Recurso contra la amnistía a los presuntos implicados en Montejurra

Juan Francisco Martín de Aguilera, ahogado representante de las familias de las dos personas que resultaron muertas en los sucesos de Montejurra 76, recurrirá contra la aplicación de la amnistía a los tres presuntos implicados en aquellos hechos, otorgada ayer por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. Los tres se encuentran en libertad provisional desde Navidad del 1976. Como se recordará, el 9 de mayo de 1976 cuando los participantes en el «via crucis» carlista pretendían llegar a la cumbre de Irache, un grupo de personas, que se decían partidarias de Sixto de Borbón, disparó, causando la muerte a Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos. Otras doce personas resultaron heridas.

En el auto que concede la amnistía a los tres detenidos por aquéllos hechos se razona que estaban procesados por un delito de intencionalidad política, de los que contempla la ley de amnistía.Puestos al habla con el abogado Martín de Aguilera, éste expresó a EL PAIS su extrañeza por semejante decisión. «El auto de procesamiento de estos tres individuos -afirma- aludía a dos delitos de homicidio, lesiones y daños. Es decir, delitos comunes. El juzgado de Estella se inhibió ante el de Orden Público por estimar que existían además indicios de un delito de desórdenes públicos.»

El abogado carlista señala que cuando el Juzgado de Orden Público dio por finalizado el sumario, recurrió ante el mismo por estimar que la calificación de los hechos era insuficiente. «Se respetó íntegramente el auto de procesamiento del juzgado de Estella y no se aceptó, como nosotros decíamos, que no eran hechos aislados, sino que existía un hilo conductor, político. En concreto, nosotros queríamos que se les procesara en relación con los artículos 260 y 261 del Código Pena¡, que fija los casos dé terrorismo.»« Por eso -prosigue- no comprendo la decisión de la Audiencia de Madrid. En su día no se pudo procesar a estos individuos por un delito político, qué implicaba mayor gravedad en las posibles condenas, y hoy se les amnistía como si fueran precisamente eso, delitos políticos y ni comunes.»

Por su parte, el Partido Carlista (PC), al que pertenecían las dos víctimas de Montejurra, facilitó ayer un comunicado oficial en elque afirma que, puesto que siempre ha luchado por la amnistía total, acepta la de los presuntos responsables de aquellas muertes. «No obstante, considera que los hechos hoy amnistiados supusieron un atentado contra el proceso democrático español, auspiciado y protegido por los demás responsables, amparados en el poder autoritario de aquel entonces.»

El PC expresa también su extrañeza porque los sucesos de Montejurra 76 no hayan sido esclarecidos hasta la fecha y anuncia que la acción civil de los familiares perjudicados continuará su proceso «hasta la total reparación de los daños causados».

Con la aplicación de la amnistía a estos tres procesados, son 142 las personas a las que ha alcanzado la ley aprobada en el Parlamento, hasta la mañana de ayer. Según fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, de los 132 presos excarcelados «ocho son del FRAP, dieciséis de ETA, nueve del MPAlAC, siete sin filiación política conocida, uno del Partido Comunista de Euskadi, cuatro de los GRAPO, cuatro de la OTS y 83 son objetores de conciencia». Se supone que los siete amnistiados «sin filiación política conocida» son los militantes de extrema derecha Mariano Sánchez Covisa, Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Fernández Palacios, tres neofascistas italianos, y el inspector Matute.