Negociaciones entre la Administración y el personal no funcionario de Aviación Civil

La Subsecretaría de Aviación Civil abonará a los casi 11.000 trabajadores no funcionarios que prestan sus servicios en los aeropuertos españoles los retrasos salariales que, con arreglo a los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional, no percibidos, les adeuda la Administración.

Este acuerdo se adoptó después de que una comisión de cuatro representantes de estos trabajadores se entrevistara el pasado lunes con el subsecretario de Aviación Civil, general Montel. El subsecretario se comprometió, además -según fuentes laborales-, a reconocer como interlocutores válidos a los trabajadores elegidos en la asamblea de delegados celebrada el pasado día 7, y a ofrecer facilidades en el desplazamiento a Madrid de los miembros de la comisión negociadora procedentes de provincias.Respecto a los restantes puntos de la tabla reivindicativa del personal no funcionario de la Aviación Civil (libertades sindicales y 30.000 pesetas de salario mínimo), el subsecretario señaló que éstas no eran materias de su competencia, ya que no estaba facultado para decidir sobre ellas, pero que elevaría las propuestas de los trabajadores «con su total simpatía». Para el lunes tienen prevista una nueva reunión con representantes de la Administración, en que se dará una respuesta a tales peticiones.

Asimismo, la comisión negociadora piensa plantear en la entrevista del próximo lunes la independencia de este colectivo de trabajadores respecto a la jurisdicción militar, aunque la Subsecretaría de Aviación Civil siga dependiendo del Ministerio del Aire. De llevarse a cabo el traspasado de la jurisdicció militar a la civil, podrían acogerse a los derechos sindicales de negociación de convenios colectivos y sindicación.

Precisamente fueron estos dos puntos, la falta de sindicación y la dependencia de la disciplina militar, junto con la demanda de aumentos salariales, los motivos que originaron recientemente un serio malestar entre estos trabajadores, quienes, reunidos en asamblea, no descartaron la posibilidad de acudir a la huelga como medida de presión en las negociaciones.

En este sentido, una comisión de delegados hizo público recientemente un comunicado en el que advertían que, pese a reconocer que su lucha reivindicativa podría ser aprovechada como un elemento desestabilizador del actual momento político (al igual que la de los trabajadores de otros servicios públicos, como los controladores, el personal de los juzgados municipales o los trabajadores de Correos), irían a la huelga como última medida, lo que supondría la paralización total del tráfico aéreo nacional. Sin embargo, miembros de la comisión negociadora manifestaron a EL PAIS que está en su ánimo «la mejor voluntad de diálogo» y que evitarán por todos los medios el verse obligados a adoptar tal medida.