¿Qué ha sido del "libro-blanco"?

La reciente remoción de altos cargos del Ministerio de Trabajo ha puesto sobre el tapete uno de los temas con que, de una u otra forma, más, tarde o más temprano, tenía que encararse el país: la Seguridad Social.Tres son las líneas en que la Seguridad Social se ha venido moviendo en los últimos meses. Por parte del Poder había, y hay la promesa, aún no cumplida, de elaborar y publicar un libro blanco de la Seguridad Social. Por parte de los empresarios hemos asistido, a una campaña de severas críticas a la política de financiación seguida por la Seguridad Social, en tanto que los trabajadores han centrado sus críticas en la insuficiencia de las prestaciones económicas (desempleo y pensiones especialmente), y en la baja calidad de la asistencia sanitaria ambulatoria en las áreas a las que la Seguridad Social ha llegado.

El libro blanco fue prometido en febrero de 1976, por el entonces ministro de Trabajo, José Solís, que encargó la labor de coordinación al Instituto de Estudios Laborales.

Teóricamente el libro blanco debería servir para poder conocer el auténtico cuadro de situación de la Seguridad Social. Un trabajo de tal envergadura y naturaleza debe servir, de estar bien elaborado, para detectar los problemas de la Seguridad Social, para diagnosticar las enfermedades de un anquilosado monstruo de cientos de cabezas, y, a partir de ahí, para proponer soluciones.

De acuerdo con lo dicho, el libro blanco de la Seguridad Social debía ser el punto de partida de una reforma de la Seguridad Social, de un total replanteamiento de la financiación, de la gestión, de la prestaciones y, por supuesto, del control, hoy inexistente, de la Seguridad Social.

Estas finalidades, a las que teóricamente debe responder el libro blanco, estaban, sin embargo, hipotecadas por la propia naturaleza del proceso de elaboración del libro, ya que para ello no se ha contado ni con la opinión de los trabajadores asegurados, ni con la opinión de los beneficiarios, ni con la de los empresarios, ni con la opinión de los miles de personas que como administrativos, técnicos, sanitarios, etcétera, trabajan en las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Ni que decir tiene que tampoco han tenido oportunidad de dar sus opiniones al respecto instituciones de progresiva implantación en nuestra vida social, como las asociaciones de vecinos, que, como nadie, conocen las insuficiencias de la infraestructura sanitaria de la Seguridad Social.

Pero aún ha habido más ausentes del proceso de elaboración del libro blanco de la Seguridad Social. Me refiero concretamente a los a sindicatos obreros, cuyas opiniones no aparecerán recogidas en las 1.800 páginas del libro blanco, tal vez porque su condición de ilegales era motivo más que suficiente para que los pusilánimes legales no les escucharan. Tal marginación no supone, sin embargo, que el sindicalismo democrático haya permanecido al margen del análisis de la Seguridad Social y de sus problemas, como lo prueba que en septiembre pasado la Coordinadora de Organizaciones Sindicales incluyera en su plataforma reivindicativa un punto, el número veinte, en el que CCOO, UGT y USO piden: Residencias con todos los servicios para cada zona, unidades hospitalarias en cada barrio o demarcacíón; control de los fondos de la Seguridad Social y Mutualidades por los trabajadores y usuarios; participación de los profesionales de la medicina y personal sanitario; inclusión de todos los trabajadores de la industria, servicios y agricultura en la Seguridad Social, sea cual fuere su situación laboral..

El cambio de titular en el Ministerio de Trabajo, tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, supuso una ratificación, reiterada, de la vieja promesa de elaborar el libro blanco, pero no supuso una apertura de participantes en el proceso de elaboración del libro, del que han seguido marginadas hasta el final las auténticas fuerzas sociales.

Con todo ello, el libro blanco estaba condenado a seguir siendo lo que siempre había sido: una obra voluminosa, de varios tomos, hecha por respetables funcionarios y por expertos en la materia, pero, políticamente, un trabajo autocrático de los muchos a que estamos acostumbrados. Sin embargo, ni aun en el mencionado contexto antidemocrático en que el libro ha sido engendrado se puede hablar de que haya existido una elaboración coordinada. Todo indica que más que una auténtica dirección que más que una real coordinación entre los mil autores del libro, lo que se ha hecho es yuxtaponer diversos trabajos parciales, unos, buenos y otros menos buenos, desiguales en todo caso.

El lento proceso de elaboración del libro blanco ha sido aprovechado, de una parte por los empresarios, para pedir y obtener aplazamientos en el proceso de progresiva aproximación de las bases de cotización a los salarios reales, proceso iniciado en 1972, y, de otra parte, por quienes, sin dar importancia a las opiniones de los trabajadores y de los sindicatos, quieren, desde ya, por decreto-ley, cambiar lo que sus antecesores montaron durante cuarenta años, pretendiendo pasar a la historia como renovadores, cuando lo cierto es que, como he señalado, para nada han contado con la opinión de los 31.000.000 de españoles a quienes, mejor o peor, llega la Seguridad Social.