"El PCE evidencia su voluntad de no ser ilegal", dice Carrillo

Ayer quedaron presentados, en el Juzgado de Orden Público número 1, los recursos de reforma del auto de procesamiento dictado contra Santiago Carrillo y otros siete dirigentes del Partido Comunista de España (PCE), en el sumario número 2.693, que con tal motivo se les ha abierto. Los letrados que -junto con los respectivos procesados- firman dichos recursos hacen dos peticiones: que se acepte el escrito de reforma del auto de procesamiento; y en caso de que no se acepte, que se decrete la libertad provisional de los procesados.

A primera hora de la mañana de ayer, José Manuel López, uno de los abogados de Santiago Carrillo, visitó a este último en el hospital penitenciario de Carabanchel para que firmara el recurso. Una vez obtenida la firma, dicho letrado se unió a Joaquín Ruiz Giménez, también defensor de Carrillo, y ambos acudieron al juzgado para depositar el recurso. Los letrados de los demás encartados acudieron igualmente a las dependencias judiciales para entregar los respectivos recursos de sus defendidos.El recurso de Carrillo

El auto de procesamiento estimaba que los hechos relacionados en el mismo «revisten los caracteres de un delito de asociación ilícita» y asimismo decía que «los cargos dirigentes de los citados encartados, y su activismo en el seno del Partido Comunista, se suceden con posterioridad al 3 de agosto del corriente año 1976».

El escrito de recurso trata de demostrar, en primer lugar, que el Partido Comunista no es una organización clandestina, «y que en toda su actuación evidencia una decidida voluntad de no ser tampoco ilegal». «En reiteradas ocasiones -dice- hemos expresado el deseo de que el pueblo juzgue la actuación del Partido Comunista de España y asimismo su decisión de respetar la voluntad popular libremente expresada».

Afirma después que toda la actuación de Carrillo como secretario general ha estado encaminada a crear las condiciones favorables a la legalización del Partido Comunista, y agrega: «Sin embargo, en un plano de rigurosa objetividad, no ofrece duda que el Partido Comunista se encuentra en una situación completamente semejante a la de los demás de signo democrático. Es pública y notoria la no aceptación generalizada de los requisitos establecidos en la vigente ley de asociación política. Y también resulta sobradamente conocida su causa: el desfase existente entre la ley citada y las aspiraciones de la sociedad española en el momento actual.»

El recurso de Carrillo dice después que negar a determinadas categorías de españoles la participación en la creación del futuro de España implicaría la persistencia de traumas que han de ser superados. «Permítaseme recordar que nuestro partido ha sido el primero en hablar de la necesidad de la reconciliación.» Reitera después la voluntad del PCE de participar plenamente en el establecimiento de una democracia auténtica y esa finalidad tienen las propuestas de una amnistía total -con la que el PCE se encontraría dispuesto a participar en un pacto nacional- y de búsqueda de las soluciones adecuadas para terminar con la inestabilidad de la sociedad española.

Expresa después la evidencia de que el PCE no se propone implantar un sistema totalitario, y «resulta igualmente obvio -dice- que no se encuentra afiliado a organismo alguno de tipo internacional, y por consiguiente, no existe tampoco sometimiento a disciplina internacional. Bastarían para demostrarlo nuestras aportaciones a la discusión política de lo que, con mayor o menor propiedad, se denomina eurocomunismo».

Al solicitar la libertad provisional -para el caso de que el juzgado no estime el recurso-, el recurso de Carrillo, además de citar unas palabras de Alonso Martínez en la exposición de motivos de la ley de Enjuiciamiento Criminal-... «al cabo el orden social bien entendido no es más que el mantenimiento de la libertad de todos y el respeto recíproco de los derechos individuales...»-, manifiesta su voluntad patente de no eludir la acción de la justicia. «Como el juzgado sin duda conoce, durante mi estancia en la Dirección General de Seguridad se me propuso que eligiera entre la salida de España y el paso a la jurisdicción de Orden Público. Sin vacilar escogí la segunda propuesta, con la seguridad de que en mi conducta no había elemento delictivo alguno, y de que al obrar así, contribuía a la legalización del Partido Comunista de España y con ello al establecimiento de bases auténticamente democráticas para la convivencia de los españoles.»

Otros recursos

También se conocen los recursos presentados por Simón Sánchez Montero y Victoriano Díaz Cardiel, a través del procurador de los tribunales Cristóbal Bonilla Sánchez. El escrito está concebido en términos similares a los de Santiago Carrillo. Alega que el PCE no está sometido a ninguna disciplina internacional, ni pretende la implantación de un sistema totalitario.

«Cuantos documentos, periódicos, programas, estatutos o publicaciones en general obren en autos -dice el texto de este recurso- y contengan llamamientos a la implantación de un sistema totalitario o respondan a consignas internacionales, son totalmente ajenos al Partido Comunista de España.»

Menciona también que la presencia del señor Sánchez Montero en el seno de la comisión negociadora, lejos de producir alteración del orden público, fue recibida como factor importante de distensión política. «Por eso hay que deducir que también la libertad en esta ocasión habrá de ser un poderoso estímulo para la distensión ciudadana y que además de responder a criterios rigurosos de interpretación jurídica, será un acierto desde el punto de vistade la normalización del orden público en este difícil momento de transición política.» El escrito está firmado por los letrados Cristóbal Bonilla y Antonio de Rato.

Por su parte, Diego Camazo, defensor de Manuel Azcárate, se manifiesta en términos similares a los demás escritos, a la vez que señala la discriminación derivada de la aplicación del artículo 172 del Código Penal a unos dirigentes del PCE con relación a otros.

PCE: No hay fotos de la detención

Por otra parte, la agencia Cifra distribuyó ayer un espacho en el que afirmaba que existían fotografías del instante en que se produjo la detención de Santiago Carrillo y que obraban en poder del PCE, que se proponía publicarlas en su órgano de prensa. También aseguraba Cifra que los carteles y pasquines pidiendo la liberación de Carrillo estaban confeccionados desde hace tiempo y fueron distribuidos en Madrid en un alto número poco después de que se produjese la detención policial del secretario general del PCE.

A este respecto, la oficina de prensa de dicho partido ha desmentido la existencia de las mencionadas fotografías e igualmente ha considerado falsa la versión de que los carteles estaban preparados con antelación.