La CEE impone una tregua
EL MANDATO negociador con España, aprobado el martes por el Consejo de Ministros de la CEE (véase EL PAIS de 6 de abril) responde más a condicionamientos de carácter político que a un planteamiento económico. Parece claro que los dirigentes comunitarios no están dispuestos a negociar con un Gobierno cuya perspectiva futura queda limitada por las elecciones del mes de junio. Se ha impuesto, por tanto, una pausa.Pocos dudan a estas alturas en Bruselas que antes o después la Comunidad deberá ser ampliada a los tres países meridionales -España, Portugal y Grecia- que ahora piden entrar. Ello implicará, sin duda, un replanteamiento a fondo de las estructuras comunitarias, casi inservibles ya para un colectivo de nueve Estados que cada vez tienen menos rasgos socioeconómicos y políticos comunes. Pero pocos se atreven a predecir una fecha fiable para que tal cosa ocurra. Mientras tanto, los gobernantes de cada uno de los nueve países comunitarios aspiran a utilizar electoralmente sus relaciones con una España cuyo proceso democrático se halla en vías de consolidación.
Un apoyo indiscriminado a nuestro país, en estos momentos, sería un cheque en blanco que los europeos -todavía preocupados por lo que aquí pueda acontecer- no están dispuestos a otorgar. Las demandas de las organizaciones nacionales de agricultores, y las peticiones sindicales de proteccionismo son, además, elementos que preocupan a los Gobiernos de la CEE. Políticamente existen dudas y económicamente temores, sobre todo a la agricultura española y a la mano de obra emigrante.
Tampoco debe olvidarse que las disensiones internas gravitan enormemente sobre las decisiones comunitarias. Por ello, de alguna manera, el mandato acordado y la tesis de readaptación del acuerdo en dos etapas es una fórmula para tranquilizar a todos los miembros sin contentar a ninguno. A España menos que a nadie.
Nuestro país ha sustentado hasta el último momento su oposición al proceso readaptador en dos etapas y, aunque, no lo haya evitado, conviene descargar de dramatismo la situación que se plantea al futuro de nuestro comercio exterior con los tres nuevos países de la CEE: Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda. Hay que decir que el principal componente de nuestras exportaciones a estos paises -especialmente a los dos primeros- corresponde al sector agrario, y el régimen arancelario para estos productos quedará equiparado al de los restantes países comunitarios durante los seis meses de la primera fase, lo cual perjudicará a los exportadores españoles, aunque haya contrapartidas favorables en el campo industrial.
Los problemas mayores pueden plantearse a partir del 1 de enero de 1978, buando deba entrar en vigor la segunda fase. Antes, ambas partes se sentarán en la mesa de negociaciones, para intentar fijar criterios comunes que readapten globalmente el acuerdo de 1970; algo en lo que las dos partes están interesadas. España porque desea mayores concesiones agrícolas y la Comunidad porque persigue un mejor tratamiento para sus productos industriales.
Para entonces, es de esperar que muchas cosas hayan sucedido en España y posiblemente en la propia Comunidad Económica Europea. Por lo que no cabe hacer pronósticos. Sí hay que decir, en cambio, que el mandato no incluye garantía alguna para España en todo el proceso negociador y que ahí radica el principal peligro de la tesis triunfadora y, es de suponer, el motivo de la férrea oposición española.
Más que un mandato negociador, lo que la CEE ha aprobado es una especie de tregua. El tiempo dirá a quién favorece.
