Las autonomías , punto problemático para la constitución.

La regulación de las autonomías en el proyecto de Constitución -uno de los puntos que aparecen como más problemáticos- no será realizada hasta dentro de dos semanas. El estudio en primera lectura del borrador constitucional podría concluir antes de fin de mes ya que, además del tema citado, sólo quedan por regular las garantías constitucionales, un título relativo a la defensa, orden público y estado de excepción, y la revisión de la Constitución. Así se deduce de la información facilitada por el portavoz de la ponencia Manuel Fraga. Ayer concluyó la regulación del poder judicial y la parte relativa a la Hacienda del título dedicado a Economía y Hacienda.En lo que se refiere a la Justicia, se configuró el ministerio fiscal como enlace entre el poder judicial y el Gobierno y su nombramiento corresponderá proponerlo al Consejo General del Poder Judicial, que se crea en el proyecto de Constitución.

Se establece la participación del pueblo en la Administración de Justicia, si bien queda para una ley posterior concretar si esta participación se instrumentará a través de la institución del jurado o de otras.

Se regula la policía judicial, cuyos cuerpos dependerán con especialización orgánica de los tribunales y del ministerio fiscal, y cuyas funciones serán la de investigar el delito y el apresamiento de los delincuentes.

La responsabilidad penal y civil de los magistrados se regulará asimismo por una ley. Se establecieron también las incompatibilidades de los miembros de la carrera judicial, así como la obligación de no hacer pública muestra de la participación en partidos políticos ni ostentar cargos en ellos. En este aspecto se produjeron sendos votos particulares de los representantes socialista y comunista.

En el título relativo a Economía y Hacienda sólo se reguló el segundo de los temas. La competencia originaría del Estado para la recaudación de tributos se conjugará con la que pueda corresponder a los entes autonómicos cuando éstos se regulen.

Los impuestos, así como las exenciones y desgravaciones físcales, deberán ser aprobados en Cortes.

La elaboración de los Presunpuestos Generales del Estado corresponderá al Gobierno, que deberá presentarlos a las Cortes tres meses antes de que concluya el ejercicio, mientras que la aprobación es competencia de las Cortes.

Por último, el Tribunal de Cuentas se ocupará de fiscalizar todas las cuentas del Estado. La principal novedad de este órgano, que hasta ahora dependía del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, será su dependencia de las Cortes. Sus miembros gozarán de independencia e inamovilidad.

La próxima reunión de la ponencia constitucional se celebrará el martes de la semana próxima.