidad, quien, a su vez, ha denunciado públicamente la práctica habitual del alcalde, Felipe Laporta, de concertar entrevistas y no acudir luego a las mismas.Según un escrito enviado por el señor Laporta a Pedro Monge, miembro de la junta directiva de la asociación, «no considera la entrevista personal y directa como el cauce formal idóneo para exponer o solicitar algo de la alcaldía o la Corporación, y ello por cuanto el artículo 372 y concordantes del texto refundido de la ley de Régimen Local establecen el procedimiento adecuado a tal fin» (el citado artículo señala escuetamente que «toda persona natural o jurídica domiciliada en el término de la entidad local e interesada en el asunto podrá dirigir peticiones a las autoridades y corporaciones locales en materia de su competencia»).

El escrito de la alcaldía expone a continuación que lo precedente será la norma habitual, «lo que no impide que cuando las circunstancias excepcionales lo justifiquen se pueda conceder a la junta directiva de la asociación las entrevistas que soliciten», y se advierte que únicamente con la junta directiva se accederá a mantenerlas, para lo cual, y como requisito previo, tendrá que relacionarse siempre los nombres de las personas que la componen.

En cuanto a las solicitudes de reunión personal pedidas los días 10, 11, 12 y 13 de enero, la nota de la alcaldía menciona que los temas de los que se quería tratar ya están contestados en un informe del Ayuntamiento enviado a la asociación.

El problema más relevante que han planteado los vecinos en estos días es el de la urbanización del barrio de La Hoya, verdadero suburbio localizado en las afueras del pueblo, en un terreno lleno de grandes desniveles y sin infraestructura de ningún tipo. Aunque en un principio se asentaron sólo casas bajas, años más tarde se calificó el suelo como zona industrial artesana, y comenzaron a surgir pequeñas industrias entre ellas. Las peticiones de urbanización de los vecinos fueron postergándose durante años hasta que el Ayuntamiento presentó un proyecto, con un coste superior a los sesenta millones de pesetas, que serían pagados en un 90% por los mismos vecinos. La idea fue desechada por éstos, que querían primero conocer el proyecto a fondo y estudiar las partidas económicas. Piden, además, que se les aplique las normas de la ley de Régimen Local anterior, por lo que deberían pagar sólo el 30% de las obras (estos artículos fueron modificados posteriormente, en el sentido de que los beneficiarios deberían correr con el 90% de las mismas.