Indiferencia popular en Canarias por el proyecto de régimen especial
Con más pena que gloria ha transcurrido el período de información popular acordado por los cabildos del archipiélago para el estudio preliminar del régimen admmistrativo especial de las islas Canarias. El clima dominante en estós dos meses, ha sido el de una general indeferencia ante el proyecto, al que tanto los partidos políticos de oposición como buena parte de los colegios profesionales y entidades ciudadanas, han calificado como «tímido, tecnicista y sin aportación real a los graves problemas que en estos momentos tiene planteados la región».
En general, se coincide en afirmar la inoportunidad del momento de sacar a información popular el documento. En esta etapa de cambio político incesante y con unas elecciones generales a meses vista, en las que tanto pueden variar las ideologías de quienes accedan a los cargos de las corporaciones municipales e insulares.«Creo que lo más prudente por nuestra parte es guardar el proyecto de estatuto hasta que se clarifique la situación política, y el pueblo canario pueda manifestar libremente cuál es la opción de futuro por la que se inclina», declaraba el presidente de uno de los cabildos canarios a EL PAIS, pocos días antes de concluir el plazo oficial de información popular acordado dos meses antes. A juicio de algunos juristas de la oposición consultados, el proyecto de régimen administrativo especial adolece de un vicio de fondo que lo invalida: el haber sido concebido dentro del marco estricto de la legalidad vigente en la época franquista, con las limitaciones propia del proyecto de bases de la ley de Administración Local, y con las escasas posibilidades autonomistas de aquel entonces. En las palabras de los propios redactores del proyecto se reconocía esta limitación. Textualmente se afirmaba «lo que aquí se ofrece no es el ideal de autonomía democrática, ya que para ello se necesitaría que ésta fuese asumida o conquistada, mientras que en el caso presente es sólo otorgada. Las regiones españolas -continúa diciendo- no pueden ir más allá de las sombras de la constitución y su estatuto será más o menos democrático en la medida en que el sistema estatal lo sea».
Línea posibilista
El equipo del profesor Nieto reconoce en su estudio que como técnicos sólo han podido moverse en el estricto campo del contexto jurídico, en una línea posibilista, no opuesto a la autonomía democrática pero llegando sólo a determinados escalones a la misma, aunque con el claro deseo de fomentar la conciencia regional y poner en marcha una experiencia positiva que sirviera de base a textos más ambiciosos.
La opinión generalizada de cara al régimen administrativo especial es de posponer sine die su discusión, toda vez que será a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del texto articulado de la ley de Régimen Local, cuando comience a correr el año que el citado texto daba de plazo a los cabildos para presentar al Gobierno el proyecto de estatuto. Y como decía un dirigente de un partido liberal, «en este país en un año pueden cambiar mucho las cosas, por lo que es más prudente la espera hasta límites razonables». Además -apostillaba- «¿quién garantiza que la ley de García Hernández será la que rija en el inminente proceso constituyente? Es mejor aguardar pues hasta que se cuente con unos cabildos democráticos y poder palpar así con rigor el sentir del pueblo canario sobre el tipo de autonomía a la que aspiran».
