Gran Bretaña, dividida por un plan de cogestión obrera

Un proyecto para organizar la participación obrera en la dirección de las empresas con más de 2.000 empleados fue presentado ayer en Gran Bretaña. Ha sido hecho por indicación del Gobierno y ya ha dividido no sólo a los sindicatos y a los empresarios, sino al propio Gabinete, cuya ala moderada considera inoportunas en este momento las conclusiones del informe.

El documento, realizado por un grupo en el que se incluyen profesores y sindicalistas, señala que los consejos de administración de las grandes compañías deben estar formados por igual número de representantes de accionistas y de trabajadores, junto con un tercer grupo de consejeros elegidos de común acuerdo entre ambas partes. En una primera etapa, el sistema ha de ser supervisado por un comité que vele por el mantenimiento de la democracia industrial. Los autores del informe sugieren la creación de una nueva ley de las empresas, que incluya la consideración de que tanto accionistas como obreros tienen iguales derechos en lo que respecta a la dirección de sus compañías.La Confederación de Empresarios Británicos (CBI) no acepta estas propuestas porque las considera inadecuadas, si se tiene en cuenta que vivimos en la peor crisis económica de nuestra historia reciente. El director general de la CBI ha dicho que si el documento fuese aprobado por el Parlamento y convertido en ley, 6.000 directores de empresas perderían sus empleos.

Los ministros moderados que se oponen a que se considere viable una legislación como la que se propone, dicen que si tal ley fuera introducida, las grandes empresas desoirían sistemáticamente los llamamientos del Gobierno para que incrementen la inversión y desarrollen la industria del país.

Los que apoyan la propuesta, entre los que se incluyen Foot y Benn, los líderes de la izquierda laborista, indican que lo que el informe predica es lo que se señala como uno de los objetivos principales del contrato social, que compromete al Gobierno con el Congreso Sindical.

Para los conservadores, que en los últimos meses han tratado un acercamiento a los líderes sindicales, el proyecto no debe llegar al Parlamento, porque su implementación crearía tensiones insalvables entre los industriales y los sindicatos. James Prior, el político conservador que sirve de portavoz para estos asuntos, ha dicho que en efecto es necesaria una mayor participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, aunque tal participación debe ser producto de un acuerdo y no de una imposición legal.

Para otros críticos del proyecto, que siguen las tesis ya aplicadas en Suecia y en Alemania, la participación directa de los obreros en los consejos de administración de las empresas disminuiría y retrasaría el poder de decisión de estos consejos y despojaría a los sindicatos de una parte importante de su capacidad representativa.

Sin embargo, para los autores del documento, que está firmado por lord Bullock, la decisión legal que proponen tiene que ser tomada tarde o temprano por cualquiera de los Gobiernos que son posibles en Gran Bretaña. Creemos que el cambio de actitud del congreso de los sindicatos (TUC), y su disponibilidad para aceptar su parte de responsabilidad para hacer prósperas y eficientes a las compañías británicas, ofrecen una oportunidad única para crear una base de sincero entendimiento entre los distintos sectores que forman las industrias.

La controversia que ha creado en el país el Bullock report aconseja al Gobierno mantener el debate público sobre el tema, hasta que sean escuchadas todas las sugerencias. Una retirada prematura del proyecto enfrentaría a la Administración con los sindicatos, que consideran, como los autores del informe, que la participación obrera en la dirección de las grandes empresas tiene que ser efectivamente introducida si se quieren preservar las buenas relaciones industriales en el Reino Unido.