Libertad política y libertad económica

En toda sociedad con división del trabajo se impone organizar la asignación eficaz de los recursos y la coordinación de las decisiones de los agentes económicos. Es misión del Estado el organizar esta convivencia económica entre los individuos. En esencia, existen dos formas de organización.La primera es aquella que se basa en una centralización de las decisiones (burocracia). Aquí, las autoridades encargadas de la planificación central, quizá, podrían llegar a conseguir, mediante un modelo de actividad en donde la información relativa a todos los procesos económicos fuera tratada con un potente ordenador, una asignación eficiente de los recursos. La dificultad de alcanzar este objetivo sin evitar colas, racionamientos, etcétera, es fácil de prever. Con independencia de la asignación de los recursos, nos encontramos que, en la burocracia, al ser valorado el rendimiento por el superior, el principio de la eficacia va degenerando en adulación y la libertad individual va quedando sustituida por la dominación.

Por otra parte, al prescindir de las preferencias de los consumidores desaparece, también, la libertad de elección. Pero comoquiera que la libertad no puede ser parcelada discrecionalmente, ya que al cercenar o mutilar una de sus facetas provoca reacciones en cadena, al final resulta afectado todo el sistema de convivencia social. No es casual, dice Weber (1), que también exista en los países del Este con economía centralizada la falta de libertad política y legal.

Respecto a la segunda forma de organizar la convivencia económica, tenemos aquella que se fundamenta en la descentralización de las decisiones (mercado). Teniendo en cuenta la evolución de las exigencias sociales a la economía, pidiéndole no solamente bienes y servicios, sino también salarios reales, nivel de vida, tiempo libre, cultura, calidad de vida, etcétera, resulta que el sistema de mercado ya no se puede entender como algo puramente privado, sino como la pieza de un sistema en donde la organización, de esta convivencia económica tiene como fin el bienestar común.

Los problemas de paro, crecimiento, estabilidad monetaria y, especialmente, la distribución de la renta para corregir el punto de partida, exigen una intervención del Estado encaminada a eliminar obstáculos estructurales e institucionales que se opongan o sean contradictorios al máximo bienestar. Aquí, la planificación no se concibe como una alternativa de la economía de mercado, sino como un instrumento que la complementa, logrando una coherencia interna, no sólo entre objetivos y medios, sino, también en las acciones emprendidas por todos los agentes económicos que encuentran aclarado y despejado el horizonte de las expectativas en su toma de decisiones.

En una economía de mercado con iniciativa privada, es forzoso admitir que la función de la empresa tiene una dimensión eminentemente social. Por eso, debe ser la sociedad la que atribuye al empresario los límites de su poder y libertad, exigiéndole, también, a su vez, la correspondiente responsabilidad.

La intervención del Estado

Además de las leyes del Estado, aparecen como límites de este poder y libertad de actuación empresarial los consumidores, los trabajadores, los mercados y la opinión pública, como reflejo de la opinión de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, esta especie de contra poderes, también, tiene su responsabilidad frente al empresario, manteniendo las condiciones que éste necesita para poder cumplir su misión. El poder del empresario no puede ser debilitado de tal forma que no pueda actuar, también, como contrapoder frente a otros grupos de la sociedad.

Pero todo ello exige que el máximo poder resida en la sociedad, pues a ésta es a quien corresponde no sólo atribuir poderes a aquellos que desempeñan funciones sociales, sino también vigilar su reparto y garantizar su equilibrio y control para, de esta forma, garantizar, a su vez, la democracia.

Así, pues, el, funcionamiento de la economía de mercado exige una descentralización de la responsabilidad de las decisiones que solamente es posible dentro de un orden democrático liberal.

Incompatibilidad de la economía de mercado

Un orden político con estructuras jerarquizadas, en donde predomine la adhesión sobre la participación, resulta incompatible con el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, Decir que se juega a una economía de mercado y para conseguir unos objetivos se tiene que recurrir constantemente a intervenciones y congelaciones (de precios, sueldos y salarios) es una contradicción per se. Esta economía de mercado sólo tiene el nombre.

Cuantas veces en el pasado se han querido hacer liberalizaciones, las dificultades han sido insuperables, como lo demuestran los resultados obtenidos. Estas no han pasado de ser meramente formales, pues al faltar el control democrático de las fuerzas que actúan en el mercado, estamos en el mismo caso del enfermo que en vez de atacarle las causas que generan la fiebre, nos limitamos a dejar libre el termómetro, el cual, como los precios en el mercado, no es más que el indicador de la temperatura.

Esta falta de coherencia entre el orden político y el orden necesario para el funcionamiento de la economía de mercado ha traído consigo una mayor centralización de las decisiones económicas, en donde la política de precios llega a quedar atribuida al propio Gobierno. Y, así, la coherencia entre el orden político y el económico se ha conseguido sacrificando el mercado y, por tanto, la asignación eficaz de los recursos económicos. De esta forma, las estructuras de encuadramiento (políticas, institucionales y sociales), incidiendo sobre las estructuras reales (falta de dimensión, costes elevados, fuerte intermediación, inversiones improductivas, mayor especulación, etcéterá), han dado lugar al., más importante mecanisimo propagación de ese tipo de inflación que tiene su origen en la inercia y en la falta de flexibilidad de un sistema carente de la necesaria libertad económica dentro de un orden de convivencia democrática.

La libertad de empresa y de mercado no se consigue eliminando las intervenciones administrativas. Por eso, cuando se proclama la prioridad de los problemas económicos y sociales se debe entender que ello es en base de acelerar el proceso de cambio político: de lo contrario estaríamos ante una política económica, de corte tradicional. Es decir, coherente con el modelo político de los pactos por adhesión.

En los modelos de corte democrático, los pactos son por participación en la formación de las decisiones. Y ello tanto a nivel de fijación de objetivos del programa económico, como a nivel de aceptación de los sacrificios que exijan las medidas adecuadas para alcanzarlos. Pues si la libertad tiene innumerables ventajas, también tiene las servidumbres del coste y de la responsabilidad en las consecuencias de las opciones aceptadas. Los principios, técnicas, incluso el arte de la política económica basada en modelos de libertad, son muy distintos de aquellos otros basados en modelos de adhesión. Para ello, se necesitan políticas y dirigentes con algo más que eso que, por razones tácticas, está tan de moda y que se llama talante liberal. La falta de una filosofía global, en donde enmarcar las decisiones que a corto plazo constituyen las mejores soluciones dentro de una estrategia a largo plazo, es lo que les puede llevar a caer en la tentación de sustituir la libertad por la dominación.

Sin embargo, esta tentación, nunca la sufrirán aquellos otros que hacen de la libertad y de los derechos humanos la base ideológica fundamental de sus convicciones y cuyos programas de acción están concebidos e instrumentados dentro de esquemas políticos de convivencia democrática.

(1) Wilhelm Weber, Los empresarios, a debate. Edit. Tecnibán. 1976.