La Asamblea Popular Gallega, a favor de una central obrera.
El real decreto-ley de medidas económicas, recientemente promulgado por el Gobierno, «supuso una clara regresión de las libertades efectivas de los trabajadores», según opina la coordinadora nacional de la Asamblea Popular Gallega (APG).
Dicho organismo, nacido recientemente de la escisión que se produjo en la Asamblea Nacional Popular Gallega, concreta la citada regresión en el hecho de que se haya suprimido el expediente previo al despido, lo que es interpretado por la APG como la reinstauración del despido libre, en el aumento del período de eventualidad laboral y en las limitaciones impuestas a la negociación de convenios colectivos. «Todas estas medidas -opina la APG- son un claro atentado contra los derechos de los trabajadores y contra su capacidad de movilización, especialmente grave en las actuales circunstancias».
De todo esto deduce el citado organismo la absoluta necesidad de que se consiga cuanto antes una central única de trabajadores gallegos que asuma, de manera eficaz, la defensa de los derechos laborales.
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