La política económica debe plantearse en el ámbito del medio plazo

El tradicional informe del Banco de España, que se presenta con motivo de su Consejo anual, este año aborda en uno de sus capítulos las perspectivas de la economía española y señala los estrangulamientos básicos que presenta, así como las líneas más razonables de una política económica para el futuro.

Del voluminoso informe anual de este año destaca el contenido del capítulo V, titulado «Perspectivas y problemas de la economía española». El informe se ha centrado habitualmente en la consideración de los problemas a corto plazo que son el ámbito normal de referencia de la política monetaria. Este año, sin embargo, el informe amplía su perspectiva al medio plazo y afirma que los problemas que tiene hoy planteados la economía española no pueden ser adecuadamente abordados con simples medidas coyunturales -por ejemplo, monetarias-. El informe pide que, en todo caso, las medidas a corto plazo se integren en la política económica firme, coherente, inspirada en criterios nuevos y diseñada con un horizonte de cuatro a cinco años.La primera parte del capítulo V se dedica a examinar la evolución apreciable en la economía española durante los cinco primeros meses de 1976. Y concluye que la tónica reactivadora, que se había iniciado perceptiblemente en los últimos meses del pasado año para verse interrumpida en el primer trimestre del actual como consecuencia de las perturbaciones laborales, se ha reanudado claramente desde el mes de abril. La economía está aún situada a niveles bajos de actividad, la reactivación ha afectado de modo regular a los diversos sectores productivos -siendo los bienes de consumo e intermedios los más favorecidos, y la inversión industrial, y sobre todo la construcción, los sectores más retrasados- y el paro muestra una fuerte resistencia al descenso; sin embargo, el informe considera que el proceso de recuperación puede continuar en los próximos meses y que la economía española puede cerrar el año con una tasa de crecimiento situada en torno a un 3 por 100.

Moderación en políticas monetaria y fiscal

La intensa aceleración de la inflación y la escasa mejora que cabe esperar en el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente constituyen las más graves debilidades de la actual reactivación y los elementos que amenazan gravemente su consolidación. En este sentido, el informe del Banco de España denuncia los riesgos que implicaría una excitación artificial de la recuperación mediante estímulos fiscales, y monetarios excesivos que, al agravar los actuales desequilibrios, conducirían pronto a una situación imposible de mantener y de corrección dolorosa; y muestra su inquietud ante el fortísimo crecimiento del déficit del sector público en el año actual y ante la posibilidad de que, en caso de persistir, pueda llegarse a perder el control de la política monetaria. Por otra parte, a lo largo de todo el capítulo se expresan serias dudas sobre la conveniencia, en las circunstancias presentes, de la actual intensificación de la desviación de fondos hacia el crédito oficial, que agrava el déficit financiero del sector público, favorece -a través de sus tipos de interés artificialmente bajos- inversiones altamente, intensivas en capital a pesar de las perspectivas poco favorables en el campo del empleo, y no garantiza una asignación del ahorro mejor que la que se obtendría a través del mercado.

Necesidad de políticas a medio plazo

En cualquier caso, las actuaciones a corto plazo deberían ser coordinadas dentro de una política económica programada con vistas a resolver los graves problemas que la economía española tiene planteados a plazo medio: la contención de las tasas de inflación dentro de límites tolerables, la paulatina reducción del déficit exterior por cuenta corriente a cifras soportables y la generación de un número suficiente de puestos de trabajo en los próximos años. A estos problemas se dedica la segunda parte del capítulo V del informe.

Los problemas de empleo

El problema del empleo se plantea como consecuencia de las débiles perspectivas de la emigración hacia los países industriales europeos en los próximos años. Durante la anterior fase de expansión, la economía española creó una gran cantidad de puestos de trabajo, capaces de absorber con exceso el crecimiento de la población potencialmente activa en el período. Sin embargo, el trasvase de población activa con cargo al paro agrícola encubierto fue tan intenso que sólo una emigración masiva al exterior, en torno al millón de personas, hizo posible que la tasa media de paro se mantuviera a núcleos bajos. El cierre de la válvula de escape de la emigración exterior en los próximos años tenderá a plantear, por tanto, un problema de empleo mucho más importantes que el que la economía española registró en el pasado. Y ello aunque la emigración rural interior pierda intensidad.La forma más directa (aunque no única) de abordar este grave problema consistiría en crear nuevos puestos de trabajo a un ritmo intenso a través de una alta tasa de crecimiento económico. Sin embargo, la necesidad de corregir sustancialmente el déficit exterior por cuenta corriente de aquí al final de la década -porque ni las reservas de divisas ni la capacidad de endeudamiento exterior son ilimitadas- y las fuertes tensiones inflacionistas aparecen, según el informe, como un grave límite a las posibilidades de crecimiento de la economía en los próximos años.

El informe parte de una estimación del déficit exterior por cuenta corriente del orden de los 3.200 millones de dólares para 1976, y, extrapolando el futuro las tendencias mostradas por el sector exterior en el pasado (introducidas las modificaciones oportunas), concluye que, en las condiciones de precios relativos derivadas del encarecimiento de los productos primarios, con el petróleo a la cabeza, la reducción paulatina del déficit exterior a cifras manejables, de aquí a 1980, impondría a la economía española un techo de crecimiento estable no superior al 4 por 100. Pero esta cifra es muy baja en relación con los problemas de empleo contemplados, de modo que la consecuencia es que el sector exterior debería mostrar un mejor comportamiento en los próximos años que en el pasado, y que debería mostrarlo sin recurrir a la tentación del proteccionismo.

La inflación también supone, por su parte, un serio límite a las posibilidades de crecimiento de la economía. El informe pone, además, en duda la eficacia redistributiva de la espiral inflacionista salarios-precios y señala que, en caso de que ésta se mantenga, tenderá a agravar el problema de expansión real de la economía, y después, porque, en las actuales condiciones de rigidez del mercado laboral, acabará induciendo la adopción de técnicas de producción con menor utilización de mano obra.

Propuestas de política económica

El informe del Banco de España, enfrentado con este cúmulo de problemas, propone la necesidad de programas e instrumentar una nueva política económica basada en estos criterios: una delimitación más nítida de los sectores público y privado de la economía; una ampliación del ámbito del sector público basada en una reforma fiscal profunda que permita una mejor atención de las necesidades colectivas (sanidad, educación, urbanismo, etc.); una simultánea reducción del intervencionismo estatal, generador, con frecuencia, de bolsas de insuficiencia y de malas asignaciones de recursos, de modo que la economía española se aproxime efectivamente a los esquemas de una economía de mercado, un abandono del esquema de crecimiento basado en la industrialización a ultranza y la urbanización desordenada, generadora de importantes costes sociales, y del tratamiento de la agricultura como «sector residual», y una mayor atención al medio rural: «Cuando se habla de la necesidad de modificar el esquema de crecimiento del pasado -dice el informe-, posiblemente hay que pensar, en primer lugar, en la necesidad de acabar con la postergación a que han estado sometidos la agricultura y el medio rural durante tantos años. Parece que la agricultura ha dado de sí cuanto podía dentro de las limitaciones que le imponía tal esquema y que el peso del déficit agrario, el problema del empleo y los elevadísimos costes sociales de los desequilibrios regionales y la urbanización apresurada imponen un cambio radical en los planteamientos de la política económica».El proceso de cambio político, la modificación de la estructura sindical y una política económica con clara orientación redistribuitiva deberían facilitar un acuerdo entre los diversos grupos económicos que hiciera posible la reducción de la tasa de inflación. El fortalecimiento del esquema del seguro de paro y la actuación específica, a través del gasto público, para reducir las disparidades interregionales del desempleo deberían ser instrumentos de actuación en el próximo futuro. La aceleración en la aplicación de la Ley de Educación contribuiría a reducir la intensidad del problema de paro. Y la mayor atención pública a las necesidades colectivas contribuiría a mejorar la relación capital-trabajo de la economía en favor de la mano de obra.