Las elecciones imponen una tregua en la conflictividad laboral

Las elecciones generales han impuesto una tregua en la escalada de la conflictividad laboral que durante el pasado mes de mayo inició una nueva etapa de ascensión, tras el paréntesis de tranquilidad que propiciaron en aquellas fechas las centrales sindicales ante la inminencia de su legalización.

Esta tregua, no obstante, no ha logrado impedir huelgas propiciadas desde los últimos vestigios del verticalismo, como ha sido el caso de los conflictos del taxi en Vigo y en Barcelona (en esta última ciudad aún se mantiene el paro, pese a la oposición de las centrales con presencia en el sector, concretamente Comisiones Obreras y el Sindicato Unitario) y de los cines, en Madrid.Estas huelgas, controladas por los líderes de las verticalistas uletés, que se han caracterizado durante los largos años del sindicalismo oficial por la moderación en sus planteamientos reivindicativos, cuando no como colaboracionístas de la represión padecida por el movimiento obrero, han puesto de manifiesto las dificultades con las que habrá de contar aún el sindicalismo democrático para llegar a la clase trabajadora en su generalidad.

Las últimas cifras de afiliación a las centrales sindicales democráticas -facilitadas por estas mismas demuestran la falta de presencia real del nuevo sindicalismo entre los casi nueve millones de asalariados que contabiliza el país. Según estas cifras, la Unión General de Trabajadores, con 323.000 afiliados, es la central que cuenta con mayor número de trabajadores, seguida de Comisiones Obreras, cuyos afiliados suman 271.000. USO contabiliza en la actualidad 160.000 afiliados y la CNT 40.000.-

No obstante lo reducido del número de trabajadores sindicados -consecuencia, por otra parte, del carácter transitorio del momento y de la falta de unidad sindical que propicia la abundancia de fuerzas políticas en liza, cuyos intereses partidistas tienen inmediato reflejo en la masa obrera como fuerza electoral- el poder de maniobra de las centrales ha quedado demostrado con el frenazo impuesto a la conflictividad laboral emanada de la fiebre reivindicativa que alcanza, incluso, a sectores tan habituados a la paz laboral del franquismo como el de la Administración Pública.

De esta manera, colectivos como el de los controladores aéreos, con un conflicto latent e desde, agosto del.p4sado año, los trabajadores no funcionarios de la Subsecretaría de Aviación Civil, cuya máxima aspiración es dejar su actual dependencia militar; los funcionarios de Correos y Telégrafos, cuyas últimas huelgas acabaron por la represión administrativa, pendientes ahora de su futuro como trabajadores del organismo autónomo en que se quiere reconvertir al cuerpo; 'los contratados de la Administración y otros sectores laborales dependientes directamente de la Ad-ministración Pública, han secundado el llamamiento de los; sindicatos democráticos para posponer sus reivindicaciones hasta después de lag elecciones, con el fin de- evitar justificaciones a la desestabilización política en la que parecen interesados sectores ajenos al mundo del trabajo.

Otros sectores laborales almargen de la Administración han seguido en los últimos días la misma táctica, como es el caso de los panaderos -cuyos dirigentes obreros han asegurado la normalidad laboral hasta pasadas las elecciones, pese a tener decidido el recurso a la huelga, como respuesta a la intransigencia patronal en la negociación del convenio colectivo del sector- y el de los trabajadores de hostelería, sector que tiene previsto un nuevo paro en Baleares para después del día 15, también con ocasión de la negociación de su convenio.

Después del 15, ¿caos laboral?

Tan idílico panorama laboral que registra la víspera electoral hace presagiar un estallido de la conflictividad laboral una vez constituidas las Cortes democráticas y desaparecida ya la amenaza de la desestabilización.

Superadas, pues, las circunstancias que hoy motivan la moderada postura de las centrales vinculadas ideológicamente a los partidos denominados obreros, los próximos meses registrarán sin duda un protagonismo de la clase trabajadora, encauzada a través de las, centrales sindicales como interlocutores ante el capital, de una parte, y del Gobierno, de otra.

Descartado el pacto social por los sindicatos y los partidos a los que, se vinculan, en razón de sus respectivas ideologías, la nueva regulación legal de las relaciones laborales será otro de los aspectos a debatir en los próximos meses.

Mientras tanto, sigue sin decidirse, el destino final del patrimonio sindical reivindicado por los sindicatos; el auténtico papel a desempeñar por las estructuras sindicales reconvertida! de la transitoria AISS a la Administración Central del Estado; el reconocimiento de las centrales como portavoces obreros en el seno de las empresas y fuera de su ámbito; la sindicación de los funcionarios públicos y, en fin, el esclarecimiento -del mismo panorama sindical, en el que la profusión de siglas y tendencias sitúa cada vez más lejos la deseada unidad sindical, frente a la unidad patronal alcanzada esta misma semana.