El acuerdo comercial técnico entre España y la CEE ampliada se firmará esta misma semana
«Mi impresión es que el miércoles o el jueves tendremos una pequeña sesión plenaria para intercambiar las cartas de notificación sobre la extensión del acuerdo», declaró a EL PAIS el embajador de España ante la CEE, Raimundo Bassols, después de su entrevista con Roland de Kergorlay, responsable de la Comisión Europea para las negociaciones con España.
«No veo ningún problema que nos pueda impedir la aplicación de las medidas autónomas a partir del 1 de julio», añadió Bassols.Según el jefe de la delegación española que negocia con la CEE, las ofertas comunitarias hacia España pueden calificarse de «aceptables», aunque quedan algunos detalles de redacción.
Paralelamente a los contactos diplomáticos del embajador en Bruselas, sigue reunido el «grupo España», donde los expertos de los «nueve» Estados miembros de la CEE ultiman los detalles del contenido económico y comercial de la ampliación del acuerdo de octubre de 1970, válido sólo para la CEE de los «seis», a la actual CEE de los «nueve».
Se sabe, de fuente comunitaria, que ciertos contingentes que España concede a la CEE encuentran reservas por parte de algunos países miembros. Al parecer, serían esas dificultades de última hora, púramente de orden técnico, las que habrían creado un clima de expectación sobre la posibilidad o no de llegar a una adaptación del acuerdo de 1970, antes de la fecha fatídica del 1 de julio.
De las 84 partidas arancelarias en que España ofrece reducciones, algunos países dé la CEE ponen reservas en seis partidas (material, fotográfico, bebidas no alcohólicas, perfumería, cerámicas, juegos y juguetes) a estas alturas, y después del encuentro Bassols-De Kergoly, no parecen obstáculos serios para impedir el intercambio de cartas antes del I de julio.
En realidad, la idea de adaptar técnicamente al acuerdo, a partir del 1 de julio, fue impuesta por la CEE, en su Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 5 de abril, celebrado en Luxemburgo. Los «nueve» decidieron, unilateralmente, que habría adaptación en dos etapas: una primera técnica (la que ahora se va a realizar) y una segunda de contenido más amplio, con negociación de un nuevo acuerdo en otoño.
La Administración española -que había rechazado siempre la idea de una adaptación en dos etapas- se inclinó ante las presiones de la CEE. Se buscó la estratagema «diplomática» de definir las medidas que entrarán en aplicación el 1 de julio como «autónomas», es decir, que cada una de las partes contratantes puede eliminarlas en cualquier momento, posibilidad que parece difícil, ante las perspectivas de una nueva negociación más amplia, que probablemente se hará con una candidatura de adhesión de España sobre la mesa de negociaciones. Por lo menos no hay ya impedimentos políticos que lo condicionen.
En las cartas de modificación constará la comunicación a las administraciones aduaneras de España, por una parte, y de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, por otra, de las nuevas normas a aplicar para el comercio de productos incluidos dentro del acuerdo comercial preferente de 1970.
Hay que esperar que en dichas cartas figure también el punto clave de garantías «de facto» de que la CEE aceptará ampliar ,el contenido del acuerdo de otoño. De lo contrario -y salvo giro total de la negociación comercial por otra de adhesión- el fracaso de los negociadores españoles en Bruselas sería total.
