El diputado Arana y el financiero Muñoz Ramonet, inculpados en Andorra por estafas

El diputado de Pacte Democratic per Catalunya por la circunscripción electoral de Lérida y dirigente del Partit Socialista de Catalunya (ex Reagrupament) Joaquín Arana Pelegri, se encuentra inculpado por la justicia penal andorrana, desde 1974, sin que ello trascendiera públicamente desde entonces ni originara aún la correspondiente vista oral pública. Se imputan al diputado Arana «varios delitos de estafa y alzamiento de bienes», según auto de fecha 22 de junio de 1974, firmado por el batlle episcopal (figura equivalente al juez instructor de la legislación española) Joan Canturri Roca y el secretario-notario Rossend Jordana.

Dicho auto considera presuntos autores de los citados delitos a Joaquín Arana Pelegrí y al conocido financiero Julio Muñoz Ramonet persona esta última extremadamente bien conocida en la Barcelona de la inmediata postguerra. En aquel período de autarquía Julio Muñoz estaba económicamente presente en los más variados terrenos, desde el textil hasta el financiero pasando por el mundo de los grandes almacenes. Posteriormente, Julio Muñoz fue considerado por la desaparecida revista SP como vinculado económicamente a los herederos del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, así como con la banca suiza Banque de Saint-Gal, de compleja trayectoria.Julio Muñoz contrajo matrimonio con la hija de uno de los mayores financieros españoles del momento, Ignacio de Vilallonga Villalba, ya fallecido, que fue presidente durante largos años del Banco Central. Por su matrimonio es concuñado de J. Gil de Biedma, Gloria March y Antonio Blasco Oller, todos ellos pertenecientes a otras tantas familias de las altas finanzas españolas.

Por su parte, Joaquín Arana es abogado, originario de Lérida y fue un importante colaborador directo del desaparecido Josep Pallach, si bien sus primeros pasos públicos en el terreno político los dio junto con el ex procurador Eduardo Tarragona Corbella.

Tomó parte, bajo el franquismo, en unas elecciones a procurador en Cortes. Está vinculado a Andorra, donde su esposa ejerce como maestra. En las pasadas elecciones, encabezaba la lista de candidatos a diputado por el Pacte en Lérida. Actualmente pertenece a la importante Comisión de Urgencia Legislativa del Congreso de Diputados.

El auto de inculpación

El citado auto de inculpación -similar al auto de procesamiento de la legislación española-,además de considerar presunto autores de los delitos de estafa y alzamiento de bienes a Arana y Muñoz, inculpa también, en concepto de posibles cómplices, a otras seis personas, entre las que figura un cuñado de Arana, Xavier Llovera Esteve. Con relación a todo ellos el auto acuerda «disponer la libertad provisional de los inculpados».

El auto señala en un extenso resultando diversos hechos. Afirma que Julio Muñoz, presidente de la Cotram Company Inc. era propietario de la finca Arenal de Molines sita en Andorra, entre Les Escaldes y Andorra la Vella, en la principal vía comercial del coprincipado Añade que Muñoz remitió el 9 de enero de 1965, en concepto de prenda, a la Banque Suisse d'Epargne et de Credit sesenta obligaciones de un millón de pesetas cada una de valor nominal, emitidas por Inmobiliaria de los Pirineos, SA, a la que dicho auto califica textualmente de «sociedad ilegalmente constituida por Sociedad de Banca Andorrana», y por Angel Sansa Vidal actuando como fiduciarios de Julio Múñoz. Dichas obligaciones fueron garantizadas con hipoteca que afectó a la mencionada finca. El auto afirma que siguiéndose instrucciones de Julio Muñoz y de su mandatario, Joaquín Arana, la mencionada finca «fue después objeto de transmisiones simuladas, en concepto de libre de cargas, a favor de José Riba Tor y la sociedad Riarsa». Es de señalar que el nombre de esta sociedad está formado por las primeras letras de quienes la constituyeron: José Riba Tor, el propio Joaquín Arana y Juan Samarra Vila.

Las acciones de esta sociedad fueron entregadas, en el mes de febrero de 1968, en concepto de prenda, por parte de Julio Muñoz, a la Banque d'Epargne et de Credit en Liquidation (de la cual no se precisa si la liquidación era de carácter judicial o no). Posteriormente, en nombre de Riarsa, Joaquín Arana efectuó una permuta y una venta de parcelas de la finca. A continuación, por escritura pública, de fecha 19 de mayo de 1969, los tres socios ya citados de Riarsa -entre ellos, pues, Arana- anularon las acciones dadas en concepto de prenda, creando otras nuevas.Más adelante, el auto dice textualmente que Joaquín Arana «actuando en nombre de Riarsa otorgó el 29 de julio de 1970, junto con el señor Xavier Llovera Esteve, una escritura pública simulando un reconocimiento de deuda de aquella sociedad a favor del señor Llovera, de 1.200.000 dólares USA, hipotecando, en garantía de aquella deuda simulada, el resto de la finca Arenal de Molines, y otra parcela adquirida por permuta». Es de recordar que Xavier Llovera es cuñado de Arana.

El auto judicial continúa dicíendo que «también por acto Simulado de fecha 14 de diciembre de 1970, el señor Arana vendió los inmuebles referidos últimamente, con el gravamen de la hipoteca a favor del señor Llovera, a la sociedad Firsa. El auto califica a esta nueva sociedad de la siguiente manera: «Compañía mercantil constituida por los señores Juan Santamaría Tarre y José Cosán Nadal para hacer un favor al señor Arana, al cual estos dos socios nombraron posteriormente consejero-delegado con especial facultad para realizar actos de disposición sobre la repetida finca.

Toda esta causa penal se inició a instancia de Societé de Banque Suisse, que obró judicialmente a través de un abogado. La importancia económica del caso queda esbozada si se considera que el valor de la finca Arenal de Molines debe ser actualmente, según fuentes responsables, de unos doscientos o trescientos millones de pesetas. La instancia penal andorrana es única, de base colegiada y sin apelación. La constituye el llamado Tribunal de Corts, que preside el juez de apelaciones. Este último cargo, cuya importancia no es preciso destacar, es ejercido por José María de Porcioles y Colomer, ex alcalde de Barcelona. Existe ahora una gran expectación ante la apertura de sesiones del ya mencionado Tribunal de Corts, que tendrá efecto el próximo día 21 ó 22 de este mes. Podrá ser entonces cuando el fiscal francés -hasta hace un año no había fiscal en Andorra- instara ya a la celebración de un juicio oral y público, único camino para conocer la gravedad de las inculpaciones.