Simón Sánchez Montero, en libertad
Ayer, a las nueve de la tarde, salieron de la cárcel de Carabanchel los dirigentes comunistas Simón Sánchez Montero, Santiago Alvarez y José Unanúe, beneficiados de la amnistía decretada hoy. Los tres permanecían en la prisión desde hacía varios meses acusados de asociación ilícita.Según comunicó Sánchez Montero a EL PAIS, el principal problema para su salida estaba en que no se sabía con certeza. si el decreto entraba hoy en vigor, pero que sus abogados les comunicaron que el presidente del Tribunal de Orden Público había estado por la mañana resolviendo la cuestión con el ministro de Justicia.
A las siete se les anunció la salida y cuando ésta se produjo, las sesenta personas que los esperaban los recibieron con vivas muestras de alegría, entre los abrazos de sus esposas, que se encontraban entre los que esperaban. Sánchez Montero dijo a los presentes que gracias a vosotros estamos en la calle, mientras se exhibían pantartas pidiendo amnistía total. También se dieron gritos como Sí, sí, sí, Dolores a Madrid.
Miembros de la policía armada y del cuerpo general de policía vigilaban a distancia al grupo, sin intervenir en ningún momento. Asimismo, estaban presentes numerosos infórmadores y cámaras de televisión, nacionales y extranjeras.
«No quiere esto decir -dijo a EL PAIS- que estemos con los métodos terroristas, pero entiendo que la amnistía tiene para mí un significado profundo, que es el de amnistía para todos. Supone cerrar una etapa de la historia de España y crear las condiciones para una auténtica reconciliación de todos los españoles y el establecimiento de un régimen democrático.»
Los liberados, que salieron entre las diez y las diez y media de la noche, son José Manuel Iribarri, José Ignacio Ortiz, Juan María Gallastegui, Txomin Letamendi, Vaientín Gorostola y José Antonio Beñarán.Continúa la huelga de hambre
Treinta y dos presos políticos continúan la huelga de hambre que iniciaron en la prisión de Carabanchel hace tres días. Los huelguistas permanecen incomunicados en sus propias celdas.
Se trata en su mayoría de m Ilitantes de ETA, de la rama político-militar, además de otros del FRAP. También se hallaban en huelga de hambre algunos de los que se prevé que salgan. Otros 20 reclusos, pertenecientes a los milis de ETA, no participaban en ella.
Simón Sánchez Montero, después de salir, comunicó que ellos aceptaban la huelga, aunque no habían participado.
Alcance militar de la amnistía
En el plano de lo concreto debe resaltarse que el decreto-ley es mucho más generoso en lo que afecta al ámbito civil que en lo que concierne al campo de lo militar. Los motivos de estas diferencias no siempre son comprensibles, porque parecen estar en función de unas exigencias de escalafón representativas de intereses particular, muy respetables pero que debieron ceder ante el gesto de reconciliación que la amnistía implica.
En principio, en la esfera de aplicación del Código Penal y de las leyes penales especiales, excepción hecha de las militares, se amnistían todos los delitos y faltas de intencionalidad política, salvo que hayan lesionado la vida, la integridad de las personas o el patrimonio económico de la nación a través del contrabando. Se amnistían igualmente las infracciones administrativas de la misma intencionalidad y se prevé la reincorporación al servicio activo de los funcionarios civiles que, por tales infracciones, hubiesen sido separados, computándoseles el tiempo de separación a todos los efectos de antigüedad.
Por el contrario, en el ámbito militar se amnistían únicamente los delitos de rebelión y sedición tipificados en el Código de Justicia Militar. La amnistía alcanza a los objetores de conciencia, pero en tanto no se modifique la legislación sobre el servicio militar, podrán ser nuevamente juzgados y condenados.
Los militares a los que se extiende la amnistía no son reintegrados en sus empleos ni carreras cuando hubiesen sido condenados a penas que producen la pérdida de empleo o la separación del servicio. Es el caso, entre otros, de los miembros de la UMD recientemente condenados a penas de más de tres años de prisión. Es el caso también, probablemente, de aquellos militares republicanos que fueron condenados por tribunales de guerra en el inmediato período posbélico.
