Denuncian a una constructora por supuesto abuso en los precios de venta

Un vecino de Madrid, Carlos Domínguez, ha presentado una denuncia ante la Delegación Provincial de Toledo contra la empresa promotora Prorenta, SA. Según el escrito, la promotora cobró un precio superior al permitido oficialmente por la Delegación. Las viviendas están acogidas al régimen de protección oficial, por lo que gozan, entre otras cosas, de la exención de impuestos. En este asunto hay dos aspectos a considerar: primero, que una vivienda, cuyo precio oficial es de 700.416 pesetas se venda realmente en 1.120.416 pesetas. Segundo, que una urbanización de chalets, de tres tipos diferentes, cuyos precios oscilan entre las 650.000 y las 850.000 pesetas, haya podido acogerse al régimen de protección oficial.

Los chalets se están construyendo en el término municipal de El Casar de Escalona, en Toledo, y una de las oficinas de información y venta se encuentra en Madrid. Los chalets se sitúan en parcelas de unos 600 metros cuadrados, y tienen entre 112 y 146 metros cuadrados de superficie construida, en la que se incluye el garaje. La Comisión Provincial de la Vivienda de Toledo acordó el 26 de julio de 1973 de conceder la calificación provisional de viviendas de protección oficial. Esto implica el que estén exentas de pagar derechos reales, y que paguen sólo el 10 % de la contribución urbana durante los primeros veinte años. Además, el ministerio concede a fondo perdido una subvención de 30.000 pesetas por vivienda, y un préstamo, cada grupo de cincuenta, de 12.375.000 pesetas, que será devuelto a partes proporcionales por los compradores.

El denunciante adquirió un chalet de la clase C. cuyo importe máximo autorizado, según el cuadro de precios de la Delegación, es de 700.416 pesetas. Las restantes 420.000 pesetas las cobra la empresa en concepto del terreno de la parcela. El denunciante estima que el precio oficial incluye la finca (término que figura en la escritura) en su conjunto.

El agente de ventas de Prorenta en El Casar de Escalona es Ireneo Sabrido, secretario del Ayuntamiento. Cuando el comprador, después de haber firmado el contrato de compraventa por más de un millón, conoció la valoración oficial del chalet, se puso en contacto con la empresa para reclamar la diferencia, pero sólo recibió negativas a su petición. En marzo del año pasado envió un escrito a la delegación provincial, solicitando información oficial de las cifras, y recibió como respuesta que «para todos estos efectos deberá dirigirse al promotor».

A fines de septiembre él, después de varias gestiones negativas con la empresa que el comprador ha firmado el contrato y letras correspondientes por el valor de 1.120.416 pesetas y no tiene más remedio que pagarlo, se interpone la denuncia ante la Delegación Provincial de la Vivienda, en Toledo. La respuesta no llega hasta el 10 de diciembre, luego de que el abogado del denunciante fuera personalmente a la Delegación, y en ella se le notifica «la incoación del expediente sancionador por infracción al régimen legal de viviendas de protección oficial» y da cuenta de que se han nombrado un instructor y un secretario para realizar las averiguaciones pertinentes. Aún no se conoce el resultado de las mismas.