El Banco de Vizcaya propugna el reparto de la carga equitativa

La respuesta del segundo Gobierno del presidente Suárez a la crisis que viene atravesando la economía española desde 1974 es una respuesta de corte tradicional: devaluación acompañada de plan de austeridad, y medidas fiscales destinadas a la contribución del saneamiento financiero del propio sector público, así como a la distribución con mayor justicia de la carga social de la austeridad programada, dice el Noticiario Económico del Banco de Vizcaya correspondiente al mes de julio.La novedad que ofrece la actual política económica estriba en el talante de negociación del Gobierno y la sensibilidad del mismo ante los costes sociales que implica. Existe además una visión reformista a medio plazo de las transformaciones que es preciso introducir en el funcionamiento de la economía española y en la distribución del producto de la misma.

Las medidas fiscales y los efectos de la subida de los tipos de interés permiten asignar una disminución del ritmo de la demanda global. El mayor problema en la lucha contra la inflación, sin embargo, lo constituyen las medidas encaminadas a reducir la progresión de las rentas monetarias, reducción que el Gobierno estima debe llevarse a efecto a través de topes máximos a las subidas lineales de salarios.

Estas medidas deben de alguna manera pactarse, y el único acuerdo negociable, por el momento, es que las centrales sindicales muestren una posición cooperadora con la acción gubernamental en tanto ésta. produzca los efectos de un reparto equitativo de la carga social de la estabilización.

Si se llega a alcanzar un consenso social de este tipo, los resultados serían claramente favorables. Ganaría la justicia fiscal y la capacidad del sector público para satisfacer las necesidades colectivas. Se consolidarían los avances de los últimos años en la distribución de la renta y permitiría la continuación posterior de este proceso, pero no basado ya en la inflación de costes sino en la redistribución de rentas y de riquezas desde el sector público. Se daría, en fin, a las empresas el margen de maniobra necesario para reordenar los costes y restablecer el margen de beneficios antes de impuestos.